El Ayuntamiento de Gijón será socio de la empresa Ingemas en la planta de biodiesel que se construirá en el muelle de El Musel en Gijón para procesar aceite de oleaginosas como la palma africana que sembrará en territorios del departamento del Vichada, Colombia. Este proyecto genera muchas y delicadas inquietudes: 1. LA RESPONSABILIDAD ASTURIANA. […]
El Ayuntamiento de Gijón será socio de la empresa Ingemas en la planta de biodiesel que se construirá en el muelle de El Musel en Gijón para procesar aceite de oleaginosas como la palma africana que sembrará en territorios del departamento del Vichada, Colombia.
Este proyecto genera muchas y delicadas inquietudes:
1. LA RESPONSABILIDAD ASTURIANA.
La empresa Ingemas, ganadora del concurso para construir y explotar la planta de biodiesel de Gijón es en un 98,98% de capital suizo, los socios del Ayuntamiento serán inversionistas extranjeros que actúan en el mercado de la economía financiera especulativa lo que genera incertidumbre sobre el futuro de la inversión pública que se canalice través de Ingemas e Iberastur.
La enorme distancia para el traslado de las semillas de las que se extrae el aceite hará más costoso ambientalmente el proyecto pues se traerán desde la plantación hasta Puerto Carreño en Colombia, de allí a través del río Orinoco hasta Puerto Ordaz en Venezuela, y de ahí por mar hasta El Musel, para su distribución por Europa.
No basta con cumplir las condiciones medio ambientales en Asturias porque las responsabilidades con el medio ambiente son globales y obligan a preguntárselo. No se puede resolver el problema de sustituir los combustibles fósiles en el norte, creando un problema mayor destruyendo los bosques húmedos tropicales que oxigenan el planeta desde el sur. Hay estimaciones que muestran que generar energía a partir de cultivos requiere más energía fósil que la energía que producen, y no reducen sustancialmente las emisiones de gases con efecto invernadero cuando se incluyen todos los factores en los cálculos. Más aún, causan irreparables daños a los suelos y al medio ambiente.
2.- POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES EN COLOMBIA
La decisión de la Unión Europea de impulsar los biocombustibles como sustitutos del petróleo compromete ecosistemas valiosos y enormes extensiones de tierras fértiles de varios países empobrecidos del mundo donde se debería plantar alimentos y preservar la biodiversidad del planeta. Para el caso del proyecto no se conocen los estudios sobre el impacto ambiental de la siembra masiva de palma africana u otras oleaginosas en el territorio del Vichada, pero se sabe que los suelos de la altillanura no son aptos para explotaciones intensivas debido a que son suelos en formación con altos de aluminio lo que requiere mucho fertilizante para estabilizarlos; lo que habría que hacer es proteger el suelo, no pensar en arbóreas para construirlo. No se ha hecho el primer estudio sobre densidad de siembra en la altillanura, falta mucha investigación.
Las plantaciones masivas de palma u otras oleaginosas, no son bosques, son ecosistemas uniformes, desiertos verdes que sustituyen los ecosistemas naturales y su biodiversidad, haciendo decrecer la producción de agua, modificando la estructura y la composición de los suelos, alterando la abundancia y la composición de especies de flora y fauna que son parte del sustento de la población nativa.
3-. IMPACTO EN LAS COMUNIDADES LOCALES
La situación de derechos humanos es el Vichada ya es critica porque el desplazamiento forzado de la población empezó hace 30 años durante los cuales los paramilitares han «limpiado» de campesinos las riberas del río Meta. Los indígenas de los pueblos Guahíbo, Sikuane, Piaroa y otros que habitan región, están sometidos por los paramilitares, tienen sus organizaciones propias y hasta la fecha el gobierno colombiano no les ha hecho la consulta previa obligatoria en relación con el proyecto como lo exige la Ley y el Convenio 169 de la OIT. Esta sería una oportunidad para que se expresaran, no digamos que con libertad, pero al menos con alguna posibilidad al respecto
Ya hay graves antecedentes en los que empresarios palmeros colombianos han usado el terror desatado por los grupos paramilitares para usurpar los territorios de las comunidades afro colombianas y sembrar palma africana causando el desplazamiento forzado de las poblaciones y un enorme impacto ambiental ligado estrechamente a las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos.
En Colombia, entre cuatro y seis millones de hectáreas de los desplazados se encuentran actualmente en manos de los grupos paramilitares, desalojadas a sangre y fuego. Incluso el Procurador de la Nación ordenó una «protección efectiva de los territorios que ya han sido ubicados como de explotación ilegal de madera y siembra extensiva de palma aceitera». Sin embargo, el gobierno de Alvaro Uribe incumple todas sus obligaciones, incluso las adquiridas en la última Audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que las empresas como URAPALMA cesen sus actuaciones de siembra de palma aceitera de forma ilegal y con la ayuda de la protección armada perimetral y concéntrica de la Brigada XVII del Ejército Nacional y de civiles armados.
Políticamente el proyecto se ha enmarcado dentro de los planes de reinserción de los grupos paramilitares y de subordinación de los campesinos desplazados a los paramilitares reinsertados. Desplazados convertidos en obreros de un megaproyecto y controlados por reinsertados paramilitares que harían el control militar de los trabajadores, de los indígenas, de la región y de la sensible frontera con Venezuela.
La compañía Ingemas informó que se asoció con Agroforestal de Colombia para desarrollar en una franja de 90.000 hectáreas fronteriza con Venezuela el cultivo de oleaginosas con autorización del gobierno colombiano que consideró el proyecto de interés nacional porque crearía 6.000 puestos de trabajo y otorgó la concesión de 90.000 hectáreas por un periodo de 80 años pudiendo pasar a titularidad de la empresa que las explota. Antes de ese plazo estará ejecutado el Plan de Interconexión de los ríos de Suramérica y estos suelos se valorizarán espectacularmente, razón por la que los pueblos de los márgenes del río Meta vienen siendo desplazados por la violencia paramilitar de sus propiedades.
Este proyecto en el que intervendrá dinero público de los Ayuntamientos de Gijón y Avilés viene a reforzar la estrategia de dominación territorial del proyecto político de la extrema derecha colombiana, responsable de crímenes de lesa humanidad, del expolio violento de cinco millones de hectáreas de tierras a los campesinos y de la devastación de decenas de miles de hectáreas de bosque húmedo tropical.
Esta información ha sido trasladada a las Autoridades Asturianas por los colectivos:
Ecologistas en Acción, Coordinadora Ecoloxista Asturiana, Soldepaz.Pachakuti, Picu Rabicu, ACSUR-Las Segovias.