Ha tenido que afrontar una sentencia de siete años y cuatro meses de cárcel, “por delitos que me fabricaron” en la lucha por la defensa del río Cahabón, en Guatemala; de este modo se presenta en las redes sociales el defensor indígena maya Q’eqchi, Bernardo Caal Xol.
Un complemento posible a esta información es la introducida, también en las redes sociales, por el periodista Fonsi Loaiza, en octubre de 2022; así, el activista “ha estado cuatro años en prisión por enfrentarse a Florentino Pérez, que con su empresa (la constructora multinacional ACS) dejó sin agua a miles de indígenas en Guatemala”, escribió el autor de Florentino Pérez. El poder del palco (Ed. Akal); (el periodista de La Sexta) “Ferreras y cía callan en España”, añadía Loaiza.
El pasado 13 de noviembre, Bernaro Caal participó en un conversatorio en Valencia en el que dio cuenta de su experiencia en la lucha popular contra los megaproyectos hidroeléctricos; organizaron el acto Alianza por la Solidaridad, Amnistía Internacional y el Col·legi Major Rector Peset de la Universitat de València.
“Las empresas compran la voluntad de las personas”, declaró a Alianza por la Solidaridad el maestro (oficio que siempre ha ejercido) y defensor medioambiental de 51 años; se refería, en concreto, al proyecto hidroeléctrico en el río Cahabón (departamento de Alta Verapaz) sagrado para los pueblos indígenas.
A menudo no se respeta la legislación internacional, en la que se establece que las poblaciones nativas afectadas por los grandes proyectos han de ser previamente consultadas (Derecho humano a la Consulta, Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-); a la exclusión de los mecanismos participativos, se agregan las barreras de acceso a la educación, lo que hace difícil el ejercicio de los derechos.
“Muchos de mis paisanos en la recogida de firmas contra la implantación de estas empresas firmaron con sus huellas dactilares porque no sabían firmar”, subraya Bernardo Caal Xol (comunicado de Alianza por la Solidaridad, 16 de noviembre).
Las multinacionales cuentan con el apoyo del Estado de Guatemala y los medios informativos; en el caso de Bernardo Caal, no sólo se le apartó de la docencia, sino que también “fue acusado de delitos que no había cometido y mostrado como un criminal en las noticias”, denuncia la ONG.
En concreto el tribunal de la ciudad de Cobán condenó al defensor en noviembre de 2018, y fue puesto en libertad en marzo de 2022 (la pena se redujo de siete años y cuatro meses, a cuatro años); en la cárcel impartió clases a otros presos.
El caso de Caal Xol ha tenido un impacto global; ha sido criminalizado en Guatemala, donde –según las estadísticas del Banco Mundial (octubre de 2023)-, las tasas de pobreza y desigualdad se hallan entre las más elevadas de América Latina y el Caribe, “con una numerosa población desatendida, mayoritariamente rural e indígena y empleada en el sector informal”.
Actualmente el 55,2% de la población guatemalteca vive en la pobreza, y las dimensiones de la economía informal alcanza el 49% del PIB; el Banco Mundial reseña, asimismo, que la cota de desnutrición crónica infantil -el 47%- está entre las más altas del mundo; y que, en algunos de los municipios más empobrecidos, el porcentaje de hogares con menores de cinco años que sufren retraso en el crecimiento se acerca al 90%.
Aunque en situación ya de libertad, la persecución continúa, detalla Alianza por la Solidaridad, que informa sobre la presentación de nuevos cargos contra el líder maya Q’eqchi; los abogados de Bernardo Caal Xol han planteado los correspondientes recursos, pendientes de resolución.
El pasado 23 de agosto, el periódico Prensa Comunitaria dio cuenta de cómo el Ministerio Público de Guatemala trataba de revocar la sentencia absolutoria, emitida por el Tribunal de Cobán (abril de 2023), en relación con las acusaciones del Ministerio de Educación contra el maestro indígena (“apropiación y retención indebida por supuestamente incumplir sus obligaciones como maestro”).
El informe de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) señala que en 2022 se produjeron 3.574 agresiones contra personas, organizaciones y comunidades defensoras en el país, lo que supone un aumento del 257% respecto a 2021; la mayor parte (1.737) se corresponde con actos de criminalización, lo que incluye estigmatización, denuncia judicial sin fundamento o detención ilegal; el otro tipo mayoritario de agresión es el de hostigamiento (1.513).
En abril de 2021, cuando Bernardo Caal llevaba tres años encarcelado, Alianza por la Solidaridad, Greenpeace y Derechos a la Tierra Ya recogieron 5.000 firmas para pedir su libertad.
La Campaña exponía los motivos concretos de la reclusión en Cobán: la denuncia de “ilegalidades” en las concesiones y las licencias ambientales para la implantación de macroproyectos hidroeléctricos, como los denominados OXEC y RENACE.
En cuanto a RENACE, se ha hecho cargo de la construcción –en varias fases- el grupo Cobra, comandado por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez; así, “OXEC se suma al proyecto RENACE, el cual ha colapsado el cauce del río Cahabón en casi 30 kilómetros, afectando a 29.000 indígenas”, denunciaron los activistas.
Nacido en una aldea del municipio Santa María Cahabón (“en condiciones de miseria”), el defensor del territorio y sindicalista estudió Magisterio y ejerció de profesor en su comunidad; Amnistía Internacional (AI) calificó su caso como el de un “preso de conciencia”.
De hecho, según AI, Bernardo Caal “nunca debió pasar un día en prisión”; la organización de derechos humanos ha reivindicado durante años la liberación “inmediata” e incondicional” del defensor, y resaltado “la falta de pruebas fácticas que sustenten los cargos” contra el mismo.
Sin embargo el procesamiento y criminalización de Bernardo Caal Xol no resulta excepcional en Guatemala; UDEFEGUA ha documentado entre 2019 y 2022 un total de 6.125 agresiones contra personas/organizaciones/comunidades (11.746 en el periodo 2000-2022); la gran mayoría de las registradas en 2022 tienen como víctimas a quienes desarrollan “acciones de demanda frente al Gobierno”.
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