Desgraciadamente a todas nos vienen a la cabeza diversos episodios de criminalización y represión a los movimientos sociales que nos sitúan en un escenario nada cercano al ideal garantista que tendría que guiar cualquier actuación punitiva en un Estado democrático. Sin ir más lejos, se puede hacer referencia a la reciente decisión de la fiscalía […]
Desgraciadamente a todas nos vienen a la cabeza diversos episodios de criminalización y represión a los movimientos sociales que nos sitúan en un escenario nada cercano al ideal garantista que tendría que guiar cualquier actuación punitiva en un Estado democrático. Sin ir más lejos, se puede hacer referencia a la reciente decisión de la fiscalía de la Audiencia Nacional de abrir diligencias por la quema de una fotografía de los reyes en Girona, o al ‘secuestro’ de manifestaciones y el uso del kubotan por parte de los Mossos d’Esquadra antes de verano.
A su vez, las cifras que ofrece la Coordinadora para la Prevención de la Tortura tampoco son nada esperanzadoras: un mínimo de 610 personas denunciaron haber padecido torturas y/o maltratos durante el año 2006 en el Estado español. Y qué decir de la aplicación del excepcionalismo antiterrorista sobre una parte considerable de la ciudadanía vasca, destacando la ilegalización de partidos políticos y agrupaciones de electores, los procesos judiciales abiertos contra militantes de organizaciones sociales y políticas que hasta el momento habían operado pública y legalmente, o el cierre de diversos medios de comunicación.
Monopolio de la lucha A simple vista, cabría pensar que cualquier vulneración de derechos fundamentales tales como el de integridad física y psíquica o el derecho de expresión, reunión y manifestación por parte del poder soberano tendría que ser percibida como un hecho inaceptable. Y en este sentido, cabría esperar que los movimientos y organizaciones sociales centrasen parte de su actividad en denunciar e intervenir para que las estrategias criminalizadoras no se afianzasen en nuestras sociedades.
La realidad, empero, es otra y la respuesta social frente a estas estrategias deja mucho que desear. Los medios de comunicación casi no se hacen eco de este tipo de noticias y gran parte de los movimientos sociales queda al margen de estas cuestiones. Quiero reflexionar sobre el porqué de esta situación. Las debilidades que se presentan para hacer frente a los procesos de criminalización pueden derivar, en parte, de dos dinámicas a las que se les pueden dar el nombre de ‘monopolización de la lucha antirrepresiva’ y de ‘demagogia activista’. La primera dinámica hace referencia a la tendencia a la monopolización de la lucha antirrepresiva.
Un vistazo superficial a las realidades reivindicativas en el Estado español nos diría que estas cuestiones sólo interesan a un sector reducido de los movimientos sociales muy connotados estético-políticamente y que son respondidas mediante un repertorio de acción también muy limitado (y estipulado de antemano). Así pues, muchas personas afirmarían que el trabajo alrededor de cuestiones que tienen que ver con la cárcel o la tortura quedaría reducido a un discurso libertario y a una estética punk o a ámbitos independentistas.
Es decir, para hablar de criminalización sería necesario adoptar un discurso concreto y una estética determinada. Cabe apuntar, sin embargo, que una dinámica de este tipo se genera tanto por la acción como por la omisión de los diferentes actores sociales. Es cierto que la voluntad de totalizar un discurso antirrepresivo desde una única perspectiva discursiva no ayuda a la creación de una red plural, pero aún es más preocupante la actitud de determinados sectores del movimiento que insisten en la idea de que la cuestión no va con ellos.
La realidad social por suerte es más compleja y, aunque de manera reducida, existen una serie de redes que conectan distintos actores y sensibilidades sociales en la defensa de derechos civiles fundamentales. Así pues, la Coordinadora por la Prevención de la Tortura es un ejemplo en el que conviven de manera muy productiva organizaciones sociales diversas, profesionales y académicos con el objetivo de hacer frente a la lacra que supone la tortura. Sería deseable que las experiencias y dinámicas de este tipo se multiplicaran en el territorio: la cuestión que tenemos entre manos es de vital importancia para la salud democrática de nuestras sociedades y sólo desde la multiplicidad, la pluralidad y el respecto mutuo podrán ganarse batallas en este terreno. Se constata pues la necesidad de no encerrar estos campos de intervención en un sector de movimiento concreto. Es necesario hacer de estas cuestiones un problema de todas, de despertar el interés de las organizaciones sociales y de la ciudadanía en general. A modo de ejemplo, una experiencia que requirió una intervención similar podría ser la lucha por la normalización del catalán en la transición y la importancia de que ésta no quedara relegada a un tipo de organizaciones o sectores sociales.
Demagogia Una segunda dinámica tiene que ver con la necesidad de llamar a las cosas por su nombre. Toda violación de derechos fundamentales por parte del poder soberano por pequeña que sea debe ser denunciada y se deben tomar medidas para afrontarla. Esta afirmación sin embargo no equivale a poner todas las cosas en el mismo saco. En general es importante hablar con propiedad y, en las cuestiones que se tratan aquí, este hecho adquiere una importancia fundamental. Existen diversos grados de violación de los derechos y tenemos que aprender a darles valor por sí mismos.
No es lo mismo una detención arbitraria que una tortura, aunque todo tiene que ser denunciado, y todo es rechazable en un Estado de derecho. En este sentido, me viene en mente la frívola utilización del concepto de «tortura blanca» por parte de activistas y abogados en el marco de una detención masiva. Por mucha simpatía que se tenga por unos activistas, no se puede utilizar este término para nombrar el desagradable trato que se recibe en una detención por parte de la policía.
Uno, porque no es verdad que sea tortura (y menos blanca). Y dos, porque deslegitima el trabajo antirrepresivo frente a la opinión pública. Cuando todo es lo mismo, todo deja de tener valor. Y por lo tanto, cualquier denuncia de violación de los derechos fundamentales deja de tenerse en consideración. En definitiva, se constata que la creciente criminalización a los movimientos sociales tendría que ser un problema que preocupara a la sociedad civil en general y a las organizaciones de movimiento en concreto.
A mi entender, la forma de hacer frente a las dinámicas represivas pasaría por aceptar la pluralidad de expresiones y lenguajes sociales que dan riqueza a las denuncias de violaciones de derechos fundamentales; así como hablar con propiedad para poder traspasar el ámbito estrictamente militante. Elaborar pues un trabajo pedagógico y comunicativo amplio alrededor de estas cuestiones es un reto por el que apostar, en el que todas nos jugamos mucho.
*Gemma Ubasart i Gonzàlez es miembro del observatori del Sistema Penal i els Drets Humans