La Finca Groga

—Tu trabajo genera mal karma, Carmen [nombre ficticio]. Te vas a lamentar en el futuro. Seguro. 

La misión de Carmen consistía en convencer a los inquilinos de la Finca Groga [amarilla], muchos de ellos residentes con alquileres bajos de renta antigua, para que abandonaran el edificio a cambio de una indemnización antes de que empezaran las obras de reforma. La persona que le lanzó la advertencia fue Vicens, uno de esos vecinos. Vicens no se llama Vicens. O no exactamente. Tiene apellidos, claro, pero prefiere no decirlos. En su situación, la prudencia es una virtud necesaria: es uno de los últimos arrendatarios de este inmueble del distrito de la Saïdia de València que aún resiste. La mayoría no pudo aguantar mucho la presión. 

La Finca Groga, un bloque de viviendas situado en la calle Actor Mora, 15, es lo que, en cierto argot inmobiliario, se conoce como un «edificio con bichos». Los «bichos», en este caso, son personas como Vicens, recién cumplidos los 68 años, o su hermano José Luis, que va por los 77. Y Pedro, que ha superado con amplitud la barrera de los 90. Los tres pagan un alquiler de renta antigua. Poco beneficio para una zona en la que es casi imposible conseguir un arrendamiento por menos de mil euros al mes. En el cuarto piso habitado reside Hermes con su familia. Cuatro inmuebles ocupados de los veinte con los que cuenta el edificio. Ahora, porque en 2022 la mayoría estaban alquilados. Ese año se vendió la finca. Y entonces comenzó el trabajo de Carmen. 

—No hay problema. Tú te quedas, pero, cuando empecemos con la reforma, no vais a poder aguantar: habrá que tirar paredes, poner el ascensor… Al final, vais a salir. 

Al exvecino de la puerta siete de la Finca Groga, que tiene 66 años, aún le tiembla la voz cuando rememora las conversaciones que mantuvo en esos primeros meses de 2022 con las personas que, como Carmen o cualquiera de sus compañeros, intentaban convencerlo para que dejara su piso. Prefiere que su nombre no se haga público. «No me quiero disgustar más», alega. Recuerda que estaba llorando todo el día, que «la presión psicológica» fue «criminal», aunque, admite, nunca llegaron a amenazarlo. Había nacido en ese edificio en una época en la que las mujeres parían en casa. Le quedaban tres años para jubilarse y, con sus ingresos (una ayuda de 420 euros), no podía permitirse pagar mucho más de la renta antigua de 80 euros que tenía entonces. No quería irse, dejar su hogar, su barrio, su gente, pero no tuvo más remedio: «Si me quedo, me da un infarto». Aguantó unos meses hasta que, a finales de abril de 2022, se dio por vencido, aceptó la compensación que le ofrecían y se marchó.

Vicens todavía resiste, a pesar de que el ruido de las obras para reformar las 16 viviendas no habitadas, que empezaron finalmente en diciembre, le hace la vida imposible.

El Catastro data el edificio de Actor Mora, 15 en 1940, aunque las personas que han vivido allí toda su vida aseguran que ya estaba habitado en 1933. Su destino sigue un patrón que, con variantes, se ha repetido hasta la saciedad: el dueño de una finca antigua que mantiene contratos de arrendamiento de larga duración –en muchas ocasiones, de renta antigua– vende la propiedad a una empresa que busca maximizar beneficios y cuyo primer objetivo es liquidar los contratos de alquiler a cambio de una indemnización.

En el caso de la Finca Groga, la familia que la gestionaba decidió venderla en 2022 a Segundo Ovre, una sociedad constituida en enero de ese año con un capital social de 3.000 euros. A partir de entonces, comenzaron las presiones para conseguir la marcha de los arrendatarios, según la denuncia de los vecinos. Vicens cuenta que a finales de ese año solo quedaban cinco. En junio de 2024, Segundo Ovre vendió el edificio a tres empresas –Matas Aremuns, Naves y Tochos y Explotaciones Catel–, que empezaron las obras de reforma con una declaración responsable tramitada a través de una entidad colaboradora urbanística de la Generalitat Valenciana (ECUV). «Todo es legal», remarca una portavoz de la propiedad, que descarta que el edificio se destine a un hotel. 

Belén Calahorro Lizondo (53 años) vive en Actor Mora, 13. No tiene que andar mucho para descubrir las cicatrices que han dejado en la trama urbana los conflictos por los que han pasado edificios como la Finca Groga. En su misma manzana, en la esquina de la calle Pepita con Ruaya, el inmueble de tres plantas ya no existe. En el solar, se está levantando un apartahotel. Unos metros más allá, la vida ha desaparecido de la finca de 1940 de la calle Ruaya, 44. Una malla cubre parcialmente la fachada para evitar daños de posibles desprendimientos. En uno de los bajos del número 16 de la calle Orihuela, tenía su carpintería Miguel Rodilla. En la puerta, todavía se puede leer su teléfono con un texto en el que ofrece sus servicios. 

—Ya no acepto encargos. 

Miguel se muestra desconfiado al otro lado del aparato, pero acepta contar su historia. Tiene 75 años. Relata que el edificio era de unas hermanas que lo habían heredado de un tío que no tenía hijos. El inmueble requería una fuerte inversión para hacer frente a las necesarias reformas, así que decidieron venderlo. «Antes, tenían que sacarnos», apunta. Y los sacaron. En esos momentos, solo quedaban él y otro hombre que se dedicaba a la restauración de cuadros y a la pintura en el primer piso, aunque ninguno de los dos tenía su vivienda allí. Fue entonces cuando Miguel descubrió –«fue una sorpresa»– que su contrato de renta antigua incluía una cláusula que le daba al arrendador la potestad de cancelarlo en cualquier momento. «Nos dieron el tiempo justo para irnos, cinco o seis meses, y una pequeña indemnización», continúa. Eso sería en 2022 o 2023, no recuerda bien. Ahora la finca está en obras. Solo se conservará la fachada. Su interior ya no tendrá espacio para talleres de carpintería o de pintura, sino que será ocupado por 13 apartamentos para estudiantes. 

A poco más de 200 metros, el edificio de Visitación, 11, situado enfrente del colegio de las trinitarias, luce majestuoso en el chaflán con Lleida después de haber sido sometido a una reforma integral, antes de la cual fueron desalojados sus vecinos de toda la vida. Ahora está dedicado al alquiler de temporada (estancias de más de diez días para las que no se necesita ningún tipo de licencia turística). Un apartamento de 96 m², por ejemplo, se ofrece por 3.769 euros para 11 noches.

Vicens intuye un destino similar para la Finca Groga. No es muy ducho en matemáticas, dice, pero sabe contar, y calcula que, después de la inversión en la reforma del edificio, los propietarios tendrán que poner alquileres muy altos, inasequibles para un trabajador. Y entonces empieza a hablar de especulación, de sus líneas rojas, porque cree en el karma, y que esas líneas le impiden hacer daño a las personas y ganar dinero fácil. Y continúa con su discurso, pero sus palabras quedan ahogadas por el ruido del pico percutor y por la gruesa capa de polvo que provocan las obras que se desarrollan justo encima de su casa. 

La reforma del número 21 de la avenida Constitución acabó hace unos años. Cada vez que Belén pasa por delante del edificio, situado a menos de 400 metros de su domicilio, experimenta una sensación extraña: allí vivía con sus padres. Belén echa mano del archivo familiar. El primer contrato de alquiler lo firmó su abuelo, Pedro Lizondo, el 13 de noviembre de 1961. Cuando su madre se vio forzada a dejar la vivienda, en marzo de 2021, no entendía por qué tenía que abandonar su casa en la que, decía, tenía que morir; por qué la propiedad no reparaba los desconchados y las humedades y el agujero en el tejado; por qué los vecinos habían desaparecido, también la señora Amparo, la del último piso, y ya no podían hacer turnos para limpiar la escalera; por qué llevaba más de un año siendo la única residente del edificio y ya solo podía saludar a Mirtha, la mujer que regentaba el negocio de la planta baja. 

Mirtha Pardo (48 años) era la arrendataria del bajo izquierda del número 21 de la avenida Constitución, donde tenía su restaurante: El Pollo Salsero. En julio de 2013 firmó un contrato de alquiler para diez años, que se resolvió en julio de 2021, tras llegar a un acuerdo con la empresa propietaria del edificio. ¿Acuerdo? «Nos obligaron a irnos», aclara Mirtha, que cuenta que la sociedad dejó de hacerse cargo de las reparaciones. La empresa quería reformar el edificio y le dijeron que tenía que salir. Cuenta que le ofrecieron 6.000 euros y ella les dijo que no, que adónde iba con ese dinero después de toda la inversión que había hecho en el local. «O 6.000 euros o nada», le dijo Carlos [nombre ficticio], su interlocutor. Y ella que nada. Y entonces, continúa Mirtha, bloquearon la entrada del negocio con los andamios. Y empezaron las obras. Y entraba polvo. Y Mirtha claudicó:

—Me voy.

—Vale, pero te doy 3.000 euros. Es lo que hay. 

Mirtha no le dijo nada a Carlos sobre el karma. Lo más seguro es que no hubiera funcionado, pero quién sabe. Fue la última que abandonó el edificio, después de la madre de Belén, que rescindió su contrato de alquiler de renta antigua a cambio de 20.000 euros. Belén echa cuentas y no le salen. Ya llevan gastado el doble en el alquiler del piso que consiguieron por la zona, y eso que es un precio (650 euros al mes) muy por debajo del de mercado, porque era de una amiga. El problema lo tienen ahora: ya les han dicho que en agosto deben dejarlo porque los herederos quieren venderlo. Mirtha pudo mantener el negocio porque, antes de renunciar a su local en el número 21, consiguió otro en la misma avenida, a tan solo unos metros de distancia.

En València no existe el acoso inmobiliario, al menos si se toma como referencia la respuesta de la Administración autonómica a las nueve denuncias que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha presentado en la ciudad desde que el Consell de la Generalitat Valenciana aprobara, en febrero de 2023, durante los últimos meses del Gobierno progresista del Botánico, el Decreto Ley 3/2023 para evitar abusos en el ámbito inmobiliario.

La llegada al poder del PP tras las elecciones de mayo de ese año dejó la norma en papel mojado, critica la PAH, que no ha obtenido ningún resultado de sus denuncias. «Si ese real decreto continúa en vigor es porque ni se han dado cuenta de que existe», dice, con sorna, una arquitecta con experiencia en la Administración, consciente de que el Consell del PP ha derogado o modificado la práctica totalidad de la legislación sobre vivienda del Gobierno anterior.  

Ni la antigua casa de Belén ni la planta baja de Mirtha existen ya. Mejor dicho: existen, pero transmutadas. Las dos viviendas por planta han sido sustituidas por un apartamento con zonas comunes y cinco estudios individuales con baño y minicocina. El inmueble está ocupado ahora por estudiantes que tienen un alquiler de temporada por el que pagan alrededor de 800 euros al mes. Cuando Belén entra en el edificio, por primera vez desde que tuvo que abandonarlo su madre, lo que más le sorprende es lo nuevo que está todo y que la enorme escalera ha desaparecido para dejar espacio al ascensor. Sube al tercer piso y llama al timbre. Abre la puerta Héctor Elizondo, un mexicano de 25 años que estudia segundo año de Animación en la Universal Arts School, que tiene su sede en la calle Lleida, a escasos metros de donde se encuentran. Escucha con atención el relato de Belén sobre su historia familiar y los problemas de gentrificación que sufre el barrio. Ambos bromean sobre el parecido de sus apellidos que, en cierta manera, crea una continuidad entre el pasado y el presente del edificio. 

Los estudios de Constitución, 21 los comercializa Valenvi Flats, marca de la empresa Valenvi Solutions, la misma que promueve las obras en Orihuela, 16. Belén se pregunta por qué su madre no puede ocupar uno de esos estudios y recuerda la soledad con la que tuvo que afrontar la pérdida de su casa y lo bien que le hubiera venido contar con una red de apoyo. Por eso, consciente de la importancia de crear comunidad, se ha sumado a las movilizaciones que organiza la Saïdia Comuna para solidarizarse con los vecinos que resisten en la Finca Groga, como Vicens, que no piensa dejar de denunciar las obras en el edificio, que, remarca, son incompatibles con las condiciones de habitabilidad de los residentes. 

Vicens nunca volvió a ver a Carmen en la Finca Groga. Cosas del karma. Quizás. 

---

La Marea ha contactado con Valenvi Flats, sin éxito, para recabar su versión. Este medio no ha encontrado ninguna vía para comunicarse con Segundo Ovre.

‘La Marea’ está dedicando una serie de reportajes a la gentrificación. Las entregas analizan, desde diferentes perspectivas, el proceso que sufre el distrito valenciano de la Saïdia como paradigma de lo que ocurre en muchos barrios de las grandes ciudades. Puedes leer los capítulos anteriores aquí.

Fuente: https://www.lamarea.com/2026/03/13/valencia-la-gran-expulsion-capitulo-4/