La Encuesta Nacional de Envejecimiento realizada hace nueve años reveló que las pensiones continuaban siendo la lima que le corta los dientes a los bolsillos de los cubanos más viejos. Siete de cada 10 expresó que tanto ahora como en el futuro estas serían su sustento estable más probable; pero ocho de cada 10 la […]
La Encuesta Nacional de Envejecimiento realizada hace nueve años reveló que las pensiones continuaban siendo la lima que le corta los dientes a los bolsillos de los cubanos más viejos. Siete de cada 10 expresó que tanto ahora como en el futuro estas serían su sustento estable más probable; pero ocho de cada 10 la consideró insuficiente.
Muchos ancianos afirmaron recibir algún tipo de ayuda financiera de familiares dentro o fuera del país. Otros más saludables redondean sus finanzas ejerciendo el trabajo por cuenta propia. El Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social indica que el 11 por ciento de los 580 mil cuentapropistas cubanos es jubilado.
Los economistas coinciden en que algo debía hacerse frente a la disminución de la cobertura de pensiones, en tanto se expande el sector laboral no estatal, y especialmente por el envejecimiento demográfico, expresado en el aumento del número de pensionados y en la disminución de la cantidad de trabajadores que los sostienen.
Blanca Munster, experta del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM) alerta sobre el dilema de quienes, teniendo edad de jubilarse, se resisten a hacerlo. Muchos esperan por mejoras salariales que tributen una pensión de mayor cuantía, comenta.
Dichas realidades incluso tienen implicaciones hacia el llamado interior del país. Los investigadores Silvia Odriozola Guitart y Henry Colina de la Universidad de La Habana señalan que los salarios medios mensuales en la región oriental de la nación son inferiores a los del resto de las provincias, lo cual impacta directamente en el cálculo de las pensiones por vejez, colocándolos en desventaja.
Los analistas avisan que, de no introducirse mecanismos de crecimiento de los salarios, o por lo menos de recuperación de su poder adquisitivo real, será mayor la brecha entre el aporte total de empleadores y empleados a los fondos de la seguridad social, y el gasto que finalmente hace el Estado para mantener en número negros a todo el Sistema. El asunto es cómo, en medio del panorama económico adverso del país, obtener la moneda dura que necesita el Sistema de Seguridad Social en Cuba para poder brindar una cobertura completa y suficiente.
Una de las opciones manejadas por Odriozola y Colina es utilizar estos fondos como fuente de inversión. Conscientes de los riesgos económicos y hasta políticos, plantean hacerlo solo «con quienes superen un determinado umbral de ingresos», concentrando la inversión en activos que califican de menos riesgosos, como depósitos bancarios a plazo fijo o bonos del Estado. Ambos son partidarios de extender más la edad de jubilación porque «el tiempo de permanencia en el sistema también incrementa las cargas».
Para disminuir los efectos que eso tendría en las mujeres proponen exigirles menos años acreditados de servicio o exenciones fiscales a las embarazadas o cuidadoras, con subsidios gubernamentales directos, o incluso «puede valorarse la disminución de los años extra requeridos para acceder a la jubilación, por cada hijo».
Una de las medidas gubernamentales para intentar disminuir los efectos negativos de sus reformas fue iniciar en 2014 un Programa de mejoramiento de las casas de abuelos y hogares de ancianos. Esa estrategia incluyó inquietantemente la suspensión del cobro de la pensión a los incapacitados mentales residentes en hogares de ancianos sin familiares o personas que los representen, y en cambio aumentó el pago por el servicio, siempre y cuando mejorara la calidad de la atención en estas instituciones.
El Ministerio de Salud destinó 66 millones de pesos adicionales a ese Programa, pero el primer control al mismo por cuenta del Parlamento a mediados de 2015 detectó varias incongruencias. Mientras 1200 camas se mantenían desactivadas en los hogares de ancianos de siete provincias por demoras en los procesos constructivos, se supo que a cada provincia se le había asignado idénticos montos presupuestarios. Ocurrió entonces que Villa Clara, el territorio más envejecido del Archipiélago padeció falta de fondos para la reparación de sus instituciones de atención a los adultos mayores, cuando en otras demarcaciones mucho dinero, tanto como un total de 22 millones de pesos, nunca se gastó.
A finales del año pasado fueron elevadas todas las prestaciones monetarias de los núcleos familiares protegidos por la asistencia social en 70 pesos (unos tres USD), estableciéndose además que la pensión mínima de la seguridad social por concepto de jubilación ya no sería 200 pesos (CUP) sino 242 (equivalente a 10 USD). Aunque el aumento es mínimo, teniendo en cuenta el costo real de la vida y la complejidad del sistema de precios en Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel aseguró que esos pasos «son un anticipo parcial de las medidas que se adoptarán para ordenar la situación de los salarios, pensiones, prestaciones de la asistencia social, subsidios y gratuidades».
Cuestión de balance
Tan pronto como en el 2025 Cuba tendrá el mayor porcentaje de población envejecida de América Latina y el Caribe, y aunque la Constitución vigente establece derechos fundamentales a este grupo poblacional, aun antes del actual proceso hacia una nueva Carta Magna, juristas advertían la urgencia de un apartado legal que les garantice una atención diferenciada.
Desde 2015 Erlisnay Rivera, especialista de la Dirección Provincial de Justicia en Camagüey hacía notar que la legislación existente entorpece la atención integral a los adultos mayores.
A esas demandas desde la jurisprudencia se unieron las del resto de la ciudadanía durante la consulta popular, quedando claro que no bastaba con lo planteado en el nuevo texto. Porque, dijeron, asumir que la familia tiene que hacerse responsable de sus mayores no es lo justo para todos por cuanto es el Estado quien tiene la responsabilidad primaria y el cometido familiar no era legalmente vinculante.
En la versión que se someterá a referendo quedó explicitado el derecho de las personas a la seguridad social y del Estado a garantizarlo. Luego remarca que la obligación, aunque conjunta, se materializa desde ángulos distintos: el Estado debe «facilitar las condiciones para satisfacer las necesidades y elevar la calidad de las personas adultas mayores (…) y respetar su autodeterminación, garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y promover su integración y participación social»; los hijos deberán «respetar, atender y proteger a sus madres, padres y otros parientes, conforme con lo establecido en la ley».
Tal cual ocurre con la salud y la educación, el dinero pesa en el sostenimiento del Sistema de Seguridad Social cubano. De hecho fuentes oficiales ya anticiparon que los fondos para este en 2030 serán el doble de los actuales 6,2 mil millones de pesos anuales, y que el Estado continuará siendo el mayor contribuyente a esos gastos.
Parece claro que se agotaron las posibilidades de disminuir la cantidad de jubilados y pensionados para incrementar el capital disponible. Por tanto, son enormes los desafíos en el orden jurídico y económico para el indispensable sostenimiento de este sistema. Cualquier paso, preferiblemente en el futuro cercano, deberá evitar el extremo indeseable de evitar comprometerse con la protección integral de quienes lo necesiten. Sencillamente algunos siempre necesitarán ayuda.
Fuente: http://progresosemanal.us/20190124/algunos-siempre-necesitaran-ayuda/