«Todos en este avión estamos en una crítica situación» decía el Dr. Rumack en la mítica comedia de 1980. Según las Naciones Unidas, hay 272 millones de personas migrantes en el mundo. Doscientos setenta y dos millones de historias de personas que dejan su hogar y se enfrentan a grandes e innumerables «turbulencias» para construir […]
«Todos en este avión estamos en una crítica situación» decía el Dr. Rumack en la mítica comedia de 1980. Según las Naciones Unidas, hay 272 millones de personas migrantes en el mundo. Doscientos setenta y dos millones de historias de personas que dejan su hogar y se enfrentan a grandes e innumerables «turbulencias» para construir un proyecto que les permita mejorar sus condiciones de vida o, simplemente que les permita seguir, parafraseando a Ryzarsd Kapucinski, un día más con vida.
Así, la decisión de migrar se ve influenciada por múltiples factores. Uno de ellos, es hacerlo allí donde se tienen familiares, amigos o conocidos que migraron previamente. Estas redes de apoyo son fundamentales una vez que las personas migrantes llegan a la nueva sociedad de acogida, ya que permiten que el «aterrizaje» en esa nueva realidad sea más suave. En este sentido, desde Provivienda nos preocupa la dificultad de las personas más vulnerables en el acceso y mantenimiento en la vivienda; de entre ellas, las personas extracomunitarias y las que se encuentran en situación administrativa irregular están en una situación especialmente delicada. Por este motivo, hemos querido aproximarnos al funcionamiento de las redes de apoyo, tanto formales-institucionales como informales, que tienen las personas migrantes.
Según el Migration Data Portal, España es el segundo país del mundo, solo por detrás de Canadá, en el que un mayor porcentaje de personas consideran que la ciudad donde residen es un buen lugar para que vivan las personas migrantes. Sin embargo, estas se enfrentan a múltiples dificultades en el acceso a la vivienda que, en muchos casos, no podrían sortear si no fuera por el apoyo que les dan las redes previamente existentes antes de su llegada. Es por ello que, tras «aterrizar» en el nuevo país de acogida, las personas migrantes se apoyan en sus redes más próximas, generalmente las familiares, que van a cubrir las necesidades mínimas básicas como son la vivienda, el alimento o la ropa. Además, son estas redes las que van a acompañar a las personas migrantes en sus primeros pasos: trámites burocráticos, sanitarios, escolares…; así como a movilizarse en la búsqueda de un empleo o encontrar y mantener una vivienda. A pesar de este apoyo, el proceso de inclusión de las personas migrantes en la sociedad de acogida no es camino sencillo y está lleno de obstáculos entre los que destaca la posibilidad de acceso a una vivienda.
Y es que la población extranjera se enfrenta a una mayor precariedad laboral y una mayor tasa de desempleo (24,5% frente al 14,5% de la población activa autóctona). Por tanto, se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad social, agravada por el problema de la vivienda. Como en la película, no funciona el piloto automático para la política de vivienda, ante la inexistencia de un parque de vivienda pública y social y un mercado del alquiler con precios elevados. A ello se suma la discriminación que sufren cotidianamente las personas extranjeras, que se traduce en un desigual acceso a la vivienda. Una consecuencia de esta desigualdad es la forma de tenencia de la vivienda: la población extranjera accede mayoritariamente a una vivienda a través del mercado del alquiler en contraposición a la población autóctona. Así, según el Censo de Población y Vivienda de 2011, el 80% de la población autóctona tiene una vivienda en propiedad y solo el 10% se encuentra alquilando; mientras que -entre la población extranjera- estos porcentajes se invierten, siendo el 74,5% y el 16% de vivienda en alquiler y vivienda en propiedad, respectivamente.
En este contexto, las redes de apoyo de las personas migrantes se convierten en un factor esencial para acceder a una vivienda, cubriendo lo que deberían cubrir las instituciones públicas, tal y como nos dice Abdel: «Tenía un amigo que trabajaba conmigo y le dije que lo estaba pasando mal porque no encontraba una habitación. Y al cabo de una semana me dijo que me había encontrado una habitación en un piso». Además, son estas redes las que aportan nóminas, avales, apoyo económico o contactos para ayudar a sus familiares o amigos a alquilar una vivienda o al mantenimiento de la misma. A Yurani le ayudó su padre: «Yo estuve buscando casa, pero claro, mi marido, aunque estaba trabajando, no tenía contrato y yo ya no trabajaba. Entonces mi padre me dijo que él avalaba y, si hacía falta, él firmaba el contrato de alquiler».
Estas situaciones suponen una presión añadida para las familias que apoyan y pueden desembocar en el agotamiento de la red ante la imposibilidad de hacer frente a mayores gastos, ya que no siempre estas familias se encuentran en una situación económica muy boyante. En el caso de no tener redes de apoyo, las personas migrantes tienen muchas más dificultades para acceder a una vivienda y su riesgo de exclusión social se incrementa.
La mercantilización de una necesidad básica como es la vivienda y la inexistencia de un parque de vivienda pública y social provocan que la capacidad económica sea uno de los factores del desigual acceso a la vivienda y, por lo tanto, de discriminación. Sin embargo, no es el único. La población extranjera se enfrenta a mayores requisitos para poder acceder a una vivienda en alquiler: más avales, más nóminas o, incluso, simplemente la negativa por su origen, constituyendo un caso de discriminación racial por parte de los propietarios y/o de las agencias inmobiliarias.
Por este motivo, Provivienda impulsa proyectos de intermediación en el alquiler, en los que a través de incentivos a propietarios de vivienda se busca involucrarlos para conseguir paliar el déficit residencial y las dificultades de acceso a la vivienda de la población más vulnerable, especialmente la de aquella que sí cuenta con ingresos, pero no los suficientes para alquilar o mantener su vivienda. La intervención no acaba cuando las familias entran en una casa donde construir un proyecto de futuro, sino que se mantiene un acompañamiento temporal que busca lograr la autonomía y estabilidad residencial de esas personas.
El problema de la exclusión residencial tiene que abordarse a nivel macro, las instituciones públicas, con el apoyo del tercer sector, deben ofrecer las alternativas y el apoyo que no pueden obtener por medio de otras redes de apoyo. Estas medidas irían desde la implementación de una política pública de vivienda que apueste por la creación de un gran parque de vivienda pública y social que garantice el derecho a la vivienda de las personas más vulnerables a una política de equidad en la vivienda, que implicaría tratar a cada persona en función de sus necesidades para mitigar las desigualdades existentes a priori . Al mismo tiempo, las instituciones públicas tienen que hacer efectiva la función social de la vivienda regulando los precios del alquiler, políticas de vivienda inclusiva con la población extranjera y generando mecanismos de detección de situaciones de infravivienda, hacinamiento, abusos en los contratos del alquiler y discriminación racial. Con estas medidas, las redes sociales de apoyo de las personas migrantes no serán el último recurso de supervivencia, sino el inicio del vuelo a una vida digna y con plena autonomía.
Israel García Calderón, investigador de Provivienda