Traducido para Rebelión por J. M. y revisado por Caty R.
Imagínese a una estudiante universitaria que regresa a la universidad después de pasar las vacaciones navideñas en casa. En el aeropuerto se conecta a Internet para corroborar algunas fuentes que utilizó en su casa para preparar el examen final del curso sobre «Introducción a los Derechos Humanos». Se conecta a Internet y comienza a navegar; sin embargo, pronto se da cuenta que las paginas de Amnistía Internacional [1] y de Human Rights Watch [2] están bloqueadas. Llama al número 800 del proveedor de servicios y descubre que todos los sitios de Internet relacionados con la defensa de los derechos humanos han sido restringidos efectivamente y ya no se puede acceder a ellos desde el aeropuerto.
En Estados Unidos, por supuesto, los estudiantes pueden acceder a las páginas que se ocupan de los derechos humanos, sin importar desde donde se navega. Pero en Israel, también conocido como la única democracia de Oriente Medio, no se puede acceder a las páginas de Internet sobre derechos humanos, y tampoco a los sitios de algunas organizaciones de extrema derecha, desde el aeropuerto Ben-Gurion [3], que es el único aeropuerto internacional del país.
Si este ataque a la libertad de expresión no fuera más que un hecho aislado, uno podría llegar a la conclusión de que fue un error. Sin embargo la restricción de los sitios de Internet relacionados con los derechos humanos en realidad forma parte de un plan muy bien orquestado que llevan a cabo el actual gobierno y los legisladores contra las instituciones democráticas del Estado de Israel, sus procedimientos y sus prácticas. Una serie de propuestas de leyes antidemocráticas [4] que están actualmente en proceso de ratificación en el Parlamento israelí, se prestan adecuadamente a considerar que cualquier alternativa de interpretación al sionismo conservador o el apoyo a la idea de que Israel debería ser una democracia para todos sus ciudadanos, se considerará un crimen.
A principios de enero, 41 miembros del Parlamento -con 16 en contra- votaron a favor de una propuesta para crear una comisión de investigación parlamentaria [5] que revise la financiación de las organizaciones israelíes de derechos humanos. La parlamentaria Fania Kirshenbaum, que presentó su propuesta, acusó a los grupos de derechos humanos de proporcionar material a la Comisión Goldstone [6], que investigó la ofensiva israelí en Gaza de diciembre de 2008 a enero de 2009.
Teniendo en cuenta que la financiación de todas las organizaciones de derechos humanos en Israel se hace pública todos los años y está controlada por el auditor del Estado, la idea de crear una comisión parlamentaria de estas características no es más que una cortina de humo. El objetivo real de la comisión parlamentaria es intimidar a los grupos de derechos humanos israelíes y a sus donantes y, en consecuencia, reprimir la libertad de expresión.
La parlamentaria Kirshenbaum dijo algo parecido cuando acusó a las organizaciones de derechos humanos de estar «detrás de las acusaciones presentadas contra funcionarios y oficiales israelíes en todo el mundo.» La mayoría de los miembros de la Knesset que respaldaron la propuesta de Kirshenbaum quieren disuadir a las organizaciones de derechos humanos de hacer uso del derecho internacional y la jurisdicción universal para los derechos humanos. De este modo quieren privar a los grupos israelíes que defienden los derechos humanos de sus herramientas más básicas, las herramientas utilizadas para criticar las políticas abusivas. Es posible que no se opongan a los grupos de derechos humanos, pero ciertamente no quieren que se trabaje en ese ámbito. En sus mentes miopes, el problema no son las prácticas poco éticas de Israel, sino las organizaciones que las revelan.
La deslegitimación permanente de las organizaciones que vigilan el cumplimiento de los derechos humanos en las democracias -las organizaciones no gubernamentales, la prensa y los intelectuales- está llevando a Israel cuesta abajo por una pendiente empinada y resbaladiza. La próxima vez que alguien viaje por el aeropuerto Ben-Gurion, él o ella, podrían verse impedidos para acceder a los sitios de Internet de los grupos de derechos humanos israelíes como Médicos por los Derechos Humanos [7] y B’Tselem [8], no porque se hayan bloqueado, sino porque fueron clausurados.
La pregunta que la Sra. Kirshenbaum y sus partidarios deben hacerse es qué tipo de países atacan a sus propias organizaciones de derechos humanos. La respuesta es obvia.
Notas (enlaces)
[4] http://www.lrb.co.uk/blog/
[6] http://www2.ohchr.org/
[7] http://www.phr.org.il/
[8] http://www.btselem.org/
Fuente: http://www.thenation.