La LOMCE es una ley profundamente antidemocrática. No cree en la democracia, ni en que los centros educativos deben ser espacios para educar en y para la democracia. Porque la ciudadanía democrática no se aprende sólo estudiando sobre ella sino, fundamentalmente, ejerciéndola. Pero esta ley modifica el art. 119.1 para quitar a la comunidad educativa […]
La LOMCE es una ley profundamente antidemocrática. No cree en la democracia, ni en que los centros educativos deben ser espacios para educar en y para la democracia. Porque la ciudadanía democrática no se aprende sólo estudiando sobre ella sino, fundamentalmente, ejerciéndola. Pero esta ley modifica el art. 119.1 para quitar a la comunidad educativa la capacidad de gobierno y evaluación de los centros.
Se produce un trasvase de competencias desde el Consejo Escolar hacia el director, que será quien apruebe los proyectos y normas del centro, la programación general anual, la obtención de recursos complementarios -patrocinios, financiación de entidades privadas y «donantes», decida sobre la admisión de alumnado y fije las directrices para la colaboración con las Administraciones locales y con otros centros.
El consejo escolar queda relegado a funciones meramente consultivas y no decisorias, lo que conlleva arruinar la poca «democracia participativa» que quedaba en los centros de Enseñanza, mientras que las funciones decisorias pasan a ser competencia de un director o directora nombrado directamente por la Administración y no de forma democrática por su comunidad educativa. Los centros públicos pierden la opción de intervenir en lo que ya era solo un concurso de méritos. Les queda un escaso 30% (ahora es un 66%). Por si fuera poco, la mitad de ese 30% será profesorado del Claustro y ni siquiera se obliga a que el resto sea del Consejo escolar. Desaparece también la prioridad de los candidatos del propio centro.
En la enseñanza privada subvencionada se vacía de contenido el consejo escolar, afectando a sus competencias en relación con la selección del director y del profesorado, y en el despido de los docentes. Esto provoca la práctica eliminación del funcionamiento democrático y participativo de los centros educativos, lo que contradice el artículo 27 de la Constitución. Esta ley plantea un modelo de autonomía de los centros que rompe con toda la cultura de colaboración y participación necesarias con las familias y la comunidad educativa para que la labor educativa tenga éxito.
Estamos ante una ley que apuesta por la gestión privada de tipo empresarial en la educación pública. La denominada «Nueva Gestión» propone gestionar los centros públicos según las recetas de la empresa privada, mediante una mayor autonomía financiera que requiera de fuentes de financiación privadas, ante la insuficiencia de la financiación pública.
Financiación externa de patrocinadores que imponen sus logotipos y exigencias, introduciendo los intereses privados y mercantiles en la educación pública. A ello se añade la especialización de los centros para ofrecer una oferta competitiva y «diferenciada» a la clientela: «El proyecto educativo de los centros docentes con especialización curricular deberá incorporar los aspectos específicos que definan el carácter singular del centro«, que en el segundo borrador establecía que podría ser una especialización por tipología del alumnado. Lo cual refleja la filosofía de esta ley: consagrar «legalmente» la exclusión de determinado «tipo» de alumnado, inmigrantes, minorías y quienes tienen dificultades de aprendizaje, como viene siendo práctica habitual en buena parte de los centros concertados, tal como muestran las estadísticas oficiales anualmente.
Esta Nueva Gestión implica también una concepción de la gestión profundamente jerarquizada y piramidal, en donde la dirección se convierte en una función unipersonal y no colegiada, pasando también a tener el control en la «gestión de personal» en los colegios públicos especializados donde el director o directora podrá seleccionar al profesorado, «estableciendo los requisitos y méritos para los puestos de personal funcionario docente» y «podrá rechazar interinos procedentes de las listas«. Se quiebran por tanto los procedimientos de transparencia, mérito e igualdad en la conformación de las plantillas docentes. Esto abre, aún más, el camino de manera alarmante a la privatización de la gestión de los centros públicos y de su financiación.
Se potencia simultáneamente la «profesionalización» de la dirección escolar como gerente, experto en gestión económica, empresarial y de recursos humanos. Incluso el director o directora pasa a ser el responsable único en la admisión del alumnado; y pasa también a ser supervisor de sí mismo, pues será el encargado de aprobar los proyectos y las normas que rigen sus propias competencias.
Este modelo jerárquico y piramidal de decisión, no potenciará una dinámica participativa dentro del centro, sino que, por el contrario, lo más fácil es que genere un clima burocrático y autoritario, justamente lo contrario que recomiendan todas las investigaciones sobre liderazgo y organización educativa. El gobierno y gestión de los centros educativos se inscribe en lo que se llama como «organizaciones de profesionales», aquellas cuyo rendimiento depende esencialmente de las capacidades y actitudes de sus integrantes. Su característica principal es que el gobierno debe basarse en el convencimiento, en el extremo opuesto del gobierno jerárquico. Por eso los mecanismos internos de toma de decisiones deben basarse en la transparencia y la participación, para que los miembros del colectivo se sientan corresponsables. Los esfuerzos realizados para lograrlo quedan sobradamente compensados por la eficacia a la hora de poner en práctica los acuerdos adoptados, que con frecuencia requiere la colaboración, e incluso el voluntarismo de quienes deben aplicar.
Esta ley eufemísticamente denominada «para la mejora de la calidad educativa», lo que realmente pretende es reducir el período de enseñanza obligatoria para una parte de quienes han sido incluidos en el último medio siglo mediante reválidas, itinerarios, especialización centros, etc., así como consolidar y aumentar la diferenciación de dos redes de educación, recortando la educación pública y potenciando la privada subvencionada con dinero de nuestros impuestos. Instaurando un modelo de dirección y gestión acorde con los planteamientos que el PP quiere trasladar de la empresa privada al ámbito educativo. Tras los modelos de corrupción, debacle financiera y especulación que nos ha mostrado la empresa privada, no creo que sean precisamente el modelo a seguir y mucho menos en el ámbito educativo.
Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de León y Coordinador del Área Federal de Educación de IU
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