Traducido del inglés para Rebelión y Tlaxcala por Paloma Valverde
Desde las elecciones palestinas del pasado enero y la emergencia de Hamás como representante indiscutible del pueblo palestino, se abre ante nosotros una nueva era en la lucha por la liberación. El pueblo palestino se ha pronunciado, pero la clase dirigente neoconservadora y las clases gobernantes en Washington, Londres, París, Berlín y otros lugares, no escuchan. Para ellos, unas elecciones en el Tercer mundo son democráticas, libres y justas sólo cuando el candidato que apoyan llega al poder, y desde luego esto no es lo que ha ocurrido ahora.
Durante mucho tiempo, los israelíes y Washington exigieron un cambio y mayor credibilidad al presidente Arafat y a la Autoridad Palestina, pero siempre estuvieron absolutamente seguros de que los palestinos no serían capaces de llevar a la práctica cambios ni de hacer ningún progreso, incluso aunque quisieran. Decían que no podían tratar con Arafat porque era corrupto y antidemocrático, así que le destituyeron (permanentemente) y eligieron a Mahmoud Abbas. Dijeron que le querían a él como «contraparte para la paz» pero en lugar de eso despreciaron constantemente su régimen y cuando [Abbas] estaba a punto de aceptar otra muy «generosa oferta» de Sharon, el destino intervino.
Los resultados de esas elecciones reflejan la necesidad de un cambio como consecuencia de la corrupción e ineptitud de los gobiernos anteriores. Desde su creación, hace unos diez años, el Consejo de Gobierno Palestino ha sido incapaz de satisfacer las necesidades de la gente. Mientras la Ocupación [Israelí] se establecía al amparo de los «acuerdos de paz» -que no eran sino una traición a todo el pueblo palestino- y la creación de nuevos, e ilegales, asentamientos continuaba sin tregua, la calidad de vida de los palestinos se deterioraba exponencialmente en los Territorios Ocupados [TTOO]. Los niveles de pobreza ahogaban, el desempleo alcanzó niveles antes jamás conocidos y la falta de seguridad alcanzaba cotas insoportables.
A pesar de la brutal presión de la ocupación y el corrupto autogobierno, la sociedad palestina ha demostrado su capacidad de adaptación frente a las condiciones represivas. Montones de gente esperan que el aire fresco penetre en las instituciones bajo un gobierno reformado que asuma el poder del pueblo. El camino es largo y difícil, y estará sembrado de campos de minas. Por esta razón tenemos que recordar las realidades sobre el terreno que nos trajeron hasta este momento para entender que estos cambios tan grandes en el panorama político no son un accidente y, por una vez, no [están] tampoco dictados por extrañas fuerzas extranjeras.
Desde 1967, Israel ha establecido 152 asentamientos en Cisjordania, (lo que incluye Jerusalén Este), y hasta muy recientemente en Gaza, que habían sido reconocidas por el Ministro del Interior. Además, se han establecido docenas de colonias de distintos tamaños. Muchas de esas colonias son asentamientos que sirven para todo tipo de pretensiones y objetivos. No tienen reconocimiento oficial pero tienen protección militar.
Israel ha establecido en los TTOO un régimen separatista y discriminatorio en el que mantiene dos sistemas de leyes y en el que los derechos de las personas están basados en su origen (bien sean árabes o judíos). Este régimen es el único de su clase en el mundo y recuerda oscuros regímenes del pasado, como el régimen del apartheid en Sudáfrica, pero [éste] no exclusivamente).
Inherente a un estado policial, Israel ha robado muchos miles de dunums de terreno (un dunum equivale a 1000 metros cuadrados) a los palestinos, donde establecieron sus asentamientos [y] en los que cientos de miles de israelíes civiles viven ahora. Israel prohíbe a los palestinos entrar en esas tierras y utiliza los asentamientos para justificar las incontables violaciones de los derechos de los palestinos como el derecho a la vivienda, a ganarse la vida y, por su puesto, a la libertad de movimiento. Los cambios significativos que Israel ha realizado en el mapa de Cisjordania hacen imposible un estado palestino viable. Sin embargo, a largo plazo, cuando todo se haya dicho y hecho, Ariel Sharon pasará a la historia como el hombre que impidió la posibilidad de la solución de dos estados de un solo golpe.
Los colonos, por un lado, se benefician de todos los derechos que tienen los ciudadanos judíos de Israel que viven dentro de la Línea Verde y que en algunos casos tienen, incluso, derechos adicionales. Israel ha invertido esfuerzo y capital en la expansión de los asentamientos – económica, legal y burocráticamente- han convertido los asentamientos en enclaves civiles dentro de zonas de gobierno militar, y han dado a los colonos un estatus preferente. Para perpetuar esta situación, Israel ha violado sistemáticamente los derechos humanos de los palestinos.
Especialmente evidente resulta la manipulación de Israel en la aplicación de la ley para crear un halo de legalidad en el negocio de los asentamientos. Mientras las leyes jordanas permitían a Israel progresar en sus objetivos, invalidaban el argumento de que la legislación internacional exigía que un poder ocupante aplique la ley en vigor en el territorio antes de la ocupación, construir una ley internacional de forma cínica y tendenciosa. Cuando la legislación jordana no satisfacía completamente esta necesidad, Israel no dudó en revocarla mediante su legislación militar y desarrollar nuevas leyes para lograr sus objetivos. Actuando así, Israel ha violado permanentemente los acuerdos internacionales de los que es signatario y que se han previsto para proteger los derechos humanos de las personas en régimen de ocupación.
Israel ha utilizado un complejo mecanismo legal y burocrático para obtener el control de más del 50 por ciento de la tierra de Cisjordania. Esta tierra ha sido utilizada fundamentalmente para establecer asentamientos y crear reservas de tierra para las futuras expansiones de esos asentamientos.
La principal herramienta para acceder al control de la tierra es declararla «Tierra Estado». Este proceso empezó en 1979 y está basado en la aplicación manipuladora de la Ley Otomana de Tierras de 1858, que se aplicó en la zona en la época de la partición de Palestina. Otros métodos empleados por Israel incluyen la expropiación para usos militares, la declaración de tierra como «asentamientos abandonados» y la expropiación de tierra para usos públicos. Cada uno de ellos está basado en diferentes principios jurídicos.
No importa qué método se utilice para obtener el control de la tierra; todas las partes implicadas siempre han sabido que esas acciones son parte de un mecanismo que sirve sólo para un fin: el establecimiento de asentamientos civiles en los Territorios. Consecuentemente, el método concreto utilizado para transferir la tierra de los palestinos a Israel, no tiene importancia. Además, desde que este objetivo está prohibido por la legalidad internacional, los métodos utilizados para asegurarla [la tierra] son también ilegales.
El gobierno israelí ha aplicado la mayoría de los aspectos de la ley israelí a los colonos y a los asentamientos, anexándolos así, efectivamente, al Estado de Israel. Esto ha tenido lugar a pesar del hecho de que Cisjordania no es parte del Estado de Israel y de que la ley en vigor allí es la ley jordana y la legislación militar. Esta anexión ha traído como consecuencia un régimen legalizado de segregación y discriminación. Este régimen está basado en la existencia de dos sistemas legales separados en el mismo territorio, con los derechos de los individuos determinados por sus orígenes étnicos.
Treinta y tres autoridades locales judías actúan en Cisjordania: tres municipios, catorce ayuntamientos y seis consejos regionales, que incluyen 106 asentamientos reconocidos como comunidades independientes. Además, se han establecido 12 asentamientos en la zona anexada, en 1967, a la municipalidad de Jerusalén, zonas en las que se ha impuesto oficialmente la legalidad israelí.
Las zonas de jurisdicción de las autoridades locales judías, la mayoría de las cuales alcanzan más allá de las zonas construidas, se definen en las leyes militares como «áreas militares cerradas». Los palestinos tienen prohibido entrar en esas zonas sin un permiso especial del comandante del ejército israelí, a pesar de que los judíos israelíes y los judíos de todo el mundo pueden entrar y salir sin restricciones de ningún tipo. Una labor fundamental de cualquier gobierno es hacer cumplir la ley y proteger la vida, la propiedad y los derechos de las personas bajo su autoridad. Para Israel, esta obligación implica no sólo a los ciudadanos israelíes que viven dentro del Estado o en los territorios bajo control israelí, sino también a todos los palestinos que viven en los TTOO.
Cuando los palestinos atacan a los israelíes, las autoridades utilizan todos los medios a su disposición para contraatacar, lo que incluye muchos [medios] que son incompatibles con la legalidad internacional, o con cualquier sociedad civilizada y suponen graves violaciones de los derechos humanos, tales como la utilización de escuadrones de la muerte, ataques con misiles y bombas contra objetivos civiles con helicópteros del ejército y aviones de combate, ejecuciones sumarias, palizas, disparos contra los niños que lanzan piedras, detenciones masivas y muchas otras clases de castigos colectivos.
Por contra, cuando los civiles israelíes atacan a los palestinos, las autoridades israelíes utilizan hacia los autores una política de perdón. Esta política se refleja en los actos de los responsables de hacer cumplir la ley -las fuerzas de ocupación y la policía israelí- que no hacen nada para evitar el daño a la vida y a la propiedad de los palestinos y para detener los violentos ataques de los colonos cuando ocurren. Todos los estamentos responsables de hacer cumplir la ley y las autoridades judiciales muestran escaso interés en destapar la violencia sustancial que los civiles israelíes cometen contra los palestinos. Durante la Intifada de al-Aqsa, el número de ataques aumentó muy sustancialmente.
Los israelíes, individualmente u organizados en grupos, llevan a cabo ataques contra la propiedad palestina, para amenazarles, disuadirles o castigarles, con armas y munición que reciben de las propias fuerzas de ocupación (El ejército israelí). Las acciones contra los palestinos incluyen el corte de carreteras con la única finalidad de hacer imposibles la vida y el comercio. Los colonos, además, disparan contra los paneles solares y los tanques de agua [colocados] en los tejados de los edificios, queman coches, rompen las ventanas y los parabrisas, destruyen las cosechas, envenenan las granjas de animales, arrancan los olivos y los frutales, roban las cosechas, abusan de los dueños de las tiendas en los mercados, disparan a niños y adultos con munición real… Muchos de esos actos tienen la intención de obligar los palestinos a que abandonen sus casas y granjas de forma que los colonos puedan tomar posesión de ellas, otros sólo [sirven] para sembrar el odio. Muchos ejemplos de delitos cometidos por los colonos y el ejército no se han denunciado nunca porque se han convertido en la norma.
Sin embargo, con Hamás en el poder podemos estar seguros de que no se repetirán las traiciones del pasado -Madrid, Oslo (el momento más triste de Arafat) y la Hoja de Ruta. Por otro lado, le corresponde a Fatah decidir si quiere asumir un papel activo y constructivo en la creación de un futuro en paz y dignidad para su pueblo o retirarse con arrogancia y sufrir una dolorosa muerte política. Sea lo que sea lo que ocurra finalmente, es posible que de allí surja un Estado secular único, libre y verdaderamente democrático con igualdad de derechos para judíos, árabes y para el resto de los ciudadanos.
Paloma Valverde es miembro del colectivo de traductores de Rebelión. Ernesto Páramo es miembro de Tlaxcala, la red de traductores por la diversidad lingüística (www.tlaxcala.es). Esta traducción es copyleft.
Texto original: http://www.axisoflogic.com/artman/publish/article_21399.shtml