Baltasar Garzón, el juez que puso en marcha el «todo es ETA» y que desatendió cientos de denuncias de tortura, ha sido nombrado como presidente de la comisión sobre violaciones de los derechos humanos durante la guerra del 36 y la dictadura franquista aprobada por el Gobierno español.
Baltasar Garzón será el presidente de la ‘Comisión de la Verdad’, como se conoce a la comisión sobre violaciones de los derechos humanos durante la guerra del 36 y la dictadura franquista que aprobó ayer miércoles el ministro español de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
Garzón, ese juez que puso en marcha el «todo es ETA» y desatendió cientos de denuncias de tortura de personas arrestadas durante operativos ordenados por él, será ahora el máximo encargado de hacer «un buen diagnóstico de la España de esa época».
De hecho, la primera condena al Estado español por no investigar torturas de forma correcta tuvo lugar en 2004 y hacía referencia a una redada que tuvo lugar en Catalunya antes de los Juegos Olímpicos de 1992. Entonces, 45 personas fueron arrestadas acusadas de pertenencia a la organización Terra Lliure en un operativo ordenado por el propio Garzón. Diecisiete de ellas denunciaron haber sido torturadas a manos de la Guardia Civil.
Hace una década, creía que «no era el momento» de una comisión vasca de la verdad.
A las órdenes de Garzón trabajarán nombres conocidos como Helen Duffy, Julián Casanova Ruiz, Araceli Manjón-Cabeza Olmedo, Manuel de la Rocha Rubí, María Alejandra Vicente, Silvina María Romano, Cristina Monge Lasierra, Sebastián Martín Martín y Francisco Erice Sebares. Además, el Consejo de Memoria Democrática ha designado a un grupo de otros diez vocales para garantizar el correcto funcionamiento de la comisión.
Serán un total de 20 personas que buscarán hacer «un buen diagnóstico de la España de esa época», como reza la nota de prensa del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
Entre las funciones del grupo, que trabajará en coherencia con los «principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición», destaca la elaboración de un «informe final» que incluirá conclusiones y recomendaciones para que se cumplan dichos principios.
Objetivos concretos
El grupo estructurará su trabajo en torno a distintos ejes temáticos que incluyen, entre otros, la violencia letal y las desapariciones, el sistema represivo, la represión económica, las violencias de género, el exilio, la represión cultural y las consecuencias actuales de la dictadura.
Además, contará con una subcomisión dedicada específicamente a la investigación de los derechos humanos de las supervivientes del Patronato de Protección a la Mujer, la institución franquista donde se confinó y torturó a miles de mujeres menores de edad, «sin haber cometido ningún delito tipificado».