La lista sigue hasta completar los, al menos, 226 civiles asesinados durante los últimos dos meses en Turquía debido a «operaciones militares» y atentados sin esclarecer. Un reguero de sangre donde la masacre de Ankara es el último capítulo de una serie de crímenes que apuntan al Estado turco como directo responsable y que ya […]
La lista sigue hasta completar los, al menos, 226 civiles asesinados durante los últimos dos meses en Turquía debido a «operaciones militares» y atentados sin esclarecer. Un reguero de sangre donde la masacre de Ankara es el último capítulo de una serie de crímenes que apuntan al Estado turco como directo responsable y que ya se han cobrado la vida de 531 personas desde 2011.
La masacre del sábado 10 de octubre fue perpetrada al explosionar dos bombas en medio de una «marcha por la paz», convocada por organizaciones de izquierda turcas y apoyada por el HDP (Partido Democrático de los Pueblos), en contra de la política del gobierno de Erdogan (Presidente de Turquía). Inmediatamente después de las explosiones llegaron al lugar cientos de antidisturbios impidiendo el paso de las ambulancias. Los manifestantes tuvieron que apartar a la policía para permitir el paso de la ayuda sanitaria. La policía acabó cargando y lanzando gases lacrimógenos contra los heridos. Y finalmente tuvieron que ser algunos taxis los que acercaran muchos heridos a los hospitales. De hecho, la Asociación de Médicos de Turquía denunció el no haber podido atender a los heridos debido a los gases lacrimógenos de la policía. Una actuación de las fuerzas gubernamentales que no parece ser la mejor forma de proceder, especialmente si se pretende evitar más muertes… aunque, ciertamente, no parece ser ésa la preocupación del gobierno de Erdogan.
En las horas siguientes a la masacre, el régimen turco ha vuelto a bloquear twitter y facebook. Ha prohibido difundir fotos del atentado alegando motivos de «seguridad» ya que, según la agencia pública de noticias Anatolia, lo que se buscaría con dicha prohibición es «evitar la difusión de información que se considera propaganda terrorista».
A esta censura se suma la persecución a periodistas y las declaraciones del ministro turco Eroğlu calificando a las víctimas de «provocadores» y a la manifestación de «manifestación terrorista que pretende sembrar la discordia social». Mientras, el alcalde de Ankara acusó al propio HDP de la autoría del atentado para, según él, «hacerse la víctima y ganar simpatías». Además la policía cargó contra la marcha-funeral en homenaje a las víctimas del atentando que tuvo lugar ayer y detuvo a 11 militantes del HDP en distintas ciudades del país.
Y es que en Turquía cualquier mínima oposición a la política gubernamental es calificada de terrorista. Justificándose así cualquier asesinato. Sirva como ejemplo el asesinato a manos de la policía de Berkin Elvan, un niño de 14 años, acusado de terrorismo por Erdogan. La ecuación se lleva repitiendo constantemente hasta hoy. Se trata de una política intensificada desde las elecciones del pasado junio, cuando el AKP (Partido de la Justicia y el Desarrollo, presidido por Erdogan) perdió la mayoría absoluta y el partido pro kurdo, HDP, creció en votos. Se trata de otro macabro mecanismo del sistema de poder turco para aterrorizar a la oposición.
El atentando del sábado en Ankara es funcional a esa política de terror y su autoría apunta a las cloacas del estado turco. Este ataque iba dirigido a las izquierdas turca y kurda que apoya al HDP y que amenaza con impedir la mayoría absoluta del partido de Erdogan (11 años en el poder) en las próximas elecciones del 1 de noviembre. Mayoría que necesita para cambiar la constitución e imponer un régimen de carácter presidencialista que le permita consolidar sus políticas de corte islamista mientras satisface sus delirios de grandeza como sultán de una Turquía neo-otomana. Una nueva Turquía cuya única «solución» para los reclamos kurdos es la aniquilación de dicho pueblo.
Por su parte, el KCK (Confederación de Comunas del Kurdistán) afirmaba en un comunicado que el atentado de Ankara durante la «marcha por la paz» tenía dos intenciones. Por un lado, provocar al PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán, considerado terrorista por Turquía, la UE y EEUU) para que rompiera su reciente alto el fuego y así dar paso a más operaciones «antiterroristas» y por otro lado, aterrorizar y quebrar toda resistencia al gobierno de Erdogan. También señalan a Erdogan como directo responsable del terror al llamarlo «el Gladio del palacio»(1).
Si esos eran sus propósitos, el gobierno no los ha conseguido. El mismo día del atentado, una gran manifestación con el lema «Contra el terrorismo de Estado» gritaba en las calles de Estambul «¡Erdogan asesino!» mientras los sindicatos convocaban dos días de huelga en protesta. Y al día siguiente, el PKK declaró que no realizaría más «acciones» durante el proceso electoral para que «no haya ningún intento de dificultar o perjudicar el ejercicio de una elección justa y equitativa». El gobierno turco inmediatamente respondió al PKK bombardeando sus bases guerrilleras.
Esta última respuesta gubernamental continúa con la lógica seguida en los últimos meses. El régimen turco ha retomado una estrategia de tensión que ha supuesto decenas de muertos en atentados, no reivindicados, contra la izquierda. Pero también operaciones militares contra el PKK y pueblos de mayoría kurda, redadas policiales y procedimientos judiciales contra organizaciones y partidos de izquierda turcos como el HDP.
Cabe decir que esta intensificación de la violencia y la represión comenzó después de un atentado muy similar al de Ankara. El atentado de Suruç, en el que 33 jóvenes internacionalistas de la izquierda turca que iban a reconstruir Kobane (símbolo de la revolución kurda en Siria y de la resistencia frente al ISIS y Turquía) fueron asesinados por la explosión de una bomba de una terrorista suicida, el 20 de julio. Atentado, como el de Ankara, que no ha sido reivindicado y que la policía turca tampoco pudo ni quiso prever. Tamibién en esta ocasión la policía atacó a los supervivientes.
Turquía utilizó este atentado, cuya autoría atribuyó al EI (Estado Islámico), como justificación para reactivar su «lucha contra el terrorismo, ya venga del EI o del PKK. Aunque Turquía ha culpado al EI de los atentados de Suruç y Ankara, existen sobradas evidencias de la colaboración y apoyo de Turquía al EI. Bajo este pretexto rompió la tregua establecida con el PKK en 2013 y comenzó el bombardeo de sus posiciones en Irak. El gobierno detuvo a más de 1300 personas de las cuales solo 137 estaban vinculas al EI y el resto pertenecían al movimiento kurdo y a la izquierda turca. A continuación comenzó una guerra sucia contra la población kurda. La gota que colmó el vaso para los kurdos fue la exhibición pública del cuerpo torturado y violado de una militante del PKK, Ekin Wan, el 10 de agosto. Desde entonces se han sucedido las insurrecciones, las operaciones de castigo del ejército turco, el asesinato de civiles y militantes kurdos y la encarcelación de alcaldes del HDP. Todo ello acompañado de una gran campaña propagandística ultranacionalista.
El gobierno turco sigue una estrategia de polarización de la población a través de la dicotomía «terrorista-anti-terrorista». Es decir, los que están en contra o a favor del gobierno. Una campaña de terror que usa todas las armas del estado. Tanto las «legales»: ejército, policía y justicia; como las paramilitares: bandas de la ultraderecha turca que han desatado la violencia por las calles del país con la complicidad de las fuerzas de «seguridad».
Como muestra de la polarización que vive Turquía, tan solo hace un mes, estas bandas del ultranacionalismo turco gritaban en Ankara: «no queremos una operación militar, queremos una masacre», mientras quemaban una sede del HDP ante la inacción de la policía. En aquel momento se referían a la operación militar que tropas turcas estaban llevando a cabo en el pueblo de Cizre. Operación que se saldó con el asesinato de 23 personas. Sangre sobre sangre.
A pesar de la brutal represión y del terrorismo de estado, el pueblo kurdo resiste. Un pueblo que no sólo es capaz de confrontar a las fuerzas turcas sino también de disputarles el poder en algunas regiones del país. La política de sangre de Erdogan no responde únicamente a intereses electorales para el 1 de Noviembre, pretende ser también una respuesta militar a la resistencia y organización del pueblo kurdo.
Desde que el gobierno turco rompió el proceso de paz con el PKK el pasado julio, y como respuesta al terrorismo de estado emprendido por él dentro de sus propias fronteras, más de una decena de pueblos de mayoría kurda en el este del país se han enfrentado a las fuerzas del gobierno levantando barricadas en las calles y declarándose en Autonomía y Resistencia frente a la autoridad turca (en sintonía con lo que han hecho sus compañeros en el Norte de Siria con los cantones autónomos de Rojava). Todo ello bajo la fórmula del Confederalismo Democrático, teoría iniciada por Ocalan (líder del PKK). Ante tal situación, Erdogan mandó al ejército sitiar y bombardear durante días estos pueblos, para luego abandonarlos dejando a su paso multitud de bombas trampa.
Estas operaciones militares han estado acompañadas de detenciones, torturas, desapariciones y asesinatos en pueblos kurdos de Turquía. Esta última semana han sido difundidas algunas imágenes y vídeos de esta represión, como el del cadáver de un militante kurdo torturado y arrastrado por un coche en uno de estos pueblos, mientras en otra de estas localidades, los soldados posaban sonrientes con la cabeza de otro militante… ¿El Estado Islámico? No, el ejército turco.
El terrorismo de estado turco no ha sido condenado ni por la UE ni por EEUU, ni lo será, porque no puede serlo. No hay que olvidar que Turquía es el segundo Ejército más potente de la OTAN, por tanto, recibe una gran financiación y supervisión militar de EEUU. Así pues, nada de lo que hace Turquía militarmente puede ser analizado exclusivamente en clave interna, sino que tiene implicaciones internacionales. De la misma forma, tampoco la represión puede leerse sólo como una estrategia electoral sino también territorial para tratar de aplastar las rebeliones dentro del país.
La resistencia y organización revolucionarias del pueblo kurdo, así como el apoyo que tiene por parte de algunos sectores de la población turca, es lo que verdaderamente teme Erdogan y las potencias occidentales como la UE y EEUU. Una victoria de la resistencia puede tener consecuencias internacionales debido principalmente a dos motivos: por un lado, una revuelta de los kurdos en Turquía, hermanos de los kurdos de Siria, podría suponer un cambio importante para el desarrollo de la guerra en aquel país si las zonas de la frontera turca quedaran bajo control kurdo; por otro lado, el triunfo de la resistencia, con la consiguiente desestabilización del régimen de Erdogan, significaría un revés para los intereses occidentales en la región.
Por todo esto, tanto EEUU como la UE no solo callan de forma cómplice ante los crímenes de Erdogan, sino que siguen firmando acuerdos con él. El último, la semana pasada con la Comisión Europea, en el que Turquía se comprometió a restringir y controlar el paso de los refugiados que llegan de Siria a Europa.
Cabe preguntarse a cambio de qué Turquía ha llegado a estos acuerdos. Se habla de acuerdos financieros y militares. Quizás han sido estos acuerdos los que han reforzado a Turquía para continuar con su política criminal. Sea como fuere, los próximos pasos en la región desvelarán la incógnita pero desde luego no parece que la UE vaya a condenar a su socio turco. El propio presidente de la Comisión Europea reconoció después de la reunión con Turquía que «Dependemos de la ayuda turca… para proteger nuestras fronteras externas».
Denunciamos esta complicidad criminal y declaramos nuestra solidaridad incondicional con los pueblos, kurdo y turco que luchan por su liberación.
Acción Social Sindical Internacionalista, 11 de octubre de 2015. 