He leído con suma atención su artículo Negociación con ETA, publicado en La Estrella Digital y reproducido en inSurGente, y con todos los respetos, don Juan Francisco, opino que en esta ocasión no ha estado usted a la altura intelectual que se le supone. Aborda usted un hipotético escenario de negociación entre la organización armada […]
He leído con suma atención su artículo Negociación con ETA, publicado en La Estrella Digital y reproducido en inSurGente, y con todos los respetos, don Juan Francisco, opino que en esta ocasión no ha estado usted a la altura intelectual que se le supone.
Aborda usted un hipotético escenario de negociación entre la organización armada ETA y el Estado español desde la óptica clásica de los progresistas liberales, eludiendo entrar a discutir el meollo de la cuestión, a saber: las causas que llevaron a un importantísimo sector del pueblo vasco a considerar la necesidad histórica de emplear la lucha armada y obrar en consecuencia por acción, comprensión u omisión.
En primer lugar, no es cierto que los sujetos del conflicto sean ETA y el Gobierno de turno. Los protagonistas son: por un lado, la gran parte de la sociedad vasca citada; y por otro, el Estado español en su conjunto (léase, los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los medios de comunicación a su servicio, el Ejército, los sindicatos sistematizados, la Conferencia Episcopal…). El juicio político 18/98, las leyes especiales (vg: la de Partidos), los tribunales de excepción (vg: la Audiencia Nacional), y un largo etcétera de instituciones, son paradigmas de lo que digo.
ETA no nace para combatir a la dictadura del general Franco. Esa es una falacia tan manida como interesada. ETA se funda y, poco a poco, se define como una respuesta ante la pertinaz conculcación por parte de España de los derechos del País Vasco como pueblo. De ahí que no tenga sentido la tan habitual como ingenua reflexión: «Si ya no hay dictadura, si ya se puede defender cualquier idea, ¿por qué no se disuelve de una vez ETA? Su tiempo ya pasó…»
Como pensar aún no es un hecho delictivo, es evidente que, en el plano teórico, se puede compartir o no la estrategia de lucha armada aquí, allí o acullá. Incluso, en el caso de estar de acuerdo, es totalmente legítimo marcar los límites, más allá de los cuales uno no está dispuesto a darle cobertura ideológica. En el otro extremo, considero que quien la rechace tiene la obligación de ser consecuente y combatirla. Pero un intelectual que haga honor al título no debería servirse de sofismas, a sabiendas de que sus trucados argumentos intoxicarán sin remedio a sus lectores, contribuyendo a su alienación.
Es incierto que en el actual marco legal se pueda defender cualquier idea. Al menos, es imposible realizar algunas aspiraciones, por muy legítimas que sean, dentro de la reglamentación vigente. La letra de la Ley no es imparcial. Forma parte del Estado y, por lo tanto, está a su servicio, escrita para que éste se perpetúe. Esta obviedad, sin embargo, los propagandistas del Sistema la ocultan dolosamente a la población, su público objetivo.
Pero es el final de su artículo el que ha motivado mi respuesta. Permítame que lo reproduzca para orientación de los lectores:
«Sin duda es una exageración identificar, como se ha hecho en ocasiones, nacionalismo con terrorismo, pero tampoco se puede olvidar que por procedimientos distintos ambos persiguen iguales objetivos y que siempre existe la tentación, por supuesto de forma no confesada, de que el nacionalismo aproveche la presión que realiza el terrorismo para conseguir estos objetivos. En el frontispicio programático de ambos aparece el derecho de autodeterminación, aun cuando se disfrace bajo otras expresiones menos claras como la de «ámbito vasco de decisión», y que por lo visto también se ha trasladado a Cataluña, no ya sólo en el lenguaje de los nacionalistas sino en el del propio PSC cuando su presidente afirma que «eso sólo compete decidirlo a los catalanes». En definitiva, con lo que se está jugando es con el concepto de soberanía. Saber si la soberanía radica en la totalidad de ciudadanos que conformamos el Estado español o, por el contrario, si se puede trocear en múltiples compartimentos según interese a las clases políticas de turno. Planteado así el problema, la negociación es mucho más cuestionable y resulta comprensible que sean muchos los que se opongan a pagar este precio, afirmando que para este viaje no hacían falta tales alforjas y que nos podíamos haber ahorrado veinticinco años de terrorismo. La crítica es tanto más lógica cuanto que la actitud adoptada por el Gobierno y por el propio partido socialista en el Estatuto de Cataluña no presagia precisamente desenlaces felices. Pero para hacerla hay que cargarse de razón, y ésta se pierde cuando desde una postura cerril uno se opone a toda salida dialogada del terrorismo.»
Hablar a estas alturas de «precios políticos» refiriéndose a derechos reconocidos, firmados y no cumplidos, se me antoja indecente. Cualquier jurista con conocimientos de Derecho Internacional podría disertar largo y tendido sobre la impecabilidad de la reivindicación del Derecho de Autodeterminación, que es el verdadero núcleo del conflicto sobre el que tratamos. Otra cosa es la subjetiva consideración de su pertinencia política dependiendo de qué lado de la barricada se esté.
Desde su libertad de opinión, no restringida, sienta usted plaza de forma voluntaria en la legión de los conculcadores desde el mismo momento en que recurre a la estafa argumental que supone criminalizar objetivos políticos, cualesquiera que sean, por el hecho de ser compartidos por organizaciones perseguidas por la Ley. El artículo 20º de la Constitución es todo suyo. El resto del articulado, se lo regalo yo.