Amnistía Internacional pide a los gobiernos de los Estados que son altas partes contratantes en el Convenio IV de Ginebra, relativo a la protección de la población civil en tiempo de guerra, que emprendan acciones para impedir un deterioro aún más drástico de la situación de los derechos humanos de la población palestina en Cisjordania […]
Amnistía Internacional pide a los gobiernos de los Estados que son altas partes contratantes en el Convenio IV de Ginebra, relativo a la protección de la población civil en tiempo de guerra, que emprendan acciones para impedir un deterioro aún más drástico de la situación de los derechos humanos de la población palestina en Cisjordania y la Franja de Gaza.
A la organización le preocupa el hecho de que la reciente decisión de la Unión Europea (UE) y Estados Unidos de cortar el apoyo económico a la Autoridad Palestina podría tener consecuencias muy graves para la salud, la educación y otros derechos económicos y sociales de los palestinos que viven bajo ocupación israelí. Según un estudio del Banco Mundial publicado el mes pasado, se espera que la economía palestina, ya en una situación crítica a causa los años de conflicto y de los constantes controles israelíes, se reduzca un 27 por ciento más para finales de 2006 a consecuencia del corte de la financiación de la UE y Estados Unidos a la Autoridad Palestina.
Tanto los Estados de la UE como Estados Unidos son altas partes contratantes de los Convenios de Ginebra y, por ello, tienen la obligación de «respetar y hacer respetar» los Convenios en todo momento. Estos Estados también tienen responsabilidades a este respecto en virtud del derecho internacional de derechos humanos. Por ello, tienen la obligación de garantizar la protección de la población palestina de Cisjordania y la Franja de Gaza, cuyas condiciones previsiblemente se deteriorarán de forma notable por la decisión de esos mismos gobiernos de cortar los fondos para la Autoridad Palestina, ahora bajo un gobierno encabezado por Hamás.
Durante más de un decenio, la financiación de la UE y Estados Unidos ha sido crucial para que la Autoridad Palestina pudiera proporcionar servicios de salud, educación y la mayoría de los demás servicios fundamentales a la población palestina de Cisjordania y la Franja de Gaza. Estos gobiernos asumieron su responsabilidad ante la negativa de Israel a hacerlo a pesar de que, como potencia ocupante, es Israel quien tiene la principal obligación, en virtud del derecho internacional, de «garantizar que se satisfagan las necesidades básicas de la población de los territorios ocupados». El 11 de abril, reiterando esta cuestión, el Comité Internacional de la Cruz Roja advirtió: «[…] de ningún modo debe pensarse que las organizaciones humanitarias pueden reemplazar a la Autoridad Palestina en su función de proveedor de servicios públicos».
De igual modo, en su reciente informe titulado «Valoración de los futuros riesgos humanitarios en los territorios palestinos ocupados» (Assessment of the future humanitarian risks in the occupied Palestinian territory), la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) de la ONU señaló: «En virtud del Convenio IV de Ginebra, Israel, como potencia ocupante, es responsable del bienestar de la población palestina. En los últimos años, los donantes internacionales y la Autoridad Palestina han asumido en la práctica este papel. Si la Autoridad Palestina no puede proporcionar servicios básicos a la población palestina y los donantes retienen la ayuda, el énfasis volverá a Israel para que retome su obligación legal».
El hecho de que Israel sea responsable en última instancia del bienestar de la población de los territorios ocupados no significa que la comunidad internacional no deba desempeñar ningún papel en el respeto de los derechos humanos en Cisjordania y la Franja de Gaza. Además de su responsabilidad, como altas partes contratantes, de garantizar que Israel respeta las obligaciones que ha contraído en virtud de los Convenios de Ginebra, los Estados tienen deberes en virtud del derecho internacional de derechos humanos.
Así, todos los Estados miembros de las Naciones Unidas se han comprometido a «tomar medidas conjunta o separadamente» para hacer realidad «el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades», y a buscar «[l]a solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario, y de otros problemas conexos». (Carta de las Naciones Unidas, artículos 55 y 56).
Asimismo, los Estados Partes en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se han comprometido «a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas» para hacer realidad de forma progresiva los derechos económicos, sociales y culturales. Los Estados que se encuentran en situación de proporcionar recursos para garantizar los niveles esenciales mínimos de asistencia médica, agua potable, educación, alimento y alojamiento están obligados a hacerlo.
La UE y Estados Unidos deben tomar medidas para garantizar que su decisión de cortar la financiación no afecta negativamente a los derechos humanos. También deben garantizar que la ayuda de emergencia esencial para hacer realidad los derechos humanos fundamentales no se utiliza nunca como herramienta de negociación para alcanzar fines políticos.
Numerosos informes del Banco Mundial y otros órganos de la ONU han señalado que las estrictas restricciones impuestas -alegando razones de seguridad- por Israel a la circulación de personas y bienes dentro de los Territorios Ocupados y entre ellos es la causa principal del fuerte incremento en los últimos años del desempleo y la pobreza entre la población palestina. Estas restricciones siguen aumentando, con Cisjordania ahora dividida de hecho en varios cantones (Norte, Centro y Sur, Este, Oeste), cada uno de ellos separado de los demás, y entre los cuales no se permite a los palestinos circular libremente. Mientras tanto, el cierre por parte de Israel del paso de Karni a la Franja de Gaza ha alterado seriamente la circulación de bienes palestinos, agravando aún más la situación económica.
Amnistía Internacional sigue pidiendo a las autoridades israelíes que cumplan con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario y de derechos humanos, levantando, entre otras cosas, las restricciones innecesarias, desproporcionadas y arbitrarias impuestas actualmente a la circulación de personas y bienes palestinos en los Territorios Ocupados.
La organización reitera también sus llamamientos a la Yihad Islámica y a todos los grupos armados palestinos para que cesen de inmediato los ataques indiscriminados y deliberados contra civiles palestinos. Esos ataques están prohibidos en todo momento y toda circunstancia.
La organización reitera asimismo su llamamiento a la Autoridad Palestina para que tome todas las medidas posibles con el fin de detener y prevenir los ataques de grupos armados palestinos e investigue cualquier ataque o intento de ataque de este tipo que se pueda producir, y que lleve ante la justicia a los responsables, incluidos los responsables de ataques perpetrados en el pasado.
A la organización le preocupa el hecho de que la reciente decisión de la Unión Europea (UE) y Estados Unidos de cortar el apoyo económico a la Autoridad Palestina podría tener consecuencias muy graves para la salud, la educación y otros derechos económicos y sociales de los palestinos que viven bajo ocupación israelí. Según un estudio del Banco Mundial publicado el mes pasado, se espera que la economía palestina, ya en una situación crítica a causa los años de conflicto y de los constantes controles israelíes, se reduzca un 27 por ciento más para finales de 2006 a consecuencia del corte de la financiación de la UE y Estados Unidos a la Autoridad Palestina.
Tanto los Estados de la UE como Estados Unidos son altas partes contratantes de los Convenios de Ginebra y, por ello, tienen la obligación de «respetar y hacer respetar» los Convenios en todo momento. Estos Estados también tienen responsabilidades a este respecto en virtud del derecho internacional de derechos humanos. Por ello, tienen la obligación de garantizar la protección de la población palestina de Cisjordania y la Franja de Gaza, cuyas condiciones previsiblemente se deteriorarán de forma notable por la decisión de esos mismos gobiernos de cortar los fondos para la Autoridad Palestina, ahora bajo un gobierno encabezado por Hamás.
Durante más de un decenio, la financiación de la UE y Estados Unidos ha sido crucial para que la Autoridad Palestina pudiera proporcionar servicios de salud, educación y la mayoría de los demás servicios fundamentales a la población palestina de Cisjordania y la Franja de Gaza. Estos gobiernos asumieron su responsabilidad ante la negativa de Israel a hacerlo a pesar de que, como potencia ocupante, es Israel quien tiene la principal obligación, en virtud del derecho internacional, de «garantizar que se satisfagan las necesidades básicas de la población de los territorios ocupados». El 11 de abril, reiterando esta cuestión, el Comité Internacional de la Cruz Roja advirtió: «[…] de ningún modo debe pensarse que las organizaciones humanitarias pueden reemplazar a la Autoridad Palestina en su función de proveedor de servicios públicos».
De igual modo, en su reciente informe titulado «Valoración de los futuros riesgos humanitarios en los territorios palestinos ocupados» (Assessment of the future humanitarian risks in the occupied Palestinian territory), la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) de la ONU señaló: «En virtud del Convenio IV de Ginebra, Israel, como potencia ocupante, es responsable del bienestar de la población palestina. En los últimos años, los donantes internacionales y la Autoridad Palestina han asumido en la práctica este papel. Si la Autoridad Palestina no puede proporcionar servicios básicos a la población palestina y los donantes retienen la ayuda, el énfasis volverá a Israel para que retome su obligación legal».
El hecho de que Israel sea responsable en última instancia del bienestar de la población de los territorios ocupados no significa que la comunidad internacional no deba desempeñar ningún papel en el respeto de los derechos humanos en Cisjordania y la Franja de Gaza. Además de su responsabilidad, como altas partes contratantes, de garantizar que Israel respeta las obligaciones que ha contraído en virtud de los Convenios de Ginebra, los Estados tienen deberes en virtud del derecho internacional de derechos humanos.
Así, todos los Estados miembros de las Naciones Unidas se han comprometido a «tomar medidas conjunta o separadamente» para hacer realidad «el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades», y a buscar «[l]a solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario, y de otros problemas conexos». (Carta de las Naciones Unidas, artículos 55 y 56).
Asimismo, los Estados Partes en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se han comprometido «a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas» para hacer realidad de forma progresiva los derechos económicos, sociales y culturales. Los Estados que se encuentran en situación de proporcionar recursos para garantizar los niveles esenciales mínimos de asistencia médica, agua potable, educación, alimento y alojamiento están obligados a hacerlo.
La UE y Estados Unidos deben tomar medidas para garantizar que su decisión de cortar la financiación no afecta negativamente a los derechos humanos. También deben garantizar que la ayuda de emergencia esencial para hacer realidad los derechos humanos fundamentales no se utiliza nunca como herramienta de negociación para alcanzar fines políticos.
Numerosos informes del Banco Mundial y otros órganos de la ONU han señalado que las estrictas restricciones impuestas -alegando razones de seguridad- por Israel a la circulación de personas y bienes dentro de los Territorios Ocupados y entre ellos es la causa principal del fuerte incremento en los últimos años del desempleo y la pobreza entre la población palestina. Estas restricciones siguen aumentando, con Cisjordania ahora dividida de hecho en varios cantones (Norte, Centro y Sur, Este, Oeste), cada uno de ellos separado de los demás, y entre los cuales no se permite a los palestinos circular libremente. Mientras tanto, el cierre por parte de Israel del paso de Karni a la Franja de Gaza ha alterado seriamente la circulación de bienes palestinos, agravando aún más la situación económica.
Amnistía Internacional sigue pidiendo a las autoridades israelíes que cumplan con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario y de derechos humanos, levantando, entre otras cosas, las restricciones innecesarias, desproporcionadas y arbitrarias impuestas actualmente a la circulación de personas y bienes palestinos en los Territorios Ocupados.
La organización reitera también sus llamamientos a la Yihad Islámica y a todos los grupos armados palestinos para que cesen de inmediato los ataques indiscriminados y deliberados contra civiles palestinos. Esos ataques están prohibidos en todo momento y toda circunstancia.
La organización reitera asimismo su llamamiento a la Autoridad Palestina para que tome todas las medidas posibles con el fin de detener y prevenir los ataques de grupos armados palestinos e investigue cualquier ataque o intento de ataque de este tipo que se pueda producir, y que lleve ante la justicia a los responsables, incluidos los responsables de ataques perpetrados en el pasado.