La Vanguardia [1] lo llama golpe judicial y titula la información del siguiente modo: «La justicia nipona responsabiliza al Gobierno del accidente de Fukushima». Veamos la información difundida. Un tribunal nipón responsabilizó la pasada semana, mediados de marzo de 2017, y por primera vez, al Estado por negligencia en la catástrofe atómica de Fukushima, «lo […]
La Vanguardia [1] lo llama golpe judicial y titula la información del siguiente modo: «La justicia nipona responsabiliza al Gobierno del accidente de Fukushima». Veamos la información difundida.
Un tribunal nipón responsabilizó la pasada semana, mediados de marzo de 2017, y por primera vez, al Estado por negligencia en la catástrofe atómica de Fukushima, «lo que pone más trabas a su plan de reactivación nuclear y eleva el coste multimillonario del desastre al disparar las indemnizaciones». Bien lo primero; lo segundo era más que esperable. ¿Conoceremos algún día las dimensiones reales del coste de la hecatombe nuclear de 2011, acaso las más importante de la historia de la Humanidad?
La resolución emitida por el Tribunal del Distrito de Maebashi (en en centro de Japón) señala «que el Gobierno nipón y la compañía eléctrica Tokyo Electric Power (TEPCO) «podrían haber prevenido» el accidente nuclear que provocó la evacuación de decenas de miles de personas y graves daños medioambientales». No sólo el gobierno nipón sino TEPCO, la compañía propietaria de esa central y de muchas otras en Japón.
Acaban de cumplirse, como se recuerda, seis años del accidente desencadenado por el terremoto y el tsunami del 11 de marzo de 2011. La sentencia llega en estos momentos «y es fruto de una demanda colectiva presentada en esta instancia por 137 evacuados». Supone «un nuevo toque de atención de la justicia nipona a un Ejecutivo decidido a reactivar las plantas del país tras el apagón atómico post-Fukushima, iniciativa que se ha visto frenada por varias decisiones de tribunales locales contra la reapertura de centrales debido al riesgo de nuevos accidentes». La justicia nipona parece que no actúa en este ámbito a las órdenes del ejecutivo y de las grandes compañías atómicas. Es la primera sentencia que reconoce «la responsabilidad estatal en los daños infligidos a los desplazados y que da la razón a un grupo de demandantes dentro de un procedimiento colectivo, según destacaron sus abogados».
Las sentencias previas sólo habían señalado la responsabilidad de TEPCO «ante demandas presentadas por particulares con motivo de los daños psicológicos derivados de la evacuación o incluso en casos de suicidio». Los jueces han concluido esta vez que TEPCO, como el gobierno, «no tomó las suficientes medidas de precaución ante desastres naturales».
Durante el proceso, la defensa de ambas partes esgrimió el argumento de siempre: no era posible «prever una catástrofe de semejantes proporciones -el tsunami que azotó la planta alcanzó los 13 metros-, y señalaron que incluso si hubieran tomado medidas de precaución, no podrían haber evitado las consecuencias a largo plazo». Tácticas de la defensa, nada que ver con la realidad y con lo sabido hasta el momento.
El portavoz del Ejecutivo, Yoshihide Suga, no se ha pronunciado sobre si tienen previsto recurrir la decisión. Naomi Hirose, el presidente de TEPCO, afirmó «que se trata de una sentencia «importante» entre los «otros muchos casos de juicio» que la empresa tiene abiertos en su contra, y admitió que la decisión puede conllevar un aumento de las indemnizaciones a los afectados».
La información de La Vanguardia señala que «la sentencia del tribunal de Maebashi abre la puerta a decisiones similares de otras cortes niponas donde se han presentado múltiples demandas colectivas de damnificados por el accidente, y podría acarrear costes adicionales para las arcas públicas niponas, que ya cargan con los desorbitados gastos del desastre».
El Gobierno ya abona indemnizaciones a las personas desplazadas de la zona del desastre. Su evacuación fue obligatoria (12 mil en total). Ahora se verá obligado a pagar compensaciones adicionales. Se calcula que cada demandante reclamaba 11 millones de yenes (unos 90.000 euros), lo que «en total supone 1.500 millones de yenes (unos 12 millones de euros)». No es, ni de lejos, la principal partida del coste del desastre. La resolución es la primera de un total de 30 demandas colectivas presentadas en todo el país
¿Cuál será el coste total -no hablamos de las muertes ni del desastre ambiental ocasionado- del desmantelamiento de la central y de las compensaciones a los afectados por el accidente? Según un informe previo a la sentencia realizado por el Ministerio japonés de Economía, Comercio e Industria. superará los 20 billones de yenes (167.000 millones de euros a cambio de mediados de marzo de 2017). ¿Se lo creen? Yo no por supuesto.
Sea como fuere, no se puede hablar de «golpe judicial» sino de justa y excelente sentencia judicial. Tampoco se puede afirmar que la responsabilidad sea del gobierno sino del gobierno y de la corporación, una de las grandes compañías eléctricas del mundo. La trama gobierno-partidos del sistema-grandes multinacionales no permite separaciones aisladas.
En síntesis y mirando hacia dentro y hacia fuera: «¿Nuclear, no gracias?».
Notas
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.