La pena de 15 años de prisión al ciudadano estadounidense Alan Gross, a quien Cuba imputó el delito de «actos contra la independencia o la integridad territorial del Estado», es parte de un nuevo capítulo del conflicto entre La Habana y Washington, que ahora se libra en el ciberespacio. Cuba sostiene que Gross hacía llegar […]
La pena de 15 años de prisión al ciudadano estadounidense Alan Gross, a quien Cuba imputó el delito de «actos contra la independencia o la integridad territorial del Estado», es parte de un nuevo capítulo del conflicto entre La Habana y Washington, que ahora se libra en el ciberespacio.
Cuba sostiene que Gross hacía llegar tecnología a grupos de la oposición política interna, incluidos periodistas independientes y otros líderes de esos sectores de la sociedad civil cubana que han concentrado sus actividades antigubernamentales en Internet y las redes sociales.
De acuerdo con Estados Unidos, Gross es una persona de «buena voluntad», que ha ayudado a mucha gente en el mundo y cuya actividad en Cuba se limitaba a entregar computadoras y celulares a organizaciones judías para mejorar sus condiciones de comunicación y acceso a la información.
Un comunicado oficial, divulgado por la televisión estatal cubana el sábado 12, indicó que durante la vista oral del juicio, los días 4 y 5 de este mes, «el acusado reconoció haber sido utilizado y manipulado por la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (Usaid) subordinada al Departamento de Estado» (cancillería) de Estados Unidos.
En el momento de su detención en Cuba, el 3 de diciembre de 2009, Gross trabajaba para la empresa Development Alternatives (DAI), con sede en Bethesda, al norte del distrito de Washington, que se dedica a ejecutar proyectos de desarrollo en otros países y es contratada, entre otros, por la Usaid.
Según el comunicado cubano, las pruebas presentadas en el juicio demostraron la participación directa de Gross «en un proyecto subversivo del gobierno de Estados Unidos» contra esta isla caribeña, «mediante el empleo de sistemas de infocomunicaciones fuera del control de las autoridades para promover planes desestabilizadores».
«La familia Gross está devastada por el veredicto y dura sentencia anunciada hoy por las autoridades cubanas. Habiendo pasado 15 meses en una cárcel de Cuba, Alan y su familia han pagado un enorme precio personal por el prolongado conflicto» entre los dos países, dijo a la prensa el abogado del estadounidense, Peter Kahn.
En tanto, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Tommy Vietor, consideró que la sanción añade «otra injusticia al suplicio de Alan Gross» y reiteró un llamado a La Habana para la liberación inmediata e incondicional del preso que, según Washington, sólo ayudaba a la comunidad judía cubana.
La divulgación de la condena a Gross coincidió con el anuncio de un nuevo capítulo de la serie documental «Las razones de Cuba», emitida por la televisión estatal. La siguiente entrega, «Mentiras bien pagadas», se dedicará la noche de este lunes 14 al «financiamiento para la ciberguerra de Estados Unidos contra la isla», dijeron fuentes oficiales cubanas.
El sitio web Cubadebate sostiene que el nuevo episodio ahondará en las formas que supuestamente emplea Washington para financiar a presuntos líderes de la sociedad civil y a periodistas independientes, que se expresan sobre todo por medios electrónicos y reciben instrucciones para tratar temas cubanos con «una orientación contrarrevolucionaria».
«El documental ofrecerá, además de informaciones desclasificadas por el gobierno cubano, detalles sobre las partidas presupuestarias que recibe la agencia gubernamental Usaid, de los Estados Unidos, con fines subversivos contra Cuba», añadió Cubadebate, que se autodefine como un sitio web «contra el terrorismo mediático».
Finalizado el proceso a Gross y cuando aún se esperaba la sentencia, la televisión cubana transmitió otro capítulo de «Las razones de Cuba», también dedicado a demostrar cómo el gobierno estadounidense introduce tecnología de comunicaciones en este país caribeño para promover «acciones subversivas».
En ese programa, un joven especialista en telecomunicaciones relataba que fue captado en 2007 por una organización estadounidense que le proporcionó cuatro antenas satelitales camufladas como tablas de surf para que creara redes de comunicación ilegales en Cuba.
El traslado del conflicto bilateral al ciberespacio cobró fuerza cuando el año pasado Wikileaks divulgó un cable transmitido por la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana (SINA) en el que, además de criticar a la oposición política, el titular de esa representación diplomática reconocía el impacto social que pueden jugar otros sectores, como los blogueros.
«Debemos continuar abriendo Cuba a la era de la información» con el fin de «ayudar y estimular a las generaciones más jóvenes de cubanos en la búsqueda de más libertades y oportunidades», aseguraba el cable fechado el 15 de abril de 2009 y firmado por Jonathan Farrar, jefe de la SINA.
La sentencia de Gross parece cerrar, además, las puertas a una flexibilización de la política de sanciones de Estados Unidos contra Cuba, una posibilidad que se manejó con fuerza cuando fue investido presidente Barack Obama, en enero de 2009, pero que desde el año pasado ha sido descartada por altos funcionarios del gobierno cubano de Raúl Castro.
Gross podría interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Cuba contra la pena impuesta, sostuvo el comunicado oficial. La fiscalía había solicitado 20 años de reclusión, el castigo máximo del Código Penal por el delito imputado.