Con un proyecto de ley a medida de las empresas mineras internacionales, el Presidente y los gobernadores cordilleranos impulsan el desguace de la Ley de Glaciares. De aprobarse, cada gobierno provincial decidirá qué reservorio de agua se puede destruir para beneficiar al extractivismo. Especialistas afirman que la norma será inconstitucional y habrá judicialización. Rechazo unánime de organizaciones socioambientales, movimientos campesinos, pueblos indígenas y académicos que defienden el agua.
El Gobierno ingresó al Senado su propuesta para reformar la Ley de Glaciares en sesiones extraordinarias y va más allá de lo esperado: la iniciativa —a pedido expreso de cinco gobernadores promineros— deja en manos de las provincias la decisión de qué glaciares se protegerán. Si la norma se aprueba, todos los glaciares estarán en peligro de ser explotados por la actividad minera, petrolera e industrial. El oficialismo en el Senado pretendía un tratamiento exprés para dar media sanción a la reforma el 26 de diciembre. Tras dos días de audiencias en la comisión plenaria de Minería y Ambiente, con contundentes argumentos en contra, hubo dictamen, pero el tratamiento en el recinto se demoró, al menos, hasta febrero.