La decisión del gobierno de Estados Unidos de proceder a una venta limitada de armas a Bahrein es duramente criticada por grupos de derechos humanos y prodemocráticos. Estas organizaciones, así como varios congresistas, exigen al gobierno de Barack Obama que diga públicamente qué pretende suministrar a ese reino del Golfo. Además, alertan, cualquier transferencia militar […]
La decisión del gobierno de Estados Unidos de proceder a una venta limitada de armas a Bahrein es duramente criticada por grupos de derechos humanos y prodemocráticos.
Estas organizaciones, así como varios congresistas, exigen al gobierno de Barack Obama que diga públicamente qué pretende suministrar a ese reino del Golfo.
Además, alertan, cualquier transferencia militar en este momento sería vista por la oposición bahreiní como un apoyo al represivo régimen de Manama.
«Aun una limitada venta de artículos al gobierno bahreiní enviaría el mensaje equivocado», dijo David Kramer, presidente de Freedom House, grupo prodemocrático que recibe apoyo de la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), a su vez financiada por el Congreso legislativo estadounidense.
«Estados Unidos no debería considerar la venta de ningún artículo militar hasta que el gobierno bahreiní ponga fin a los sistemáticos abusos a los derechos humanos, permita un acceso irrestricto a los medios de comunicación y a organizaciones internacionales, y comience a implementar una significativa reforma política», dijo Kramer el lunes 30.
Otros sectores son un poco más cautos. «Como los detalles (de la venta) son secretos, es difícil determinar en forma independiente si el gobierno de Estados Unidos provee el tipo de armas, municiones y equipos que las fuerzas de seguridad (bahreiníes) podrían usar para violar los derechos humanos», dijo el director para Medio Oriente de Amnistía Internacional, Sanjeev Bery.
No obstante, «en momentos en que los bahreiníes sufren abusos, no parece correcto que se entregue equipamiento (armamentístico) adicional a su gobierno», añadió, y condenó las muertes en enero de al menos nueve personas en la represión.
Las históricas relaciones entre Washington y las fuerzas militares de regímenes amigos pero represivos del norte de África y Medio Oriente se han vuelto cada vez más problemáticas en el marco de las revueltas de la Primavera Árabe que estallaron el año pasado.
Activistas, respaldados por legisladores, pidieron a Obama que suspendiera su asistencia militar por 1.300 millones de dólares a Egipto hasta que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que gobierna transitoriamente ese país, cesara su persecución a organizaciones no gubernamentales internacionales y locales.
En los últimos días, Washington sugirió que podría acceder a esa petición, a menos que El Cairo permita la salida del país de media docena de activistas apoyados por la NED, cuyas oficinas fueron allanadas por fuerzas de seguridad egipcias a comienzos de este mes.
Grupos de derechos humanos también critican a Washington por seguir brindando ayuda antiterrorista a Yemen, cuyo presidente, Ali Abdalá Saleh, acaba de llegar a Estados Unidos para recibir tratamiento médico. Su régimen es objeto de masivas protestas prodemocráticas.
La situación en Bahrein, aliado estratégico en el Golfo, causó grandes dolores de cabeza a la administración de Obama el año pasado.
Sede de la Quinta Flota de la marina estadounidense, ese reino se ha vuelto cada vez más importante en el marco de las tensiones entre Irán, por un lado, e Israel y los países del Golfo gobernados por familias de la rama sunita del Islam, por el otro, que se agravaron en 2011.
La familia gobernante de Bahrein, los Al Jalifa, reina sobre una mayoritaria población chiita que, con el apoyo también de algunos sunitas, demanda reformas políticas.
Reforzada por 1.500 soldados y policías de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, la monarquía bahreiní lanzó una dura represión contra el movimiento opositor a mediados de marzo, arguyendo que elementos chiitas respaldados por Irán querían desestabilizar el país.
En los meses siguientes, más de 40 manifestantes fueron reportados muertos, miles arrestados (muchos de ellos torturados) y cientos más desaparecidos.
Aunque la administración de Obama condenó al inicio la represión, permaneció relativamente alejada de la crisis la mayor parte del año pasado.
En forma secreta, aunque infructuosa, Washington intentó fortalecer el ala reformista de la familia gobernante bahreiní, liderada por el príncipe Salman bin Hamad Al Jalifa, advirtiendo que la represión, con redadas nocturnas contra barrios y aldeas chiitas, solo radicalizaría a la población y la entregaría a las manos de Irán.
Sin embargo, en septiembre, el gobierno de Obama informó al Congreso que pretendía vender 53 millones de dólares en misiles antitanque y vehículos militares multipropósito Humvee a Bahrein, lo que desató fuertes protestas.
Congresistas alertaron de que los Humvee en particular podrían ser utilizados contra el movimiento opositor.
El Congreso no pudo anular la venta, pero persuadió al gobierno de demorarla hasta que una comisión internacional presentara un informe sobre la situación en ese país.
Finalmente, la Comisión Bahreiní Independiente de Investigación, encabezada por el jurista egipcio-estadounidense Cherif Bassiouni, presentó un reporte que, entre otras cosas, instaba a juzgar a los culpables, liberar a los detenidos, reinstalar en sus puestos de trabajo a los despedidos y lanzar un diálogo serio entre el gobierno y la oposición para obtener reformas democráticas y constitucionales.
Por tanto, el gobierno de Obama anunció que el envío de armas dependería de la implementación de esas recomendaciones y de una mejora en la situación de derechos humanos.
Aunque el régimen en Bahrein ha dado algunos pasos tentativos en ese sentido, la oposición y la mayoría de los analistas coinciden en que no ha logrado el mínimo de lo que se le requería. Incluso, defensores de derechos humanos aseguran que la situación se ha agravado.
No obstante, el Departamento de Estado (cancillería) informó la semana pasada que procedería con la venta de algunos artículos militares, como «repuestos y equipos de mantenimiento… necesarios para la defensa externa de Bahrein y el apoyo de las operaciones de la Quinta Flota».
La cancillería señaló además que el valor de esas transferencias «no era tan grande como para requerir una notificación al Congreso». Ninguno de esos artículos «pueden ser usados contra los manifestantes» agregó.
Pero los críticos temen que el gobierno esté intentando repartir el conjunto original de armamentos en paquetes pequeños que le permitan eludir la notificación al Poder Legislativo.
De allí que reclamen conocer con precisión qué equipos se están vendiendo.
«Un poco más de transparencia no le vendría nada mal a la administración», dijo Brian Dooley, especialista en el Golfo de la entidad Human Rights First a quien el gobierno de Bahrein le prohibió el ingreso este mes.
«Pero hay que cuestionar la oportunidad de esto», agregó en referencia a las tensiones que crecen a medida que se acerca el aniversario de la primera gran manifestación democrática, el 14 de febrero de 2011.
«Febrero se anuncia ominoso», dijo Dooley a IPS. «Posiblemente haya intentos de organizar una o varias grandes protestas, y el gobierno no da señales de poder controlarlas adecuadamente».
«Manifestaciones mucho menores este mes fueron reprimidas con uso excesivo de la fuerza», agregó.
Fuente: http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=100063
* El blog de Jim Lobe puede leerse en: http://www.lobelog.com.