Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
Las autoridades bahreiníes han sometido a 47 sanitarios a la jurisdicción de un tribunal militar tras acusarles de abusar y utilizar sus puestos de trabajo para participar en las protestas que el régimen aplastó en marzo con la colaboración de Arabia Saudí.
Entre los acusados figuran 24 doctores y 23 enfermeras, según manifestó la Autoridad para Asuntos de la Información (AAI) del reino en un comunicado del pasado martes, añadiendo que la fiscalía militar ha presentado ya diversas acusaciones contra ellos.
Las autoridades establecieron un tribunal militar una vez que el Rey Hamad declaró el estado de seguridad nacional, un nivel bajo de estado de emergencia, un día antes de que las fuerzas de seguridad aplastaran las protestas, mayoritariamente chiíes, que en petición de reformas democráticas se prolongaron durante un mes.
Los médicos trabajaban todos en el Complejo Sanitario de Salmaniya (CSS) en Manama, que fue asaltado por las fuerzas de seguridad tras sacar el 16 de marzo a los manifestantes de la cercana Plaza de la Perla, el punto central de las protestas inspiradas por los levantamientos que barren el mundo árabe.
En aquel momento, los medios estatales bahreiníes acusaron a los doctores que simpatizaron con los manifestantes de ocupar el CSS y convertirlo en campo de protesta.
Los 47 sanitarios han sido acusados de «negarse a extender la ayuda a personas necesitadas, de malversación de fondos públicos, de ataque, de ataque con resultado de muerte, de posesión ilegal de armas y munición, de negarse a cumplir sus tareas y poner la vida de la gente en peligro», dijo la AAI.
Se les ha acusado también de «detención ilegal, abuso de autoridad al paralizar y suspender leyes y reglamentos, intentos de ocupar edificios por la fuerza, incitación al derrocamiento violento de un régimen político», añadió.
Y, asimismo, se han presentado cargos contra ellos por «incitación al odio contra el régimen, incitación al odio hacia un segmento de la sociedad, propagación de noticias falsas y rumores maliciosos que podrían dañar los intereses públicos y participación en concentraciones y mítines no autorizados».
Bahrein está recibiendo fuertes críticas de las organizaciones internacionales por los derechos humanos por la dura represión llevada a cabo contra los chiíes, incluido el sector sanitario.
Las autoridades del reino gobernado por la dinastía sunní de los Al-Jalifa han declarado que durante los disturbios murieron 24 personas, la mayoría de ellas manifestantes.
El lunes, las fuerzas de seguridad asaltaron los hogares de dos antiguos parlamentarios chiíes de la oposición y se los llevaron.
La pasada semana, un tribunal militar condenó a muerte a cuatro chiíes y a otros tres a cadena perpetua tras acusarles de estar implicados en la muerte de dos efectivos de la seguridad.
Un oficial bahreiní declaró que habían llevado a 405 detenidos ante los tribunales militares y que habían liberado a 312.
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