El nueve de julio último se cumplió un año desde que la Corte Internacional de Justicia emitió su fallo legal «Opinión Consultiva» en relación con la construcción del Muro de Segregación racial en los territorios de Cisjordania y Jerusalén. Ese fallo fue, en opinión de muchos expertos, uno de los resultados más importantes en la […]
El nueve de julio último se cumplió un año desde que la Corte Internacional de Justicia emitió su fallo legal «Opinión Consultiva» en relación con la construcción del Muro de Segregación racial en los territorios de Cisjordania y Jerusalén.
Ese fallo fue, en opinión de muchos expertos, uno de los resultados más importantes en la labor de la ONU en relación con la causa palestina desde la aprobación, en 1947, por la Asamblea General de la Resolución de la Partición de Palestina.
La Corte Internacional de Justicia consideró que la construcción del Muro es ilegal y exigió la demolición de la parte que fue construida y el cese inmediato de las labores. Esa misma posición fue la expresada al cabo de poco tiempo por la Asamblea General, el 20 de Julio del 2004, en la Resolución ES-10/15. No obstante, Israel rechazó ambas resoluciones como es habitual con respecto a todas las resoluciones internacionales condenatorias a sus políticas agresivas, expansionistas y violatorias del Derecho Internacional, y en especial de la Convención de Ginebra de 1949.
En los momentos en que varias organizaciones internacionales y fuerzas activas palestinas se dieron a la tarea de impulsar la ejecución del fallo de la Corte de La Haya en todos los niveles, el gobierno israelí, con su habitual intransigencia y burlando la resolución de la más alta instancia jurídica internacional, anunció el 10 de julio su decisión de construir el último tramo del Muro de Separación en torno de Jerusalén. Esta construcción aislará a cuatro barrios árabes del resto de la ciudad y anexará la colonia Maaleh Adomim a la urbe, en un paso dirigido a modificar la realidad demográfica de Jerusalén y a desproveerla de su medio árabe.
El anuncio israelí de la aprobación del proyecto, lleva en sí un mensaje muy claro a la Comunidad Internacional y refleja la decisión sionista de seguir adelante en su desafío a la voluntad y leyes internacionales. Con ello pretende también, en contravención del criterio de la Corte Internacional de Justicia, demostrar que no trata a los territorios palestinos como territorios ocupados y por tanto no se les aplican las normas de las Leyes Internacionales, ni la Carta Magna de la ONU y mucho menos la Cuarta Convención de Ginebra de 1949.
La decisión del gobierno israelí refleja la verdadera intención del estado hebreo en relación con el futuro del arreglo definitivo, o sea la consagración de un status quo que impida el surgimiento de un estado palestino independiente y soberano, a la vez que frustre el derecho del pueblo palestino a su autodeterminación. Por eso, el gobierno israelí aprovecha hasta el máximo la «algarabía» provocada en torno a la «separación» de la Franja de Gaza para asestar el golpe de gracia a las bases del arreglo político, y al mismo tiempo dirigir una sonada bofetada a la comunidad internacional, en desprecio inequívoco a todos los valores de la justicia y de la ley.
El fallo de la Corte Internacional de La Haya condena con firmeza todas las medidas adoptadas por Israel en Jerusalén desde su ocupación en 1967, sobre la base de la inviabilidad y la ilegalidad de la apropiación de tierras por la fuerza y/o anexión para un status quo irreversible.
En ese mismo contexto, la Corte señaló la condena del Consejo de Seguridad a las medidas israelíes en la Resolución Número 289 de 1971 que plantea explícitamente que «todas las medidas legislativas y administrativas adoptadas por Israel para transformar el status de la Ciudad de Jerusalén, incluyendo la confiscación de terrenos y propiedades y traslado de población (…) son inadmisibles en su totalidad y no pueden cambiar su status», o sea como ciudad ocupada.
La construcción del nuevo tramo del Muro de Separación, tal como fue aprobada por el Gobierno de Sharon el diez de julio, profundiza el proceso de cambios del status jurídico de la ciudad ocupada y la pérdida para 300 mil palestinos de su derecho a residir en Jerusalén, para quedarse atrapados detrás del muro y fuera de la ciudad, aislados de sus hábitos de vida en Jerusalén e impedidos del libre movimiento para tener acceso a sus lugares de estudio y de trabajo. En otras palabras, Israel sigue su plan de purificación racial, imponiendo hechos consumados en la ciudad y sus alrededores, a favor de su judaización para alcanzar el objetivo estratégico de garantizar una mayoría judía en Jerusalén.
Con esa decisión, el gobierno israelí se adelanta a las deliberaciones del Tribunal Supremo de Justicia de Israel sobre la construcción del Muro alrededor de Jerusalén y al inicio de la campaña nacional e internacional para reactivar la resolución de La Haya.
Todo indica que Israel no está dispuesto a tratar con seriedad los compromisos contraídos, ni por la fuerza de la ley internacional ni por la lógica de los entendimientos y negociaciones, sino que solo está enfrascado en la ejecución de su estrategia sin miramiento a ningún tipo de consideraciones.
La Corte Internacional de Justicia ve en la construcción del Muro «una especie de castigo colectivo y violación a las libertades individuales y colectivas, así como de los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo palestino, con la aplicación de humillantes medidas discriminatorias. Además, hace trizas el territorio sobre el cual el pueblo palestino ejercería su derecho a la autodeterminación y lo convierte en zonas incomunicadas muy similares a los bantustanes».
El gobierno de Sharon esta muy consciente de que el Muro causaría una gran injusticia al pueblo palestino y a su suelo patrio y aún prosigue premeditadamente su proyecto. Por ello se requiere de la movilización de todas las potencialidades oficiales y populares de nuestro pueblo para enfrentar ese proyecto, iniciando una amplia campaña árabe e internacional frente a la escalada de devastación progresiva de los componentes de la vida palestina y por consiguiente de las posibilidades de establecimiento de un estado independiente.
Hay que dirigirse al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General de la ONU respecto al tema del Muro y poner en vigor el fallo del Tribunal de La Haya. A la vez hay que reclamar a la Comunidad Internacional ejercer presiones sobre Israel a partir del fallo de La Haya, que exige a todos los estados no reconocer la situación ilegal derivada de la construcción del muro y abstenerse de brindar ayuda para mantenerla.
El tribunal determinó que todos los estados firmantes de la Cuarta Convención de Ginebra deben «garantizar el sometimiento de Israel a la Carta Magna de la ONU, de acuerdo con lo estipulado en esa convención».
Son necesarias la solidaridad mundial y la unidad de todas las fuerzas y pueblo palestino para derribar ese muro de ignominia y segregación que estrangula el derecho de este pueblo a tener un Estado Palestino independiente con Jerusalén como su capital.