Siendo Gonzalo Puente Ojea embajador de España ante la Santa Sede, solicitó al Gabinete de Presidencia del Gobierno socialista, en 1986, información sobre las partidas presupuestarias a favor de la Iglesia católica (Ic, en adelante). Dicho Gabinete, junto con la citada información detallada por Ministerios, adjuntó un párrafo que no tenía desperdicio: «Además de la […]
Siendo Gonzalo Puente Ojea embajador de España ante la Santa Sede, solicitó al Gabinete de Presidencia del Gobierno socialista, en 1986, información sobre las partidas presupuestarias a favor de la Iglesia católica (Ic, en adelante). Dicho Gabinete, junto con la citada información detallada por Ministerios, adjuntó un párrafo que no tenía desperdicio: «Además de la financiación directa con cargo a los Presupuestos del Estado, la Ic obtiene una importante financiación indirecta mediante las exenciones de impuestos o gravámenes que debería abonar conforme a la Legislación Fiscal en vigor. No se ha todavía calculado la cifra a la que asciende este beneficio fiscal, si bien se procurará obtener una estimación aproximada de la misma.»
Han transcurrido 24 Años y todavía sigue pendiente que el Gobierno de España elabore una estimación de las exorbitantes cantidades de que se beneficia la Ic y todas sus sociedades e instituciones, como consecuencia de las exenciones y bonificaciones fiscales al amparo de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979. Y ello en sus tres niveles administrativos: central, autonómico y local.
Conviene recordar que estas cuantiosas sumas se hurtan a los Presupuestos de estas tres administraciones y, por tanto, no están disponibles para financiar servicios de interés general, que beneficiarían a tod@s l@s ciudadan@s, independientemente de sus creencias y convicciones. Todo ello en beneficio de una creencia particular y de la Institución que dice representar: la Iglesia católica.
Esta breve introducción viene a cuento de la reciente Memoria de Actividades del ejercicio 2008, dada a la publicidad (pues de eso se trata, de publicidad) por la Conferencia Episcopal Española (en adelante, CEE), a través de los múltiples medios de comunicación de que es propietaria: televisiones, radios, periódicos en papel y digitales. Contando además, con la colaboración inestimable de los medios de comunicación de las cadenas autonómicas (radio y televisión) y de los medios generalistas de (des)información e (in)comunicación de la caverna mediática.
En primer lugar, cabe afirmar que dicha Memoria pretende servir al fin que menciona su título: justificar sus actividades. Por tanto, no hay información que permita hacerse una idea, siquiera aproximada, de los cuantiosos recursos económicos recibidos (o eximidos) por las distintas administraciones públicas y, lógicamente, del uso que de tales recursos se realiza. Tan sólo una sucinta referencia a su actividad litúrgica, pastoral o educativa. Y con ello, las mismas cifras que, año tras año, impiden ver el bosque de la financiación de la Ic en España.
1.- En el primer cuadro de dicha Memoria se presenta cómo se constituye el Fondo Común Interdiocesano (FCI, en adelante) en 2008 y lo compara con el año anterior. Este Fondo se compone de la asignación que sale de los Presupuestos del Estado, que se calcula en función de las «X» en la declaración del IRPF, denominada Asignación tributaria y de las aportaciones de las Diócesis. En la comparación que se realiza con el año anterior (2007), la Asignación tributaria se incrementa en un 2% y la de las Diócesis en un 2,7%. No obstante, basarnos sólo en la comparación con el año anterior sería engañoso: la tendencia, si incluimos años anteriores en dicha comparación, es que las Diócesis aportan cada vez menos y el Fondo Común Interdiocesano depende del Estado cada vez en mayor medida. De esta forma se ha llegado a la situación según la cual, las Diócesis aportan sólo el 8% del FCI, y el Estado aporta el restante 92%.
2.- El segundo cuadro de la Memoria nos muestra como se distribuye el FCI: el 84% de éste (140,5 M€, en 2008) se utiliza para sufragar los gastos de las diócesis, quedando el 16% restante (26 M€) para pagos que realiza directamente la gerencia de la CEE, en lo que denomina «aplicaciones generales», que comentaré posteriormente. De este cuadro se deduce claramente que si no fuera por la subvención aportada directamente por el Estado, las diócesis católicas no podrían funcionar.
En su balance particular de 2008, las diócesis han aportado 13,5 M€ al FCI, mientras que han recibido a través de él 140,5 M€. Por tanto, el déficit para el ejercicio de 2008 fue de 127 M€, lo que significa 9,4 veces más de lo que recaudan. En unos tiempos en que la lucha contra el déficit público y el recorte del gasto público se ha convertido en el objetivo principal de la política económica, resulta inexplicable que el Estado siga «alimentando», año tras año, a unas instituciones (las diócesis) que gastan diez veces más de lo que recaudan y que no realizan ningún servicio de interés general ni, por tanto, público. Y ello, en un Estado que se define en su Constitución, como aconfesional.
El corolario es que, ni siquiera los millones de personas católicas que dice la CEE que existen en España confían lo suficientemente en la jerarquía católica y en sus actividades, como para aportar los fondos necesarios para el funcionamiento de su Iglesia. Sin el apoyo del Estado, la Ic no funcionaría en España.
3.- En el tercer cuadro de la Memoria, se explica en qué se utilizan los 26 M€ del FCI (el 16%), a que aludía anteriormente, que gestionó directamente la gerencia de la CEE como «aplicaciones generales»: fundamentalmente, para remunerar a los obispos y al clero de las diócesis, así como para pagar su Seguridad Social. Con este fin se agota el 70% de estos gastos generales. Las Facultades eclesiásticas, la Universidad Pontificia de Salamanca y otros centros en Roma y Jerusalén se llevan otro 15%. Y otro 10% se emplea en actividades pastorales nacionales y en el extranjero.
Llama la atención, como aspecto curioso, que en la información ofrecida en años anteriores se mencionaba directamente el concepto «remuneración de los Srs. Obispos», que este año ha desaparecido, quizás bajo la rúbrica más indirecta, institucional y sibilina de «Conferencia Episcopal Española». ¿Tanto les preocupa a los Srs. Obispos que se visibilice tan claramente que están a sueldo del Estado? ¿Quizás prefieren expresarlo así porque resulte políticamente incorrecto que todos los españoles, sean cuales sean sus creencias o convicciones, sepan que están pagando el sueldo a unos obispos que torpedean «sin misericordia» todas las leyes que emanan del Parlamento, que sirven para reconocer o ampliar derechos civiles a distintos colectivos ciudadanos?
4.- En el cuarto cuadro de la Memoria se indica a qué grandes rúbricas han ido a parar los 140,5 M€ que se han enviado a las diócesis: el 78% (108,7 M€) se ha empleado para sustentar al clero, otro 10% en gastos generales y, tan sólo, un exiguo 11% se ha empleado en actividades pastorales. No cabe más ineficacia e ineficiencia en el uso de los recursos económicos (con mayor gravedad, en este caso, pues los recursos son públicos).
La actividad pastoral debería ser el objeto de la organización eclesial y, como el mismo documento señala, esta actividad consiste en «el acompañamiento personal de los fieles, asesoramiento espiritual y colaboración en su período de formación permanente», así como que «se centra, de manera especial, en los niños y jóvenes, en los matrimonios, en el catecumenado de adultos y en las personas de mayor edad».
Si la actividad pastoral es tan importante como proclama la jerarquía episcopal, ¿por qué se dedica, tan sólo, un exiguo 11% de los recursos de las diócesis a estos fines? Por más que haya muchos seglares y voluntarios trabajando gratuitamente en esta actividad, resulta fácil comprender cuál es el verdadero motivo que se esconde tras estas cifras: la Ic no tiene casi 80.000 sacerdotes y religios@s en España para realizar lo que tan pomposamente llaman «actividad pastoral»; para la actividad pastoral que realiza, sobra el 90% de estos efectivos. Si el verdadero objetivo fueran las actividades pastorales, éstas deberían absorber más del 50% de los recursos de las diócesis y el clero, sus funcionarios, no debería suponer más de un 30% del presupuesto total de las diócesis. ¿Entonces cuál es el verdadero motivo para mantener este «pequeño ejército» clerical, aparentemente ineficiente?
La respuesta sólo puede ser que el objetivo de la Ic es mantener una extensa y profunda red de sacerdotes y religios@s, cuya estructura pueda garantizar la difusión de su particular moral e ideología y, en definitiva, la presión y el control político y moral sobre el mayor número de ciudadan@s posible. Y para ello debe influir desde sus púlpitos, desde sus universidades, desde sus periódicos, desde sus emisoras de radio y televisión. Sin olvidar su influencia «vicaria», es decir, la que no tiene origen en la actividad directa de los curas y religiosos, sino que se produce a través de periodistas, intelectuales, creadores de opinión y políticos afines, en todo tipo de medios públicos y privados.
En esto sí es la Ic extremadamente eficiente, pues no tiene que vivir, ni desarrollar sus actividades, de lo que recauda de sus fieles y, por otra parte, el Estado español se ha comprometido a proporcionarles «los recursos necesarios», por los Acuerdos de 1979, sin imponer, siquiera, ninguna exigencia en la utilización de los caudales públicos.
5.- Un solo cuadro con cinco cifras resume, exclusivamente, toda la actividad litúrgica de la Ic en 2008, con una clamorosa omisión: la asistencia a misa durante 2008. Si para 2007, la propia CEE evaluaba la asistencia a misa en 7 u 8 millones de personas cada semana, mientras que en la propia web de la Conferencia Episcopal se hacía alusión, hasta hace poco, a los «10 millones de personas» que asistían a misa cada domingo, en la Memoria de 2008, simplemente se ha omitido. Se ha debido considerar que puestos a ofrecer cifras irreales e indemostrables, es mejor ahorrarse una mentira.
Los 335 mil bautismos declarados en la memoria 2008 suponen un incremento del 18%, respecto a 2007, muy superior al crecimiento vegetativo del estrato de los niños de o a 4 años, pero no se ofrece ninguna explicación acerca de este incremento, ni se indica de qué fuentes estadísticas proceden esos 335 mil bautizados. En todo caso, el aspecto numérico queda empequeñecido por la pervivencia misma de este acto litúrgico.
¿Pueden imaginarse a un recién nacido al que sus padres, por afinidad ideológica, afiliaran al PSOE, le hicieran el carné del PC, lo apuntaran al PP o lo hicieran socio de una organización atea? Sin duda sería un acto brutal, pero sobretodo, estúpido. Pues estos actos son de la misma naturaleza (atentados a la libertad de conciencia individual y por tanto, anticonstitucional) que «bautizarlos en la fe católica». Y esta situación se produce ante la aquiescencia de los tres poderes básicos del Estado: el Parlamento, el Gobierno y la Judicatura.
El recién nacido, como todo menor de edad, es sujeto del derecho humano de libertad de conciencia (libertad ideológica y de religión) reconocido en el artículo 16 de la Constitución Española (CE, en adelante). Y la titularidad plena de los derechos fundamentales del menor está reconocida, desde 1996, por el artículo 3.1 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. Pero es un sujeto particular, por cuanto no puede ejercer dicho derecho. De ahí la necesidad de que se produzca una tutela por parte de los padres, mientras ese proceso de formación de la conciencia tiene lugar y se va construyendo su madurez física e intelectual.
Ahora bien, como señala el art. 39 de la CE, la finalidad de la patria potestad es procurar el desarrollo de la personalidad del menor de cara a favorecer su autonomía. De manera que si, como declara el propio Tribunal Constitucional (en su Sentencia 141/2000), los poderes públicos, y especialmente «los órganos judiciales», deben velar porque el ejercicio de la potestad de los padres se haga en interés del menor, y no al servicio de otros intereses que, por muy lícitos y respetables que puedan ser, deben postergarse ante el interés «superior del niño», ¿dónde reside el interés del recién nacido por formar parte de, o adscribirse a, una religión concreta?¿Cómo puede ser tan brutalmente constreñida la personalidad de un recién nacido, marcándole de manera indeleble, como reconoce, tan cínicamente en ocasiones, la propia Iglesia católica? ¿A quién beneficia esta práctica abusiva y ventajista y autoritaria, sino a la propia Ic, que perpetúa su semillero de creyentes, atrapándolos mucho antes de que tengan uso de razón y puedan elegir por sí mismos? ¿Cómo poner coto a esta práctica deleznable que vacía de contenido el potencial ejercicio del derecho fundamental de libertad de conciencia por su verdadero titular, el recién nacido? Todas estas preguntas reclaman una respuesta urgente de los poderes públicos.
El capítulo de primeras comuniones, 244 mil en 2008, se ha reducido asimismo un 5% respecto a 2007 y acumula un 8% de reducción respecto a 2005, tan sólo tres años. Lo llamativo, en todo caso es que sólo una década antes, en 1995, se realizaban 327 mil comuniones, es decir, se han reducido en un 25%,
Por último, las 104 mil bodas celebradas en 2008, que hace constar la Memoria de la CEE, se redujeron drásticamente respecto a 2007 un 31%, dado que en dicho año se celebraron 151 mil bodas católicas. Y esta es toda la información que se aporta sobre el particular. No se incluye en la Memoria, lógicamente, la cifra de matrimonios religiosos correspondientes a 2009, pero según el Instituto Nacional de Estadística en dicho año se casaron ante el dios católico 80.174 parejas, lo que significa un nuevo descenso del 23% en un solo año: es decir, en tan sólo dos años las bodas católicas se han reducido a la mitad. De esta manera, y por primera vez, los matrimonios civiles, que en 2009 ascendieron a 94.993 bodas, superan a los católicos, y por un 18%.
En todo caso, toda la información que aporta la Ic en la Memoria acerca de su actividad litúrgica se limita a cinco cifras, sin mencionar fuente estadística alguna o método de elaboración de las mismas.
6.- Curiosamente, a pesar de que la Actividad Pastoral es el concepto al que menos recursos económicos dedica la jerarquía católica, ocupa cinco páginas de la Memoria publicada por la Conferencia Episcopal. En la primera de ellas, se ofrecen datos que, aunque ya conocidos, conviene tener en cuenta para hacernos una idea del poder e influencia que la Ic tuvo en otro tiempo, y que aún posee: 77 mil religiosos distribuidos por toda España, de los que 20.390 son sacerdotes y el resto, otros religiosos y religiosas. A ello hay que añadir la indefinida cantidad de «más de 70 mil catequistas», cuyo método de cálculo o estimación tampoco se ofrece en la Memoria. Por último se afirma la existencia de 22.661 parroquias. Todo ello configura un extenso entramado reticular, a lo largo y ancho del país, con 77 mil personas realizando, a tiempo completo, actividad pastoral y, en muchas ocasiones, política (por supuesto, la política establecida por la CEE), todo ello a costa de los contribuyentes de todas las creencias y convicciones (ateos, agnósticos, indiferentes o de otras religiones).
7.- En el siguiente cuadro, en el que se exponen las horas dedicadas a la actividad pastoral, se omite como es habitual en la Memoria, cualquier referencia a la fuente estadística o metodología de cálculo de la estimación. En todo caso, se mantiene que tres distintos tipos de «agentes» han dedicado 45,2 millones de horas (¿?) a dicha actividad: sacerdotes diocesanos, seglares y voluntarios. Respecto a los dos últimos, nada hay que comentar, pues su trabajo es voluntario y no remunerado, aunque realizan, a pesar de ello, el 23% de todas las horas dedicadas a esta actividad.
No obstante, la Memoria afirma que los sacerdotes diocesanos realizan 34,8 millones de horas de actividad pastoral, fundamentalmente en «servicios sacramentales» y, en menor medida, en dedicación a enfermos y catequesis. Esta aparente ingente actividad debe matizarse, pues si la asociamos a los 20.390 sacerdotes existentes en jornadas diarias de 8 horas, supone tan sólo una dedicación de 9,7 meses de 22 días (con dos días libres a la semana). De esta manera, en el supuesto, completamente inverosímil, de que trabajaran en hipotéticas jornadas de 8 horas, durante 5 días a la semana, según los datos ofrecidos por la CEE, los sacerdotes no trabajarían ni siquiera 10 meses al año. ¿A qué dedican su tiempo el resto del año? En fin, el caso es que 34,8 millones de horas dedicadas por 20.390 sacerdotes a la actividad pastoral (que parece ser «su trabajo») no son suficientes, siquiera, para justificar un año de trabajo.
8.- Si poco sentido tiene el cuadro de horas dedicadas a la actividad pastoral, el siguiente cuadro que ofrece la Memoria de la CEE, intentando elaborar ratios de «intensidad pastoral» o de «pastoral recibida», raya el auténtico absurdo. ¿Qué sentido tiene decir que dedican 60,17 minutos de actividad pastoral a cada habitante de España? ¿Qué servicios sacramentales se prestan a las personas de creencias ateas, agnósticas o de otras convicciones filosóficas? ¿Y a los musulmanes, evangélicos o indiferentes? Obviamente este absurdo procede de una burda manipulación episcopal, intentando presentar la actividad pastoral católica como un servicio público y, por tanto, de carácter general. Nada más lejos de la realidad. Ni siquiera todos los creyentes católicos (más bien sólo un pequeño porcentaje) son «usuarios» de la actividad pastoral. Pero el estudio de la CEE fantasea con que la dedicación pastoral la reciben 45.116.992 habitantes.
Pero si absurda es la ratio de «intensidad pastoral», la de «pastoral recibida» es indescifrable, pues en ningún sitio se establece cuál es el «tiempo recibido de actividad pastoral», que figura en el numerador, y hay que volver a adivinar el número de habitantes respecto al que se calcula, por lo que ni siquiera los obispos saben que quieren decir con que a cada habitante le corresponde 451,6 minutos de «pastoral recibida». Estos números no significan nada, pero a la Ic le sirve para ofrecer una apariencia de que «rinde cuentas». En fin, resultaría cómico este «montaje mediático» si no resultara tan patética la burda manipulación de una memoria que pretende «justificar actividades» de una manera tan ramplona e inverosímil.
Se refieren a «tiempo recibido de actividad pastoral» a lo que antes han denominado como «tiempo dedicado a la pastoral por los agentes». ¿Están hablando de lo mismo? Parece que sí. Pero aquí los habitantes no son todos los españoles, sino sólo algo más de 6 millones. ¿De dónde sale este cálculo? En la Memoria no busquen explicación.
El paroxismo de lo ridículamente inexplicable se alcanza con la ratio de «Servicio Pastoral», pues el numerador es el supuesto «coste de los Servicios Pastorales», que se deduce de un único cuadro en el que supuestamente se refleja el coste de prestar dichos servicios, sin especificar qué costes son directos, cuáles indirectos, cómo se imputan éstos, qué amortizaciones de inmovilizado o de otro tipo son imputables, a qué parroquias o territorios corresponden. En fin, no busquen nada de esto, porque no existe en la Memoria. Sólo se afirma que dichos servicios cuestan (¿?) 680 M€. Y nos lo tenemos que creer, como un acto de fe, lógicamente.
Estos servicios, de nuevo falsamente, los vuelven a imputar a todos los habitantes de España, como si 45 millones de personas fueran «clientes» del «servicio pastoral», de manera que el cálculo que ofrece vuelve a no tener ningún sentido. Con el agravante de que ya que se inventan lo que les cuesta dar este servicio, no tienen el mínimo rubor en inventarse que «el coste que tendrían las actividades ofrecidas por la Iglesia si hubieran de ser contratadas en el mercado, supondría un importe de 1.860 M€», ¿Pero existe un mercado de «actividad pastoral»? ¿De qué mercado hablan los obispos? ¿Quizás del mercado de las creencias religiosas católicas? ¿Qué pintaría el Estado «ofreciendo» actividades pastorales relacionadas con una religión? ¿Qué tienen que ver con ese «mercado» las personas de creencias ateas, agnósticas, indiferentes o las que creen en otras religiones, distintas de la católica? En fin, esta magnífica superchería se cierra con la antológica frase de que cada euro que se invierte en la Iglesia (confundiendo gasto con inversión), «rinde como más de dos veces y media (2,73) en su servicio equivalente en el mercado».
Así pues, la CEE lanza datos y cifras de una forma que provocaría la vergüenza de un estudiante de primer curso de Ciencias Económicas. ¿Ineptitud? Ciertamente, pero ello no preocupa a sus Ilustrísimas, porque el objeto de la Memoria no es ofrecer cifras económicas sobre su actividad con un mínimo rigor. Su verdadero objetivo es elaborar dos cifras (inventadas) y tres ideas básicas, y centrifugarlas a través de sus potentes medios de (in)comunicación y (des)información, periódicos, emisoras, televisiones, boletines y múltiples revistas, con la inestimable colaboración amplificadora de la caverna mediática de ámbito estatal y autonómica. Una vez «machacada» la opinión pública con dichos mensajes durante 15 días, el objetivo está cumplido. ¿Quién se va a dar cuenta, o a quién importa que tales «informaciones» estén basadas en invenciones o supercherías?
9.- La prueba de todo lo que digo se confirma cuando se observa el cuadro que la Memoria editada por los obispos dedica a la «Actividad Educativa». Tras informar de que existen 6.041 centros católicos (educativos) atendidos por 112.439 personas (sin indicar cuántas están dedicadas a labores docentes o de otro tipo), abarcando 1.370.151 alumnos, cierran el escueto cuadro con una «perla» que merece comentario: afirman que ahorran al Estado (siempre ahorran al Estado) 4.148 M€.
Esta afirmación no puede ser producto de ineptitud o desconocimiento, por lo que sólo es achacable a la estrategia publicitaria con que la Ic intoxica a través de todos los medios de difusión y persuasión, con objeto de crear, y mantener, un estado de opinión favorable a la enseñanza confesional y a su propia jerarquía. Asimismo le sirve para hacer más homogénea la opinión (argumentarios, se denominan en el ámbito político), no sólo entre sus fieles más incondicionales, sino entre la gran masa de personas que no va más allá de los titulares de los periódicos, en papel o digitales, y de las emisoras (de radio o televisión).
Como cualquier persona medianamente competente en el uso del leguaje puede entender, se denomina ahorro a la parte de los ingresos que no se gasta; sin embargo, la Ic no le ahorra al Estado ni un solo euro. Esta cantidad que la CEE dice que ahorra al Estado es, en realidad, los 4.148 M€ (casi 700 mil millones de las antiguas pesetas) que el Estado se gastó en subvencionar la enseñanza concertada (mal denominada privada) que, en su mayor parte, se compone de centros religiosos católicos. El hecho real, contrastable, es que el 16% de todo el gasto público en educación (no universitaria) se desvía para subsidiar la escuela concertada, fundamentalmente católica y, por tanto, antepone idearios e intereses confesionales, y muy particulares, a los intereses generales, a la igualdad (de creencias, de género, de recursos o de oportunidades) y a la libertad de conciencia. Y este porcentaje era, en el ya algo lejano 1992, del 9%.
Lo cierto es que en apenas 15 años, la financiación privada concertada ha pasado de representar el 9% del gasto público total en educación al 16%, y esos más de 4 mil millones de euros los gasta el Estado en financiar centros privados con ideario católico, la mayoría, en detrimento de la escuela pública de calidad, gratuita, igualitaria y en la que rija la libertad de conciencia para tod@s sus alumn@s.
Si a este gasto público le añadimos los más de 600 M€ que salen de los Presupuestos del Estado para pagar a los catequistas de religión en la escuela pública y concertada, obtenemos la única verdad: la enseñanza confesional católica nos cuesta a todos los españoles la friolera de 5.000 M€, lo que significa una cantidad (0,83 billones de pesetas) cercana al billón de las antiguas pesetas.
Esta es la realidad que oculta la propaganda episcopal: España tiene la enseñanza privada más subvencionada por el Estado de toda la Unión Europea y, por el contrario, el gasto público por alumno más bajo. Así pues, los recursos que se niegan a la enseñanza pública se derivan a la privada, católica mayoritariamente.
Respecto al resto de actividades teológica, pastoral o caritativa, a que se refiere la Memoria, nada tengo que comentar ni sobre su naturaleza ni acerca de las cifras que se ofrecen, dada un vez más la ignorancia de las fuentes de la que se obtienen ni cómo se elaboran.
Valga lo expuesto para recapitular con la idea con que comenzaba este trabajo: alrededor de las (pocas) cifras de la Iglesia hay mucha mercadotecnia y propaganda y ninguna transparencia. La jerarquía católica lo que debe ofrecer es un balance económico anual integrado del conjunto de sus actividades en España, que ilumine en qué, y cómo, se gasta las cuantiosas sumas con que le subvenciona el Estado, y por tanto tod@s l@s contribuyentes, en sus tres niveles, central, autonómico y local. Y el Estado, en un ejercicio de responsabilidad debe exigir ese balance anual integrado, en el que también se consignen las subvenciones indirectas aportadas por el Estado en relación con las exenciones y bonificaciones fiscales, al amparo de los Acuerdos con el Vaticano de 1979.
M. Enrique Ruiz del Rosal es Presidente de la Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid y miembro de la Junta Directiva de Europa Laica.
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