Hace unos meses, la periodista Teresa Aranguren, en una charla organizada por la Asociación Al-Quds en Málaga, decía que hay versiones elaboradas para falsear los hechos, para ocultarlos, para justificarlos y que además de falsas, si éstas cuentan con medios suficientes, pueden ser versiones muy poderosas. Estas «versiones poderosas» son las que han mantenido la […]
Hace unos meses, la periodista Teresa Aranguren, en una charla organizada por la Asociación Al-Quds en Málaga, decía que hay versiones elaboradas para falsear los hechos, para ocultarlos, para justificarlos y que además de falsas, si éstas cuentan con medios suficientes, pueden ser versiones muy poderosas. Estas «versiones poderosas» son las que han mantenido la ocupación militar más larga de la historia moderna sobre la población nativa palestina sin apenas perturbar a los arquitectos de la colonización sionista y el apartheid en Israel.
Estas versiones nos sacuden a diario con tal virulencia, que nos pueden hacer elegir estar en contra de los derechos humanos, universalmente aceptados, sin saberlo. Aceptar la tiranía mientras defendemos la democracia o ser soporte del verdugo en vez de defender a las víctimas. Y a ésta ardua tarea se dedica Israel y las decenas de organizaciones sionistas que están sembrando de odio y falacias el arduo trabajo que desde décadas realizan los colectivos y defensores de derechos humanos locales, con gran arraigo sobre cada territorio en nuestro país.
Uno de esos grupos es ACOM (Acción y Comunicación en Oriente Medio), con sede en Madrid y total opacidad en sus cuentas, esta asociación sin ánimo de lucro tiene como única finalidad defender a un Estado que hace justo 2 años masacró a más de 2205 personas en Gaza (incluyendo a más de 550 niñas y niños) y a difamar contra las personas, grupos e instituciones del Estado español que promueven el cumplimiento del derecho internacional y los Derechos Humanos en Palestina. ACOM destina numerosos fondos a presentar recursos contra las instituciones públicas que impulsan la solidaridad con el pueblo palestino y a insultar y amenazar insistentemente por redes sociales, correo electrónico y teléfono a las personas que sustentan este movimiento solidario. Además, diversos perfiles afines desde los que se realizan estos ataques están vinculados a la extrema derecha y a posiciones islamófobas, como afirma el comunicado de la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) que impulsa la campaña de Espacios Libres de Apartheid Israelí (ELAI) en nuestro país.
El pasado 27 de mayo, el municipio de Vélez-Málaga se adhirió, a través de un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento a la campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) contra el apartheid israelí, declarándose espacio ELAI. Una campaña surgida en 2005 que busca implementar las resoluciones de Naciones Unidas y acabar con la ocupación a través de las mismas estrategias de resistencia pacíficas que utilizaron Gandhi, Martin Luther King, Rosa Parks o Nelson Mandela contra la discriminación racial en sus países.
A finales de julio, el grupo sionista ACOM interpuso una demanda contra dicho acuerdo que el juez resolvió favorable a la retirada de la moción. De la misma forma, el juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Gijón rechazó un recurso de ACOM contra la declaración de Gijón en los mismos términos. Los argumento de ACOM, que no tiene legitimidad para representar a los israelíes, chocan frontalmente con la realidad de la moción, de un profundo carácter antirracista y antisionista, este grupo islamófobo juega a imponer su versión de equiparar la religión judía con el estado de Israel, olvidando que millones de palestinos viven bajo la ocupación y el apartheid del régimen de Tel Aviv.
Es una vieja triquiñuela que habrá que seguir aclarando cuantas veces sean necesarias: No es lo mismo antisemitismo (el odio a los semitas, entre ellos los judíos, pero también los palestinos) que antisionismo (oposición a la colonización de Palestina) de la misma forma que no es equiparable, como defiende las tesis de ACOM y los jueces que las secundan, judaísmo con Israel. Las críticas al Estado de Israel no solo son legítimas, sino que forman parte de la libertad de expresión, al igual que el llamamiento a imponer sanciones, boicots y desinversiones son posturas impuestas por los estados y las Naciones Unidas en multitud de ocasiones a todos aquellos regímenes que se sitúan al margen de la legalidad internacional.
Israel ha robado la identidad judía a los judíos de la misma forma que roba las tierras a los palestinos o judaíza Jerusalén en su intento de borrar siglos de historia árabe de la ciudad. Así lo afirman decenas de colectivos judíos antisionistas que forman parte y, en ocasiones, encabezan, la campaña de boicot contra Israel. Estar en contra, como lo ha hecho el consistorio de Vélez-Málaga junto a otros 50 municipios de éstas prácticas, no puede ser discriminatorio, sino que busca revertir y paliar los efectos de la discriminación que denuncian.
Las críticas legítimas a las acciones de un Estado que lleva a sus espaldas la ocupación más larga de la historia moderna, practica el apartheid contra la población árabe y acelera la colonización ante la mirada impune de la comunidad internacional, no debe ser sancionada, sino más bien impulsada por todos aquellos que creemos en la justicia, la ley y el orden.
Es la impunidad de Israel lo que ha generado un monstruo capaz de socavar las legislaciones locales de nuestro entorno. Un monstruo de muchas cabezas que financia grupos islamófobos de extrema derecha como ACOM para amedrentar a los concejales, alcaldes y consistorios en su intención de mostrar solidaridad con la situación de la población palestina y de coaccionarlos a través de una ofensiva legal y mediática; a través de las redes sociales y medios de comunicación; para vincular la defensa de los derechos humanos de los palestinos al terrorismo y el yihadismo. Las instituciones deberían actuar cuanto antes para detener la actividad de incitación al odio de estos grupos que se nutren de fondos poco transparentes para realizar su labor: defender la marca Israel a cualquier precio.
El origen de este grupo radical de extrema derecha y otros afines para «defender a Israel» en el exterior coincide con el anuncio del gobierno de Netanyahu de inyectar en el exterior miles de millones de euros en «combatir» el BDS. La falta de transparencia y control de esta organización nos preocupa ya que podrían estar obteniendo fondos del extranjero para socavar la democracia local, las libertades civiles y el derecho a la libertad de expresión en nuestro país.
Es intolerable que una entidad sin ningún arraigo social y que defiende a un Estado de Apartheid intente injerir en la soberanía democrática de nuestros municipios, les dicte qué pueden votar y qué no y pretenda impedir que nuestras instituciones se comprometan con los Derechos Humanos. ACOM es una tapadera de Israel para trasladar su guerra sucia contra el movimiento pacifista del BDS en Palestina e Israel a nuestro país y atacar a los defensores de los derechos humanos en nuestra tierra. Así lo advierten varios informes de organizaciones como Amnistía Internacional o la Federación Internacional de los Derechos Humanos, que subrayan la ofensiva israelí contra los activistas BDS.
La impunidad del comercio en la comisión de delitos internacionales
Sin embargo, este movimiento de criminalización deja un mensaje mucho más profundo y es que es muy significativo que nuestro sistema judicial ofrezca impunidad a las empresas que participan en violaciones de derechos humanos con una alarmante celeridad, cuestionando cualquier acción de presión para cesar esta complicidad bajo distintos paraguas: discriminación en la contratación, libertad en el comercio… nos preguntamos cómo hemos llegado hasta aquí, desde cuándo el sistema jurídico que hemos construido entre todos en democracia protege a las empresas privadas que solo persiguen el lucro con sus actividades y no a las personas. No puede haber carta blanca en el sector privado: nuestros representantes tienen la obligación de controlar y supervisar muy de cerca que sus acciones no provocan sufrimiento ni daño.
Pero no todo vale, sobre todo cuando hablamos de enriquecer a empresas que aquí nos ofrecen servicios y en otro lugar del mundo colaboran probadamente con crímenes de guerra que causan sufrimiento a la población. Es imprescindible que el dinero de los contribuyentes deba ser tratado de forma escrupulosa por parte de nuestros representantes y éstos deben poder decidir hacia dónde va nuestro dinero sin injerencias externas.
En la 1ª Conferencia Europea de Ciudades para los Derechos Humanos (Barcelona, 1998) se formula La Carta de Salvaguarda de los Derechos Humanos. En ésta, se recogen los compromisos adquiridos por los gobiernos locales, a fin de garantizar, defender y promover los Derechos Humanos en el ámbito municipal, la decisión del Contencioso Administrativo número 1 de Málaga , contraviene este marco de actuación.
En virtud de la Directiva 2014/24 de la Unión Europea, «un organismo público puede excluir a un operador económico de la licitación de un contrato público o puede rechazar tal oferta, cuando se compruebe que el individuo o la organización de que se trate es culpable una falta profesional grave, lo que hace que su integridad cuestionable».
El Ministerio de Exteriores de España, en línea con la UE lanzó un mensaje a la ciudadanía española advirtiendo sobre los riesgos asociados con las actividades económicos y financieras de los asentamientos israelíes declarados ilegales: «Las transacciones financieras, inversiones, compras, contrataciones, así como otras actividades económicas (incluyendo servicios como el turismo) en los asentamientos israelíes o que los benefician, suponen riesgos jurídicos y económicos que se derivan del hecho de que los asentamientos israelíes, de acuerdo con el derecho internacional, están construidos en territorio ocupado y no son reconocidos como parte legítima del territorio de Israel». En la misma línea la moción acuerda excluir a todos estos negocios.
Los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos de la ONU recomiendan, entre otros, que los Estados nieguen el acceso a apoyo público y servicios, o que nieguen suministros futuros a empresas involucradas en graves violaciones de derechos humanos y que se nieguen a cooperar para tratar la situación. La ONU afirma que los Estados deben adoptar las medidas adecuadas para prevenir, investigar, castigar y reparar los abusos cometidos por agentes privados’.
Esta obligación no impide, como afirman algunos, que otros niveles del Estado y su administración, actúen en consecuencia. La exclusión por parte de gobiernos locales de actores involucrados en la violación de normas imperativas de la obtención de beneficios, incluyendo contratos, inversiones y otras formas de cooperación no es «discriminación arbitraria» sino una obligación de todos los actores estatales, también de los ayuntamientos, más cuando la propia Naciones Unidas afirma que estos tratados son vinculantes para ‘todos los Estado Parte en conjunto’, es decir «Todos los poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) y otras autoridades públicas o estatales, a cualquier nivel que sea, nacional, regional o local, están en condiciones de asumir la responsabilidad del Estado Parte».
El incumplimiento por parte de los gobiernos estatales de sus obligaciones como terceros Estados y con la promoción de los derechos humanos no exonera, sino que pone más responsabilidades a nivel local. Nos preguntamos ¿cómo puede ser ilegal evitar pagar con dinero público sucias prácticas vinculadas a crímenes internacionales?
En el caso que nos ocupa, la moción fijaba su objetivo en los asentamientos o los productos o servicios total o parcialmente procedentes de los asentamientos. Es importante tener en cuenta que el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) no se aplica a las empresas de los territorios de asentamiento cuyo propósito es llevar a cabo la actividad económica para su propio beneficio o en beneficio del estado de Israel porque los asentamientos israelíes en los TPO son ilegales según el derecho internacional y violan las normas imperativas de derecho internacional, por lo que cualquier beneficio económico de la ocupación para el Estado de Israel está prohibido bajo las mismas normas. Alejar la ciudadanía veleña de estas complicidades no debe ser ilegal en un estado de Derecho, sino una obligación que debería promover el mismo.
El solo hecho del conocimiento de la existencia de una colonización y ocupación en curso es motivo más que suficiente para aplicar un aislamiento general a Israel como ocurrió con la racista Sudáfrica. Si sumamos las tropelías documentadas se torna vergonzoso no aplicar boicots generalizados y sanciones a Tel Aviv. Lo alarmante es estar a esta altura de la historia debatiendo sobre la conveniencia o no de aplicar estos mecanismos de presión internacionalmente reglados sobre los hechos probados de la desposesión, la colonización, la limpieza étnica o la masacre de los palestinos.
Por nuestra parte, no podemos tolerar que un país extranjero monte satélites en nuestro país para atentar contra el trabajo de los defensores de los derechos humanos locales, nuestras ONG y colectivos sociales, contra las personas que llevan décadas trabajando por un mundo mejor en muchas partes del mundo y que son nuestra mejor carta de presentación fuera de nuestras fronteras. No podemos tolerar que un país extranjero abra sucursales fantasma con fondos ocultos para atentar contra la soberanía local, sembrando un discurso de odio y miedo en las corporaciones locales, cuando son ellas la punta de lanza de la solidaridad en nuestros territorios. Alguien debería comenzar a pedir cuentas a estos grupos fascistas de extrema derecha que defiende la democracia con perversión dictatorial y acusan de discriminación y antisemitismo con la ligereza propia del peor macartismo del siglo pasado. Son pirómanos ejerciendo de bomberos y están quemando el monte delante de nuestros ojos. De los poderes públicos depende pararle los pies a estos grupos y son los ayuntamientos los primeros que, parece, tendrán que dar la batalla.
Javier Díaz Muriana. Periodista
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