En los últimos años se ha producido una reactivación de las movilizaciones feministas. Especialmente en España, con un particular contexto sociopolítico, económico y cultural, han tenido una gran participación de mujeres, sobre todo, jóvenes y han contado con un masivo apoyo popular y una gran legitimidad cívica. Dos han sido los grandes ejes de su […]
En los últimos años se ha producido una reactivación de las movilizaciones feministas. Especialmente en España, con un particular contexto sociopolítico, económico y cultural, han tenido una gran participación de mujeres, sobre todo, jóvenes y han contado con un masivo apoyo popular y una gran legitimidad cívica. Dos han sido los grandes ejes de su contenido reivindicativo y de denuncia: contra la violencia machista y frente a la precariedad y la discriminación respecto de sus trayectorias laborales y vitales.
Desde la sociología sobre los movimientos sociales se explica que los amplios procesos participativos reúnen varias condiciones básicas: una situación de subordinación percibida como injusta que conforma una motivación colectiva de cambio social, cuyo alcance está mediado por la gestión de mayor o menor bloqueo de las instituciones y sus políticas y la presencia de actores significativos. El interrogante es qué factores explicativos permiten clarificar este proceso en el momento actual, su orientación sociopolítica y cultural, así como cuál es su alcance, sus perspectivas de continuidad y su impacto sociopolítico e institucional. Para responder es necesaria una profundización crítica de sus características, sus causas y el sentido de esta activación feminista.
Una participación masiva, democrático-igualitaria
Esas grandes manifestaciones y huelgas (laborales, de consumo y cuidados) se han realizado en fechas simbólicas como el 8 de marzo, día Internacional de las mujeres (trabajadoras). Igualmente, se han producido movilizaciones masivas el 25 de noviembre, día contra la violencia hacia las mujeres, o bien por acontecimientos de gran repercusión mediática y expresión de indignación feminista como ante los hechos y la sentencia a la ‘manada’ violadora. Además, han estado acompañadas de múltiples iniciativas y actividades descentralizadas.
No han sido solo reactivas ante el evidente impacto de las agresiones machistas, las brechas laborales, la desigualdad en estructuras sociales y familiares, los estereotipos de género y la deficiente protección pública. Han sido propositivas en la exigencia de derechos y transformaciones sociales; pero, sobre todo, han tenido un gran componente expresivo: reforzamiento de su reconocimiento y empoderamiento personal y colectivo, de defensa de su libertad y autonomía; y, al mismo tiempo, de impulso democrático, igualitario y de solidaridad (sororidad).
Además, los valores de libertad e igualdad han fundamentado esa actitud progresista. La amplia conciencia sobre el carácter injusto de su discriminación y sus desventajas, derivada de la reafirmación de su cultura democrática, ha sido un motor cívico y masivo para exigir sus demandas de cambio feminista. Y ha participado una parte de varones solidarios con su causa liberadora.
Todo ello indica, claramente, una dinámica transformadora igualitaria y emancipadora, que replantea las relaciones de discriminación y dominio patriarcal, afianza un proceso participativo y de pertenencia colectiva y genera una identificación feminista. O sea, desde una experiencia compartida y una actitud, personal y colectiva, de cambio real de esas relaciones sociales desiguales, se ha ido formando y reconfigurando el sujeto sociopolítico llamado movimiento feminista.
El peso dominante, simbólico, mediático y de gestión práctica, en la etapa anterior de relativa fragmentación del asociacionismo feminista, había pasado hacia el predominio de la actividad institucional o para-institucional (incluido la académica). En estos años ha recuperado protagonismo la acción colectiva de las propias mujeres, no solo en las grandes movilizaciones sino en una amplia y diversa articulación de iniciativas en centros de estudio y trabajo y múltiples y variadas actividades asociativas, culturales y de apoyo mutuo.
No obstante, este proceso es complejo. Aparte del reaccionarismo machista y derechista, en el campo progresista existen diversos feminismos. Supone un debate por la prevalencia de los contenidos de su orientación global y las características y legitimidad de sus representaciones sociales, no siempre exento de nuevos y minoritarios fanatismos antipluralistas y pugnas sectarias.
Las dos tendencias principales del movimiento feminista
Ya me he referido al sentido igualitario y participativo de esta nueva etapa (ola) feminista. Ahora, señalo un aspecto específico que refuerza esos rasgos y delimita, a mi parecer, las dos tendencias principales, contrapuestas y/o complementarias, del movimiento feminista, aun dentro de unos discursos formalmente antidiscriminatorios e igualitarios y la pluralidad de justificaciones: una dinámica transformadora, real y efectiva, que exige cambios sustantivos e inmediatos, en particular en esos dos grandes ejes, por la igualdad y contra la violencia machista; otra dinámica retórica y adaptativa, con cambios formalistas, emplazamientos de temas secundarios o desvíos demagógicos y contraproducentes como la alternativa punitivista, de intentar resolverlo todo con mayor dureza del código penal.
Afecta al prestigio y la legitimidad, por una parte, de la acción institucional y la élite gobernante en esta larga década pasada, y, por otra parte, a la nueva (y vieja) generación de activistas feministas, con muchas interacciones intermedias y mixtas. Por tanto, es oportuno profundizar en sus características para dibujar, entre otras cosas, el futuro de la activación feminista y la relación mutua con el nuevo gobierno progresista de coalición, con su tarea pendiente.
La percepción ciudadana de las insuficiencias del entramado legal e institucional, con la persistencia de una situación de desventaja e indefensión, ha configurado una actitud reivindicativa y crítica de muchas mujeres (y hombres) hacia los poderes establecidos (gubernativo, empresarial y judicial).
En particular, hemos vivido la experiencia de los límites de las dos grandes legislaciones aprobadas por el primer Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, sobre las medidas de Protección integral contra la violencia de género (2004) y la ley para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres (2007). Ambas han introducido algunas mejoras concretas, han construido un positivo y ambivalente armazón institucional y de subvención a organizaciones asistenciales y de acompañamiento y, especialmente, han promovido una mayor sensibilización pública.
Distintas leyes, como la regulación del matrimonio igualitario (2005), han abierto una ampliación de los derechos civiles, aunque quedan muchas facetas por avanzar respecto de la diversidad sexual o de los colectivos LGTBQ. E, igualmente, aspectos como la conciliación de la vida personal y familiar, en la que se han aprobado recientemente avances significativos sobre los permisos parentales, la generalización de la escuela de 0 a tres años, el fortalecimiento de la atención pública a la dependencia o la protección a la maternidad y el apoyo a las familias, podemos decir, al menos, que siguen estancados y lejos de las garantías y coberturas de otros países de nuestro entorno.
Pero, aparte de su escasa financiación y el limitado apoyo práctico en distintos niveles de la Administración, después de más de una década de su aplicación y en el contexto regresivo de las políticas públicas ante la crisis social y económica, especialmente en la gestión gubernamental de la derecha del PP, han demostrado su clara insuficiencia. En particular, han fallado en los dos aspectos fundamentales que anunciaban en sus títulos, su carácter de ‘protección integral’ e ‘igualdad efectiva’, que solo han servido para adjudicarles una funcionalidad embellecida.
En el primer caso, no ha habido acción integral, y menos preventiva y educativa, y sí un desarrollo unilateral punitivo con un refuerzo autoritario del código penal y su aplicación sin apoyo suficiente a las víctimas. En el segundo caso, no se ha avanzado en una igualdad real y efectiva, la mayoría de las medidas han sido retóricas o se ha delegado en una negociación colectiva relativamente impotente, dada la prepotencia de la autoridad empresarial ampliada por las reformas laborales con el consiguiente debilitamiento de la capacidad sindical y del conjunto de personas trabajadoras. En ambas, se necesita un nuevo impulso de cambio real.
Un feminismo crítico, inclusivo y transformador
Ante las insuficiencias de esa gestión institucional y la persistencia de la gravedad discriminatoria, se ha reactivado la acción colectiva feminista crítica y avalada por un sentido ético de superación de esa desigualdad injusta, muy diversa, segmentada e interseccional, pero que afecta en distintas proporciones a la mayoría de las mujeres.
El movimiento feminista en España ha pasado por varias etapas, tiene variadas corrientes y una gran diversidad ideológica y política. No obstante, se ha constituido como una amplio y unitario movimiento social, democrático y progresista, que temen las derechas reaccionarias y los grupos conservadores por su impacto transformador. Tiene una orientación igualitaria frente a los privilegios relacionales, con la demanda de un reequilibrio de los papeles sociales tradicionales, entre mujeres y varones, un cambio cultural, familiar y de estilos de vida y un reajuste de las identificaciones personales y de género, de la masculinidad y la feminidad.
Como movimiento social y cultural progresista conlleva la necesidad de la acción colectiva frente a una situación de subordinación, una reafirmación en la participación cívica y solidaria y un sentido igualitario-emancipador. Dejando aparte los procesos nacionalistas, el movimiento feminista, dentro de su dinámica específica y autónoma, está enmarcado en dos hechos. Por un lado, el contexto de la persistencia de la crisis social y económica para las mayorías populares y las políticas regresivas y reaccionarias dominantes, vigentes hasta el actual cambio de ciclo político. Por otro lado, la experiencia del reciente movimiento de protesta social e indignación popular (15-M y similares), así como la formación de una corriente sociopolítica y electoral crítica que he llamado ‘progresismo de izquierdas’ con un fuerte componente juvenil, feminista y ecologista, representada, en gran medida, por las fuerzas del cambio y que ha reconfigurado el mapa político e institucional desde la pluralidad.
En definitiva, persisten los motivos para la acción colectiva feminista. Las demandas al nuevo Gobierno de coalición están claras y la oportunidad de cambio de las políticas públicas es realista. Pero la experiencia pasada de modificaciones retóricas o muy parciales, junto con callejones sin salida, están en la memoria colectiva. Y las grandes dificultades para reformas significativas son evidentes. Será necesario mantener la activación feminista… continuando por este 8 de marzo.
Antonio Antón. Profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid. Miembro del Comité de Investigación sobre «Movimientos sociales, acción colectiva y cambio social» de la Federación Española de Sociología – FES.
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