El intento de silenciamiento de estas voces públicas a través del miedo busca en última instancia acallar sus reivindicaciones. La solidaridad organizada ayuda a que los discursos de odio no consigan su objetivo.
En el espacio digital, y más concretamente en las redes sociales, se difunde de forma masiva un discurso de odio de manera organizada, coordinada y muy monetizada por los sectores más derechistas y ultraderechistas del espectro político. Nada que no sepamos: bulos, insultos degradantes, amenazas y llamadas directa a la violencia llenan las redes sociales de manera impune. Los principales objetivos de estos discursos que llaman a la discriminación, la hostilidad y la violencia son las personas migrantes, racializadas y los colectivos LGTBI. Por otra parte, las mujeres siguen siendo el principal grupo que recibe violencia digital y acoso. El último informe del Ministerio de Igualdad advierte de que el 80% de las mujeres jóvenes han sufrido acoso en redes sociales. Las estadísticas dicen que otro de los grandes focos de odio son los grupos ideológicos, pero, aunque no tengamos datos, tampoco tenemos dudas de que el odio ideológico que se extiende de forma masiva y con mayor impunidad es el que se da hacia los perfiles públicos de personas ideológicamente identificadas como progresistas o de izquierdas.
Si miramos estos datos desde un enfoque de análisis interseccional, es fácil concluir que las mujeres que se sitúan en posiciones ideológicas de izquierdas o disidentes están en el punto de mira del odio organizado y el acoso, sumándose un plus más de odio si estas mujeres son de origen migrante o racializadas.
Lo que vemos es una especial virulencia en estos discursos cuando el objetivo son mujeres con voz pública que se sitúan en posiciones progresistas o de izquierdas. Contra estas mujeres los ataques en redes no sólo lo protagonizan perfiles misóginos o reaccionarios que actúan de manera individual, sino que se organizan y coordinan campañas de acoso específico por parte de perfiles influyentes. En el caso de mujeres con voces públicas, el objeto de las campañas de odio y acoso orquestadas buscan el silenciamiento y su expulsión del espacio mediático. Suele repetirse el mismo modus operandi: algún perfil influyente o pseudomedio de comunicación del espectro reaccionario comparte una información falsa o falseada relativa a una mujer con voz pública con el objetivo de atribuirle hechos merecedores del reproche moral o penal. Recientemente a la periodista Elena Reinés se le atribuyó falsamente el cobro de una subvención pública y haberse burlado de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. A la comunicadora Sarah Santaolalla, Vito Quiles le acusa de denunciar falsamente el acoso que él mismo ejerce. A la jurista Marina Sáenz le acaban de montar un bulo descontextualizando unas declaraciones suyas sobre la gestación subrogada. A la influencer Yolanda Domínguez, el perfil Un Tío Blanco Hetero la demandó por vulnerar un derecho al honor que finalmente no resultó haber vulnerado. A la diputada Tesh Sidi le montaron el mes pasado una campaña de acoso por un meme que publicó en sus redes sociales a favor de la regularización de personas migrantes.
En estos casos, tras la difusión del bulo, o la noticia manipulada, se sucede una viralización del contenido, aupado por perfiles y medios influyentes en las filas antiderechos que se coordinan para obtener la mayor visualización posible. Esto genera la avalancha de miles de mensajes de odio de perfiles individuales que van del insulto sexista al deseo de un mal a la víctima o directamente amenazas contra la integridad física o la vida. En el caso de las mujeres, los mensajes suelen tener un alto contenido sexual que busca la humillación, y para ello se utilizan incluso imágenes de desnudo de la víctima creadas con programas de IA como Grok, así como amenazas de violaciones y otros delitos que atentan contra la indemnidad sexual. Cuando las mujeres con voz pública son de origen migrante o racializadas se añade un plus discriminatorio a estos mensajes que buscan la humillación del conjunto de la comunidad étnico-racial a la que pertenecen.
Esta violencia discursiva supone un trato discriminatorio múltiple, pues no sólo se ataca la posición ideológica, sino que se castiga de manera extra el hecho de ser una mujer con incidencia pública y por tanto desobedecer el mandato de género del recato que en el imaginario machista relega a las mujeres a casa y a “callar como ausentes”.
De la palabra a los hechos sólo hay un paso, y la violencia física directa contra mujeres con voz pública disidente es fácil de materializar como demuestra estos días el cabestrillo en el brazo que luce la periodista Sarah Santaolalla.
Aun así, sabemos que estas violencias machistas no son, ni de lejos, las más graves que padecen las mujeres, y que no es comparable con las violencias económicas o la trata con fines de explotación laboral y sexual a la que se enfrentan miles de mujeres en este país, principalmente mujeres precarias y afectadas por el racismo estructural.
Dar la batalla frente a estas violencias digitales contra mujeres feministas, progresistas y de izquierdas es estratégico. El intento de silenciamiento de estas voces públicas a través del miedo busca en última instancia acallar las reivindicaciones que sostienen. Esas reivindicaciones que están señalando la precariedad de la vivienda, la privatización de servicios públicos, la regularización de personas migrantes o el avance de los discursos racistas y antiderechos.
Las mujeres con voz pública tienen una situación ventajosa para incidir mediáticamente y recabar apoyos. Las campañas de solidaridad frente a estos ciberataques machistas son capaces de sumar la solidaridad desde diferentes ámbitos del feminismo, la izquierda institucional, los movimientos sociales, y el ámbito académico y periodístico, y eso es potencia política y justifica la batalla.
Y desde luego, esta solidaridad organizada ayuda a que no consigan su objetivo de silenciamiento de voces críticas de mujeres.
Las soluciones a esta situación son múltiples y requieren varias velocidades. Queremos recortar la impunidad de este odio machista, clasista, racista y monetizado. Para eso necesitamos sanciones reales a las grandes plataformas que no moderan el contenido ilícito y de odio; y necesitamos que a los grandes voceros de la ultraderecha no les salga gratis montar estas campañas de acoso a mujeres. Y eso no requiere más que voluntad judicial y voluntad política.
Pero sobre todo lo que necesitamos es que no haya tanta gente dispuesta a enviar mensajes deseando la violación y la muerte de mujeres. Y esto precisa otras velocidades, porque obliga a desmontar una cultura del odio y sustituirla por una cultura sólida de universalidad de los Derechos Humanos. Es difícil defender la igualdad de trato y la dignidad humana en un mundo que estructuralmente no garantiza la materialidad suficiente para que toda la humanidad viva dignamente. La cultura del odio es un síntoma de un sistema que no democratiza los bienes, la riqueza, el poder, ni la dignidad humana.
El odio organizado en el espacio digital es una ruleta rusa que nos puede tocar a todas las que alzamos la voz, y es lo suficientemente grave y transversal para hacer el esfuerzo de crear redes de solidaridad amplias que hagan frente común para frenar el avance del odio en las redes y en las calles.
Fuente: https://ctxt.es/es/20260301/Firmas/52457/Pastora-Filigrana-ciberacoso-mujeres-ideologia-miedo-8M.htm