¿Sabía que fabricar una sola camiseta de algodón requiere unos 2 700 litros de agua, lo mismo que una persona bebería en casi tres años? La llamada fast fashion o moda rápida nos ofrece ropa barata y de tendencia, pero también genera 12 kilos de residuos textiles por persona al año en Europa, y apenas un 1 % se recicla en nuevas prendas.
Ante este problema, la Unión Europea (UE) y varios países han empezado a usar los impuestos y las normas fiscales como herramientas para frenar un modelo que produce mucho, vende barato y desecha rápido.
Europa corta el chollo fiscal de las compras baratas
Hasta 2021, millones de paquetes de plataformas como Shein o Temu llegaban a Europa sin pagar IVA si costaban menos de 22 euros. Era una ventaja injusta frente a las tiendas locales. Desde entonces, todas las importaciones pagan IVA.
La Comisión Europea quiere ir más allá. Por una parte, propone la introducción de una tasa de tramitación de 2 € por cada envío a la UE. Por otra, quiere eliminar también la exención arancelaria de 150 €, de modo que incluso los pedidos pequeños paguen derechos de aduana. Con esto se evita que los vendedores dividan artificialmente los pedidos y se refuerza el control sobre productos que a menudo se fabrican en condiciones poco sostenibles o con malas prácticas laborales. El 91 % de todos los envíos de comercio electrónico valorados en menos de 150 euros procedían de China en 2024.
Al mismo tiempo, Bruselas ha aprobado la Directiva (UE) 2024/825, contra el greenwashing. Desde 2026, las marcas no podrán presentarse como “neutras en carbono” o “eco” sin pruebas verificables, ni podrán ocultar información sobre la durabilidad o la posibilidad de reparar de las prendas.
Francia: un impuesto por prenda de moda rápida
Francia es el primer país europeo en aprobar un impuesto contra la moda rápida. En junio de 2025, el Senado dio luz verde a una ley que introduce un sistema de penalización progresiva por prenda (bonus-malus). Las marcas de ultra fast fashion (moda ultrarápida) deberán pagar 5 euros extra por artículo, lo que encarecerá especialmente camisetas, vestidos o pantalones de bajo coste. La cifra aumentará poco a poco hasta llegar a 10 euros en 2030, duplicando el tributo en apenas cinco años.
El impuesto dependerá del impacto ambiental y de las prácticas de cada empresa, y no podrá superar el 50 % del precio de venta sin IVA.
Con este sistema, el Estado francés lanza una señal clara: las prendas extremadamente baratas, diseñadas para durar apenas una temporada, deben pagar por el daño que generan. Al mismo tiempo, se premia a aquellas marcas que fabrican ropa más duradera, reciclable y con menor huella ambiental. Es un modelo inspirado en los impuestos ambientales que ya se aplican en carburantes o plásticos de un solo uso.
Reino Unido: la idea del ’penique por prenda’
En 2019, un comité del Parlamento británico recomendó un impuesto de un penique por cada prenda vendida para financiar la recogida y el reciclaje de textiles. Aunque el Gobierno no lo aplicó, la propuesta abrió un debate que hoy se centra en la responsabilidad ampliada del productor: que las marcas paguen en función de la basura que generan. Cuanto más baja sea la calidad de sus productos, más alto será el coste; cuanto más duraderos y reciclables sean, menos tendrán que pagar.
Suecia, Países Bajos y Francia: reparar en vez de tirar
Otros países han optado por incentivar la reparación. En Suecia, el IVA para arreglos de ropa y calzado bajó del 25 % al 12 %. En Países Bajos, el tipo reducido del 9 % se aplica a servicios como coser agujeros, cambiar cremalleras o ajustar tallas. Y en Francia, a partir de 2025, se aplica un tipo reducido del 5,5 % en reparaciones textiles y de calzado, junto con un “bono reparación” que descuenta parte del coste a los consumidores que arreglan su ropa en talleres certificados.
El objetivo de todas estas medidas es sencillo: que coser una cremallera salga más barato que comprar una prenda nueva.
España: normativa avanzada, fiscalidad pendiente
En España, la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular establece que, a partir de 2025, las marcas textiles deberán financiar sistemas de recogida y reciclaje, además de informar sobre la durabilidad y reparabilidad de sus productos. Es un paso adelante, porque obliga a las empresas a asumir costes que hasta ahora recaían en los municipios y los contribuyentes.
Sin embargo, el gran reto sigue siendo la fiscalidad: todavía no se han adoptado impuestos o incentivos fiscales como los de Francia, Suecia y Países Bajos, lo que deja a España rezagada en este aspecto.
¿Funcionan estas medidas y cómo impactarán en la industria?
Los efectos de los mecanismos fiscales ya empiezan a notarse. La eliminación de exenciones fiscales ha igualado la competencia y ha obligado a las grandes plataformas internacionales a modificar su estrategia de precios y logística.
La reducción del IVA en reparaciones está revitalizando talleres locales, apoyando pequeños negocios y cambiando poco a poco los hábitos de consumo. Y los nuevos impuestos, como en Francia, harán que las prendas de usar y tirar sean más caras, obligando a las grandes marcas a mejorar su diseño, trazabilidad y materiales.
En conjunto, la fiscalidad y la normativa buscan cambiar la lógica de la industria textil: que lo barato y desechable deje de ser la opción más atractiva y que reparar, reutilizar o comprar ropa de calidad se convierta en lo normal. Si estas medidas se consolidan, la industria textil europea podría transformarse en una de las más avanzadas en sostenibilidad, situando a Europa como referente mundial en la lucha contra la moda rápida.
Albert Navarro García. Profesor titular de Derecho Financiero y Tributario, Universitat de Girona