Las autoridades sirias anunciaron ayer una serie de decisiones para dar respuesta a las demandas «justificadas» del pueblo y que va a formar una comisión para investigar en la ciudad de Deraa, en el sur del país, donde el miércoles las fuerzas de seguridad dispararon a los manifestantes causando, según la oposición, un centenar de […]
Las autoridades sirias anunciaron ayer una serie de decisiones para dar respuesta a las demandas «justificadas» del pueblo y que va a formar una comisión para investigar en la ciudad de Deraa, en el sur del país, donde el miércoles las fuerzas de seguridad dispararon a los manifestantes causando, según la oposición, un centenar de muertos.
El jefe del Estado, Bashar al-Assad, se ha comprometido, según la consejera de la Presidencia Buzaina Shaaban, a estudiar la posibilidad de levantar «lo antes posible» el estado de emergencia, en vigor desde 1963, y adoptar en su lugar «nuevas leyes que garanticen la seguridad». También está decidido a introducir «mecanismos» para combatir la corrupción, una de las principales demandas de los ciudadanos en Deraa, y a elaborar nuevas leyes de partidos políticos y de prensa y reforzar el sistema judicial.
Según informó Shaaban, Al-Assad está dispuesto, además, a enmendar la ley que regula las regiones fronterizas, lo que afecta a la región de Hauran, donde se encuentra Deraa, ciudad muy próxima a la frontera con Jordania, con el objetivo de «facilitar la vida de la población y acabar con sus quejas». Igualmente, se impulsará el sistema judicial y se adoptarán «decisiones rápidas en relación con las demandas de los ciudadanos».
Asimismo, se anunció una serie de medidas sociales que el Gobierno pondrá en marcha, entre ellas un aumento inmediato de los salarios de los funcionarios y la dedicación de recursos a la creación de empleo.
En cuanto a la comisión de investigación, Shaaban explicó que su objetivo es contactar con los habitantes de Deraa para «responder a sus demandas, determinar responsabilidades y castigar a los responsables de negligencia».
«Las demandas legítimas del pueblo están en la mesa de estudio» del presidente y de la jefatura del partido Baaz, señaló Shaaban, quien criticó, no obstante, las «exageradas» informaciones difundidas por los medios de comunicación extranjeros.
Balance de muertos en Deraa
Ayer, más de 20.000 personas reclamaron ayer «libertad» durante los funerales por nueve de los manifestantes antigubernamentales abatidos el miércoles por las fuerzas de seguridad en Deraa, donde el balance de víctimas mortales supera el centenar, según AFP que cita a la oposición y a activistas de derechos humanos, aunque fuentes hospitalarias lo sitúan en 37.
«Seguramente hay más de cien muertos y la ciudad necesitará una semana para enterrar a los mártires», señaló telefónicamente a AFP Ayman al-Assuad, activista sirio por los derechos humanos. Otro militante aseguró que el número de muertos en Deraa y en otras localidades vecinas «supera los 150».
Además, las fuerzas de seguridad han realizado innumerables arrestos, tanto en Deraa como en ciudades vecinas.
Deraa, que desde el pasado viernes se ha convertido en el epicentro de las protestas contra el régimen de Bashar al-Assad, en el poder desde 2000, cuando sucedió después de tres décadas a su fallecido padre Hafez, se encuentra prácticamente aislada y tomada por soldados armados con fusiles de asalto, efectivos de la Policía secreta y unidades especiales.
La web opositora Ajbar al-Sharq informó ayer de que la mezquita Al-Omari estaba cercada y de que se escuchaban intensos tiroteos en la ciudad, que ayer amaneció desierta y con sus accesos cortados por las fuerzas de seguridad.
Hoy se han convocado protestas en todo el país.
acorralado
El presidente yemení, Ali Abdalah Saleh, continúa acorralado a pesar de haber multiplicado sus concesiones, incluida su marcha antes de fin de año, que han sido rechazadas por la oposición y la calle, que ayer le seguían exigiendo que deje el poder inmediatamente.
persecución
Amnesty International acusó ayer a las autoridades de Bahrein de mantener su campaña de represión contra los opositores, activistas y médicos, pero el reino gobernado por una monarquía suní se defendió de esta acusación denunciando atentados contra la estabilidad del país.
El boicot islamista amenaza con hacer estallar Jordania
El boicot de las cuatro organizaciones de la oposición islamista al diálogo nacional puesto en marcha por el Gobierno de Jordania para acabar con tres meses de protestas está impidiendo su avance y amenaza con hacer explotar la situación, según analistas.
El 14 de marzo, el primer ministro, Maruf Bakhit, estableció un comité de diálogo nacional integrado en un intento de reformular la ley electoral y de partidos, pero ha fracasado en su pretensión al negarse los islamistas a participar por no incluir en su agenda reformas de la Carta Magna que posibiliten una transición hacia una monarquía constitucional que limite los poderes del rey, en particular sus atribuciones de nombrar al Ejecutivo.
Alrededor de quinientos jóvenes de todas las tendencias políticas, agrupados bajo el nombre «Jóvenes del 24 de marzo», se reunieron en la plaza Abdel Nasser de Ammán con la intención de acampar indefinidamente en terrenos baldíos adyacentes a ese lugar en demanda de un plan de reforma y enmiendas constitucionales que garanticen un sistema parlamentario.
Las protestas que realizan en Jordania la oposición islamista y movimientos nacionalistas y de izquierda no exigen un cambio de régimen sino reformas políticas y medidas para acabar con la corrupción.