Ocho activistas del movimiento de solidaridad con Palestina se enfrentan a acusaciones que podrían suponerles cuatro años de prisión. El motivo es la participación en una campaña pacífica, por las redes sociales como Twitter, para que en agosto de 2015 el Festival Rototom Sunsplash de Benicàssim (Castellón) cancelara la invitación al cantante estadounidense Matisyahu, debido […]
Ocho activistas del movimiento de solidaridad con Palestina se enfrentan a acusaciones que podrían suponerles cuatro años de prisión. El motivo es la participación en una campaña pacífica, por las redes sociales como Twitter, para que en agosto de 2015 el Festival Rototom Sunsplash de Benicàssim (Castellón) cancelara la invitación al cantante estadounidense Matisyahu, debido a su «historial de defensa de crímenes de guerra y violaciones graves de los derechos humanos» contra el pueblo palestino, informa la Campanya per la llibertat d’expressió i contra la criminalització de la solidaritat amb Palestina. El comunicado de la Campanya añade que las «falsas acusaciones» se integran en una estrategia dirigida por el Estado de Israel y «sus grupos de presión» contra estas iniciativas y, principalmente, contra el movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) a Israel, que promovió en 2015 el boicot al artista en el festival reggae de Benicàssim.
Los defensores de los derechos humanos fueron citados a declarar por el juez de instrucción el lunes 14 de enero en los juzgados de Valencia. Todos ellos comparecieron y se acogieron a su derecho a no declarar. Se les acusa de presuntos delitos de coacción, amenazas e incitación al odio supuestamente relacionados con la campaña contra la actuación de Matisyahu. Fuentes próximas a los defensores confirman que, hasta el mes de noviembre, el juez podrá decidir si archiva el caso o se celebra finalmente el juicio.
La querella, admitida a trámite en febrero de 2017 por el Juzgado de Instrucción Número 19 de Valencia, fue presentada por el abogado Abel Isaac de Bedoya Piquer, presidente del denominado «Comité legal contra el antisemitismo y la discriminación»; los periódicos El Mundo y El País mencionaron en diciembre de 1998 a Abel Isaac de Bedoya como abogado de uno de los detenidos (y puesto en libertad tras el arresto) días después del asesinato del seguidor de la Real Sociedad, Aitor Zabaleta, en el contexto de las detenciones de miembros del grupo ultraderechista «Bastión 1903» (la Audiencia de Madrid condenó en abril de 2000 a Ricardo Guerra, del grupo neonazi «Bastión», a 17 años de prisión por el crimen).
La solidaridad con los activistas se ha expresado de diferentes modos. El 12 de enero se celebró un acto por la libertad de expresión en el Palau de l’Exposició de Valencia al que asistieron 200 personas, con la participación de Liliana Córdova Kaczerginski, coordinadora en Europa de la Red Internacional Judía Antisionista (IJAN); el cantautor valenciano, Pau Alabajos; la periodista Lola Bañón; David Couso, portavoz de la asociación de Hermanos, Amigos y Compañeros (HAC) de José Couso y la diputada en las Cortes Valencianas, Rosa de Falastín Mustafa.
El 10 de enero más de 2.000 personas y entidades habían manifestado su apoyo a los encausados, entre otras, la Embajada de Palestina en el estado español, la Unión General de las Comunidades Palestinas en Europa; el Instituto Internacional por la Acción No Violenta (NOVACT), el Centro de Información Alternativa (AIC) palestino-israelí, el Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos en la Palestina ocupada (2008-2014), Richard Falk; y el abogado natural de Gaza y fundador del Centro Palestino por los Derechos Humanos, Raji Sourani. «El BDS promueve las acciones pacíficas no por la identidad religiosa de las personas, en este caso judía, ya que hay judíos no sionistas en el BDS», afirma Imma Milan, una de las imputadas, en un vídeo realizado por el fotoperiodista Germán Caballero para el periódico Levante-EMV. De hecho, han respaldado a los activistas la red IJAN, la organización judía estadounidense Jewish Voice for Peace o la Associació Catalana de Jueus i Palestins (JUNTS).
¿Qué razones de fondo explican la querella? «Hay una instrumentalización muy clara de la justicia para intentar disuadir un movimiento creciente de solidaridad con Palestina», apunta Imma Milan en el vídeo de Levante-EMV. El abogado Andreu Moreno subrayó otra de las claves en el acto solidario del Palau de l’Exposició: «El delito de odio está pensado para proteger a las minorías y los colectivos vulnerables, mientras que un Estado que lleva a término el ‘apartheid’ es todo lo contrario». El artículo 510 del Código Penal español tipifica el delito de odio y discriminación: «Se está utilizando para tratar de acallar una protesta no violenta, y que cuenta cada vez con más apoyo internacional», añade Imma Milan.
Con una media, según su página Web, de 230.000 espectadores por edición, el festival europeo Rototom Sunsplash sostiene que sus principios son la defensa de la paz, del medio ambiente, los derechos humanos y el desarrollo sostenible; también asegura guiarse por la consigna «Otro mundo es posible» y los valores de la comunidad reggae. El cartel de 2015, titulado «Peace Revolution», incluía la actuación del músico reggae Matisyahu y la proyección del documental «Congo Beat the Drum», de Ariel Tagar, «que se benefició «de la publicidad del Estado sionista», explicó en agosto de 2015 el BDS-País Valencià. «Pedíamos coherencia con los valores que en principio defiende el festival», afirma Irene Esteban, otra de las internacionalistas procesadas. Matisyahu, añade la activista, justificó el asalto del ejército israelí a la Flotilla de la Libertad, que en 2010 llevaba ayuda humanitaria a Gaza y terminó con diez activistas asesinados (la entrevista con las explicaciones del cantante fue publicada, en junio de 2010, en The Jewish Chronicle).
El músico ha participado, asimismo, en galas para la recaudación de fondos organizadas por la Asociación de Amigos del Ejército de Israel (FIDF). Argumentos para el boicot a Matthew Paul Miller «Matisyahu» fueron, entre otros, su actuación como artista principal, en abril de 2015, en el festival pro-sionista Declare Your Freedom (DYF) 3.0, celebrado en la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans; o una de las respuestas en la entrevista concedida a The Cornell Daily Sun, en octubre de 2012, en la que empezaba afirmando: «Bien, hasta donde yo sé, nunca hubo un país llamado Palestina». Tras la campaña iniciada por el BDS-País Valencià, la organización del festival canceló el 15 de agosto la actuación del cantante, pero cuatro días rectificó y le invitó de nuevo para que saliera al escenario el 22 de agosto. «Matisyahu actúa en el Rototom entre abucheos del público y banderas palestinas», tituló su crónica El Periódico de Catalunya; la información añadía que el Ministerio de Asuntos Exteriores español, las embajadas de Estados Unidos e Israel y la Generalitat Valenciana rechazaron la anulación del concierto.
La Campaña de solidaridad con los activistas recuerda que en 2014 el foro de debates del Rototom Sunsplash invitó al BDS-País Valencià, «grupo al que pertenecen algunas de las acusadas hoy». En el verano de 2014 los bombardeos del Estado de Israel sobre la franja de Gaza se saldaron con más de 2.200 palestinos muertos -entre ellos 550 menores- y cerca de 100.000 personas sin hogar. Fue el balance de menos de dos meses de ataques por aire. Éste es uno de los motivos que explica las acciones del BDS, «un movimiento que nace en 2005 de la sociedad civil palestina para que Israel cumpla con el derecho internacional y los derechos humanos», concluye uno de los ocho imputados, Jorge Ramos Tolosa, miembro del BDS-País Valencià y profesor de Historia Contemporánea en la Universitat de València.
Mientras, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) destaca que en 2018 las fuerzas israelíes asesinaron a 295 palestinos e hirieron a más de 29.000; se trata, según el organismo de la ONU, de la cifra más elevada de muertos desde el conflicto de Gaza en 2014; además en 2018 la OCHA registró 265 casos en los que colonos israelíes asesinaron, hirieron a ciudadanos palestinos o dañaron sus propiedades, lo que supone un incremento del 69% respecto a 2017. Al balance se agregan las 459 «estructuras» palestinas en Cisjordania demolidas o incautadas en 2018 por orden de las autoridades de Israel.
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