El Palacio de Invierno se expresa cotidianamente en numerosísimos ciudadanos que quieren trabajar y no pueden, en numerosísimos ciudadanos que son desahuciados de sus casas y condenados a pagar deudas perpetuas, en numerosísimos ciudadanos que no ven garantizada una correcta atención médica, en numerosísimos ciudadanos que no pueden proveerse una adecuada nutrición, en numerosísimos ciudadanos […]
El Palacio de Invierno se expresa cotidianamente en numerosísimos ciudadanos que quieren trabajar y no pueden, en numerosísimos ciudadanos que son desahuciados de sus casas y condenados a pagar deudas perpetuas, en numerosísimos ciudadanos que no ven garantizada una correcta atención médica, en numerosísimos ciudadanos que no pueden proveerse una adecuada nutrición, en numerosísimos ciudadanos que son abocados a la exclusión y a la marginalidad por restringir su acceso a la protección social, a la educación y a la cultura.
Por no decir, el bloqueo programado a los mecanismos de control y participación de ésta en los diferentes estadios de la vida pública, o la enfermiza relación entre poder político y poder económico que se traduce en un entramado de corrupción estructural inherente al sistema, por necesario para la oligarquía para mantener así sus tasas de ganancia. Palacio de Invierno se nos antoja como la violación sistemática de los derechos fundamentales de las personas. Hoy en día se visualiza con mayor crudeza los Derechos Humanos como elemento central de la lucha de clases.
La metáfora del Palacio de Invierno se sitúa en nuestros días como la radiografía de un fin de ciclo donde el régimen constitucional nacido del pacto de la Transición ha perdido cualquier mecanismo garantista dirigido a mejorar las condiciones de vida de la mayoría social. La reforma del artículo 135 de la Constitución escenifica lo que ya venía siendo una evidencia, la rendición de los poderes públicos a los poderes económicos, financieros y mediáticos. El consenso social y la concertación han quebrado por propia voluntad de las clases dominantes que ante la imposibilidad de repercutir sus plusvalías en el crecimiento, lo hacen ahora sobre los costes. El coste, onda decir, no ha sido sólo el estado de bienestar, es la propia democracia.
Difícilmente, el inoperante entramado institucional bipartidista y monárquico funcional al capitalismo financiatario e inmobiliario español resista en sus formas actuales la prueba de los hechos. Ciertamente, estamos asistiendo ya al proceso deconstituyente de la oligarquía que trata de adecuar el marco jurídico, político e institucional nacido en 1978 a este nuevo ciclo de acumulación por desposesión, del austericido y la deutocracia. La materialización política de éste puede pivotar entorno a diferentes opciones a modo de recambio desde arriba ante la creciente ilegitimidad del régimen, posibles salidas reformistas, tecnocráticas o filofascistas, que no debemos subestimar, especialmente, en momentos de miedo e incertidumbre por la inestabilidad social y una crisis económica que no deja de empeorar.
No es casualidad que en estos últimos meses hayan implosionado casi simultáneamente los numerosísimos casos de corrupción que salpican transversalmente a los partidos del bloque bipartidista. Estamos asistiendo a la pugna entre facciones de las élites políticas, que no necesariamente responden a las trincheras izquierda-derecha, pero que en perspectiva de conjunto, buscan regenerar el sistema político cambiando aparentemente los actores, las marcas y hasta ciertas formas institucionales, acompañado de una nueva retórica de recuperación de los valores pretéritos de la democracia. Todo ello, con un objetivo claro, afianzar un modelo ultraliberal tecnocrático dirigido por una minoría sobre la cual recaigan las decisiones fundamentales, que pudiera tolerar, aunque con dificultad creciente, ciertas libertades públicas. De hecho, el regeneracionismo encuentra en España un origen singular en la voluntad de hacer frente al progresivo deterioro que sufrió el régimen de la Restauración de Cánovas y Sagasta a finales del siglo XIX. Porque el mito de la regeneración responde a la lampedusiana cambiarlo todo para que no cambie nada, propuestas dentro de los marcos vigentes dirigidas a calmar el malestar social, que a su vez tratan de desactivar cualquier potencial constituyente que pueda desbordarlos.
Apuntábamos los indicios empíricamente comprobables que demuestran que la vuelta atrás, la estrategia de búsqueda de nuevos consensos no es más que una ensoñación, si no, una posición muy interesada. A las condiciones de vida asociadas al pretérito y pretendido estado del bienestar ya no es posible llegar mediante el diálogo social, puesto que las clases dirigentes lo han dinamitado en respuesta al ciclo capitalista en que nos encontramos. La estrategia para garantizar los derechos fundamentales de la mayoría social popular y trabajadora agredida en los últimos años en un proceso progresivo de desestratificación social fruto de la laminación de derechos sociales y laborales, y que hasta ahora el espejismo del crédito ha invisibilizado, pasa sin duda por la creación de las condiciones para iniciar un proceso de ruptura democrática. Un proceso constituyente del 99% que sea a su vez múltiple y a diferentes escalas, articulado éste en base al derecho a decidir de los pueblos y al nuevo espacio de ruptura que la crisis orgánica del régimen ha abierto. Un proceso de mayorías más allá de la izquierda sociológica donde han de converger la izquierda política, el sindicalismo de clase y el conjunto de movimientos sociales empoderados al calor de la movilización, con el objetivo de transformar en profundidad las estructuras económicas, políticas y jurídicas.
Cabe advertir que el concepto de Proceso Constituyente no ha de ser utilizado a modo de fetiche o fórmula mágica. De igual forma, tampoco se trata de una propuesta programática que uno u otro decida iniciar, sino de un proceso vivo y dinámico fruto del desarrollo de la lucha de clases, que aunque de forma incipiente, se está abriendo mediante la estrategia de la democratización y la construcción de contrapoder. El empoderamiento mediante acciones de desobediencia civil, solidaridad y apoyo mutuo de sujetos sociopolíticos como la PAH, hacen de la garantía de derechos fundamentales, auténtico potencial constituyente. Y a su vez visualizan de forma muy nítida la confrontación entre clases populares y el poder económico y financiero. Proceso Constituyente significa eso, construir una nueva legalidad asociada a la legitimidad que la movilización social está construyendo.
La clave está en cómo conseguir que los diferentes sujetos movilizados confluyan, se encuentren y vinculen luchas. El primer objetivo, ineludible y de fácil visualización, es sin duda, la construcción de un poder que destituya el o los gobiernos, que altere la correlación de fuerzas para romper con lo que ya existe y así empezar a construir lo nuevo. Por tanto, poder destituyente como expresión electoral-institucional para la conquista del poder efectivo que materialice la ruptura mediante la convocatoria de una asamblea constituyente y la redacción de una nueva constitución. Pero fundamentalmente, y para garantizarlo, es preceptivo profundizar y ampliar la estrategia de la democratización y la construcción de poder popular para así alterar las relaciones de poder más allá de los espacios institucionales: en la calle, en los barrios, en los centros de trabajo, en la escuela y la universidad, en la red… El amplio abanico de movilizaciones, desde la más concreta a la más amplia, desde la ocupación de un centro de salud a la paralización de un desahucio, desde la movilización por el impago de la deuda ilegitima al fomento del cooperativismo social, y con la huelga general como expresión superior, han de estar irremediablemente dirigidas hacia la destitución del actual poder político. Es aquí cuando empieza el proceso constituyente, cuando en base a una nueva legitimidad se empieza a construir el bloque social alternativo del 99%,
El instrumento para este cometido, un Frente Democrático como espacio de encuentro con programa muy de mínimos a desplegar durante el proceso: cumplimiento estricto y verificable de los Derechos Humanos, control de los sectores estratégicos de la economía, romper con las políticas de austeridad, impago de la deuda ilegitima, derecho a decidir sobre el proyecto de país, y democracia como sistema de inclusión, control y participación de la ciudadanía en todo aquello que afecte y condicione lo público.
Leer también: Asaltar el Palacio de Invierno (parte primera)
Publicado en Nou Treball http://noutreball.psuc.org/
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