El próximo 29 de abril alumnado y profesorado saldrán a las calles a defender las universidades públicas frente a la ley aprobada por la Junta que busca la privatización del servicio, el 30 de abril se movilizarán las familias del alumnado con necesidades educativas especiales para denunciar el abandono al que están sometidos.
Esta semana la educación entra de lleno en el ambiente electoral. Colectivo de alumnado, de profesionales y familias salen a las calles ante el declive de la educación pública andaluza en especial con dos focos que las políticas de la Junta de Andalucía han incendiado: la situación en las universidades privadas que se enfrentan a un gran proceso privatizador a raíz de la recién aprobada ley universitaria andaluza y el recorte en los recursos para el alumnado con necesidades educativas especiales.
Sin embargo, la crisis en el sistema educativo público andaluz es algo que se encuentra en todos los niveles y aspectos educativos como señalan los colectivos en defensa de este servicio esencial. El sindicato educativo Ustea señala que desde la llegada del PP a la Junta de Andalucía se han suprimido oficialmente según el Boja 3.528 aulas en distintos niveles de formación. Las últimas 410 aulas en el proceso de matriculación que aún sigue abierto. Desde el sindicato exponen que “estas supresiones afectan exclusivamente a la educación pública, mientras que la enseñanza concertada continúa blindada mediante conciertos educativos renovados cada cuatro años”. La organización expone que se trata de una política pensada para “impulsar la privatización encubierta del sistema educativo” al “deteriorar la calidad educativa con aulas masificadas” y “debilitar la escuela pública”.