Bandera Negra

Un juez español ha abierto una investigación judicial contra siete personalidades políticas y militares israelíes sospechosas de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. La acusación: arrojar en 2002 una bomba de una tonelada sobre la casa del líder de Hamás Salah Shehade . Además del objetivo fueron asesinadas 14 personas más, la mayoría niños.

Para los que lo han olvidado: Cuando le preguntaron al comandante del ejército del aire israelí de la época, Dan Halutz, en aquel momento, qué sentía cuando dejaba caer una bomba sobre un edificio residencial, su inolvidable respuesta fue: «Un ligero golpe en el ala». Cuando nosotros, Gush Shalom , le acusamos de crímenes de guerra, exigió que nos procesaran por alta traición. Se le unió el Primer Ministro, Ariel Sharon , quien nos acusó de querer «entregar a los oficiales del ejército israelí al enemigo». El Fiscal General nos notificó oficialmente que no tenía la intención de abrir una investigación contra los responsables de los bombardeos.

Por lo tanto, debería sentirme feliz de que por fin alguien esté dispuesto a someter esa acción a un examen judicial (aunque parece que se ha frustrado por la presión política). Pero siento que haya ocurrido en España, no en Israel.

Últimamente, los espectadores de la televisión israelí han estado expuestos a una rara visión: Los oficiales del ejército aparecen con las caras ocultas, como es habitual para los delincuentes cuando el tribunal prohíbe su identificación. Por ejemplo pederastas o atracadores de ancianas.

Bajo las órdenes de los censores militares, esto se aplica a todos los oficiales, de comandantes de batallón para abajo, que han participado en la guerra de Gaza. Puesto que los rostros de los comandantes de brigada y superiores son de conocimiento general, la orden no es de aplicación para ellos.

Inmediatamente después del alto el fuego, el ministro de defensa, Ehud Barak , promovió una ley especial por la que otorgaba el respaldo ilimitado del Estado a todos los soldados y oficiales que participaron en la guerra de Gaza y que podrían ser acusados en el extranjero por crímenes de guerra. Esto parece confirmar el dicho hebreo: «En la cabeza del ladrón, el sombrero arde».

No tengo nada que objetar a los juicios en el extranjero. Lo importante es que los criminales de guerra, como los piratas, sean llevados ante la justicia. No importa dónde se les detenga. (Esta regla fue aplicada por el Estado de Israel cuando secuestró a Adolf Eichmann en Argentina y lo ahorcó en Israel por atroces crímenes cometidos fuera del territorio de Israel y, por cierto, incluso antes de que existiera el Estado)

Pero, como patriota israelí, preferiría que los israelíes sospechosos de crímenes de guerra fueran enjuiciados en Israel. Es necesario para el país, para todos los oficiales y soldados decentes del ejército israelí y para la educación de las futuras generaciones de ciudadanos y soldados.

No hay necesidad de confiar únicamente en las leyes internacionales. Existen leyes israelíes contra los crímenes de guerra. Baste mencionar la inmortal frase acuñada por el juez Benjamín Halevy , al servir como juez militar en el juicio a los policías de fronteras responsables de la masacre de Kafr Kassem en 1956, en la que docenas de niños, mujeres y hombres fueron abatidos por violar un toque de queda del que siquiera tenían conocimiento.

El juez sentenció que incluso en tiempo de guerra hay órdenes sobre las que ondea «la bandera negra de la ilegalidad». Son órdenes «manifiestamente» ilegales, es decir, órdenes que cualquier persona de a pie puede afirmar que son ilegales sin consultar a un abogado.

Los criminales de guerra deshonran al ejército cuyo uniforme visten, ya sean generales o soldados rasos. Como soldado de combate el día en el que se creó oficialmente el ejército israelí, me avergüenzo de ellos y exijo que sean expulsados del ejército y procesados en Israel.

Mi lista de sospechosos incluye a políticos, soldados, rabinos y juristas.

No hay ninguna duda de que en la guerra de Gaza se cometieron crímenes de guerra. La cuestión es en qué medida y por quién.

Por ejemplo: los soldados conminan a los residentes de una casa a que la abandonen. Una mujer y sus cuatro hijos salen agitando pañuelos blancos . Está absolutamente claro que nos son combatientes armados . Un soldado apostado en un tanque cercano apunta con su rifle y les dispara matándolos a corta distancia. Según testimonios fidedignos estos hechos ocurrieron más de una vez.

Otro ejemplo: El bombardeo de una escuela de las Naciones Unidas llena de refugiados desde la que no se había disparado, como admitió el ejército después de desmentir los pretextos iniciales.

Estos son casos » simples». Pero el espectro es mucho más amplio. Una investigación judicial seria tiene que empezar justo por arriba: los políticos y oficiales superiores que decidieron emprender la guerra y confirmaron sus planes deben ser investigados por sus decisiones. En Nuremberg quedó establecido que el inicio de una guerra de agresión es un crimen.

Una investigación objetiva tiene que establecer si la decisión de iniciar la guerra estaba justificada o había otra forma de detener el lanzamiento de cohetes hacia el territorio israelí. Sin duda, ningún país puede o debe tolerar el bombardeo de sus pueblos y ciudades desde el otro lado de la frontera. Pero, ¿no se pudo impedir hablando con las autoridades de Gaza? ¿Fue la decisión de nuestro gobierno de boicotear a Hamás , vencedor de las elecciones democráticas palestinas, la causa real de esta guerra? ¿Contribuyó el asedio sobre el millón y medio de habitantes de la Franja de Gaza al lanzamiento de Qassam ? En resumen: ¿Se consideraron otras alternativas antes de que se decidiera empezar una guerra mortífera?

El plan de guerra incluía un ataque masivo contra la población de la Franja. Los verdaderos objetivos de una guerra se entienden mejor a partir de las actuaciones que desde las declaraciones oficiales de sus iniciadores. Si en esta guerra se ha asesinado a 1.300 hombres, mujeres y niños, la mayoría de los cuales no eran combatientes; si unas 5.000 personas resultaron heridas, la mayoría niños; si 2.500 hogares fueron total o parcialmente destruidos; si la infraestructura vital se ha demolido completamente, es obvio que todo eso no podría haber ocurrido por accidente. Debió de formar parte del plan de guerra.

Las cosas que dijeron los políticos y militares durante la guerra, dejan claro que el plan tenía por lo menos dos objetivos que pueden ser considerados crímenes de guerra: 1) Causar una gran muerte y destrucción con el fin de «fijar un precio», «para abrasar sus conciencias» , «para reforzar la disuasión» y, sobre todo, para azuzar a la población para que se levantara contra Hamas y derrocara su gobierno. Es obvio que esto afecta principalmente a la población civil. 2) Evitar bajas en nuestro ejército a cualquier precio (literalmente) destruyendo cualquier edificio y matando a cualquier ser humano en el área en la que nuestras tropas fueran a maniobrar, incluyendo la destrucción de hogares sobre las cabezas de sus habitantes, impidiendo a los equipos médicos llegar hasta las víctimas y matando gente indiscriminadamente. En algunos casos se advertía a los habitantes para que huyeran, pero no era más que una coartada: No había ningún lugar al que huir y a menudo tirotearon a las personas que trataban de escapar.

Un tribunal independiente tendrá que decidir si semejante plan de guerra es conforme a las leyes nacionales e internacionales o si desde el principio fue un crimen contra la humanidad y un crimen de guerra.

Fue una guerra de un ejército regular, con unas enormes capacidades, contra una fuerza de guerrilla. En este tipo de guerra tampoco se permite todo. Argumentos como «los terroristas de Hamás se ocultaban entre la población civil» y «utilizaban a las personas como escudos humanos» pueden ser eficaces como propaganda, pero son improcedentes: es así en todas las guerras de guerrillas. Y hay que tenerlo en cuenta cuando se toma la decisión de iniciar una guerra de este tipo.

En un estado democrático, los militares reciben las órdenes de la clase dirigente política. Bien. Pero esto no incluye órdenes «manifiestamente» ilícitas sobre las que ondea la bandera negra de la ilegalidad. Desde los juicios de Nuremberg no hay lugar para la excusa de que «yo sólo obedecía órdenes» .

Por consiguiente, la responsabilidad personal de todos los implicados -desde el jefe del Estado Mayor, el comandante del frente y el comandante de división hasta el último soldado- deben ser examinadas. De las declaraciones de los soldados se deduce que muchos creyeron que su trabajo consistía en «matar tantos árabes como les fuera posible», lo que significaba: sin distinción entre combatientes y no combatientes. Esta es una orden absolutamente ilegal, ya fuera dada explícitamente o por un guiño y un codazo. Los soldados entendieron que éste era «el pensamiento del comandante».

Entre los sospechosos de crímenes de guerra, los rabinos tienen un lugar de honor.

Quienes incitan a crímenes de guerra y llaman a los soldados, directa o indirectamente, a cometer dichos crímenes pueden ser culpables ellos mismos de dichos crímenes de guerra.

Cuando se habla de los «rabinos», se piensa en hombres mayores con largas barbas blancas y grandes sombreros, que alzan la voz con venerable sabiduría. Pero los rabinos que acompañaron a las tropas son una especie muy diferente.

En los últimos decenios, el sistema educativo religioso financiado por el Estado, ha promovido «rabinos» que tienen más de sacerdotes cristianos medievales que de místicos judíos de Polonia o Marruecos. Este sistema adoctrina a sus alumnos en un culto tribal violento, totalmente etnocéntrico, que sólo ve en toda la historia de la humanidad un relato interminable del victimismo judío. Es la religión del Pueblo Elegido, indiferente a los demás, una religión sin compasión por nadie que no sea judío, que glorifica al dios dictador y genocida descrito en el libro bíblico de Josué.

Los productos de esta educación son ahora los «rabinos» que instruyen a los religiosos jóvenes. Con su aliento, se ha realizado un esfuerzo sistemático para encargarse del ejército israelí desde dentro. Los oficiales que llevan quipá han reemplazado a los quibutzís , quienes no hace mucho tiempo dominaban en el ejército. Muchos oficiales de rango bajo y medio pertenecen ahora a este grupo.

El ejemplo más sobresaliente es el «rabino jefe del ejército», el coronel Avichai Ronsky , que declaró que su trabajo es reforzar el «espíritu de lucha» de los soldados. Es un hombre de la extrema derecha, no muy lejano del difunto rabino Meir Kahane , cuyo partido se ilegalizó en Israel por su ideología fascista. Bajo los auspicios del rabinato militar, los folletos religioso-fascistas de los rabinos de ultraderecha, se distribuyeron entre los soldados.

Este material incluye la incitación política, como la afirmación de que la religión judía prohíbe «ceder ni siquiera un milímetro de Eretz Israel», que los palestinos, como los filisteos bíblicos (de los que deriva el nombre Palestina), son un pueblo extranjero que invadió el país y que cualquier compromiso (como se indica en el programa oficial del gobierno) es un pecado mortal. La distribución de propaganda política viola, por supuesto, la ley militar.

Los rabinos exhortan abiertamente a los soldados a ser crueles y despiadados con los árabes. Tratarlos con misericordia, afirman, es una «inmoralidad terrible y espantosa». Cuando un material así se distribuye entre los soldados religiosos que van a la guerra, es fácil ver por qué las cosas sucedieron como sucedieron

Los planificadores de esta guerra sabían que la sombra de los crímenes de guerra estaba sobrevolando la operación planeada. Testigo: el Fiscal General (c uyo título oficial es el de «Consejero Legal del Gobierno») fue un participante en la planificación. Esta semana, el fiscal jefe del ejército, el coronel Avichai Mandelblut , reveló que sus oficiales fueron adjuntos, durante toda la guerra, de todos los comandantes, desde el Jefe de Estado Mayor hasta al comandante de división.

Todo esto junto lleva a la conclusión inevitable de que los consejeros legales tienen una responsabilidad directa en las decisiones tomadas y puestas en práctica, desde la masacre de los reclutas de la policía civil de Gaza en su ceremonia de graduación, hasta el bombardeo de las instalaciones de la ONU. Cada abogado que se asoció a las deliberaciones antes de que se diera una orden, es responsable de sus consecuencias, a menos que pueda probar que las objetó.

El fiscal jefe del ejército, que se supone que debe dar al ejército un consejo profesional y objetivo, habla del «monstruoso enemigo» y trata de justificar las acciones del ejército diciendo que éste estaba luchando contra «un enemigo salvaje que ha declarado que ‘ama la muerte’ y se refugia detrás de mujeres y niños». Un lenguaje así quizá se pueda disculpar en la arenga de combate de un comandante borracho de guerra, como el jefe de batallón que ordenó a sus soldados suicidarse antes que dejarse capturar, pero es totalmente inaceptable cuando viene del oficial jefe jurídico del ejército.

Debemos seguir todos los procesos judiciales en Israel y hacer un llamamiento para una investigación independiente y un auto de procesamiento para los presuntos autores. Debemos exigirlo, incluso aunque las posibilidades de que ocurra sean ciertamente escasas.

Si este empeño fracasa nadie podrá oponerse a los juicios en el extranjero, ya sean en un tribunal internacional o en los de las naciones que respetan los derechos humanos y el derecho internacional.

Hasta entonces, la bandera negra seguirá ondeando.

Texto original en inglés:

http://zope.gush-shalom.org/home/en/channels/avnery/1233508695/