El pasado 8 de marzo, Alberto Cárdenas, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, anunció que «en Chiapas se abren oportunidades para mercados legales de los recursos genéticos y la biodiversidad, ya que esa entidad es la segunda más rica del país en estos recursos». (La Jornada, Angélica Enciso, 8-3-05) Lo anuncia en […]
El pasado 8 de marzo, Alberto Cárdenas, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, anunció que «en Chiapas se abren oportunidades para mercados legales de los recursos genéticos y la biodiversidad, ya que esa entidad es la segunda más rica del país en estos recursos». (La Jornada, Angélica Enciso, 8-3-05)
Lo anuncia en el contexto de la firma de una carta de intención entre el gobierno de Chiapas y el de Wisconsin, Estados Unidos, para abrir a la inversión privada los 6 millones de hectáreas de bosques en ese estado. No contento con entregar el manejo forestal, también aclara que con la nueva iniciativa de Ley de Conservación de la Biodiversidad y la Protección Ambiental del estado de Chiapas, también habrá oportunidades para la bioprospección, los servicios ambientales y el ecoturismo. O sea, junto al gobierno de Chiapas anuncian el remate – con mejor cobertura legal- de los recursos naturales al mejor postor, que según prevén debe ser extranjero. ¿Será por esto que una iniciativa de ley estatal como la antes dicha, fue puesta a consulta internacional? Así los inversionistas puedan opinar si hay algo en la ley que les moleste.
Muy coherente con tal invitación, Ignacio March, director del programa en México de la multinacional conservacionista The Nature Conservancy (conocida entre activistas como The Nature Mercancy) afirma que los indígenas y campesinos de Chiapas «deben incluir a la iniciativa privada y organismos ambientales como sus aliados». (La Jornada, Angeles Mariscal, 7-3-05). March es un gran conocedor de la región y de los indígenas de Chiapas. Mientras era director de Conservación Internacional México impulsó los desalojos de las comunidades asentadas en la reserva de Montes Azules, en la Selva Lacandona, ya que los consideraba «gente ignorante a la que se engaña y manda». (La Jornada, Hermann Bellinghausen,10-6-2003). Ahora, March dice a la prensa que la «biopiratería afecta la biodiversidad» y está preocupado «por los derechos de propiedad intelectual de los pueblos indios»… ¿Será porque son tan ignorantes los pobrecillos?
Claro que ni Conservación Internacional ni The Nature Conservancy son ignorantes de la biopiratería. Ambas organizaciones tienen un historial amplísimo, sólo comparable a la WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza) en proyectos de biopiratería por el mundo entero. Muchas veces financiados directamente por el gobierno de Estados Unidos, para dar coartada «ambiental» a las trasnacionales farmacéuticas y productoras de transgénicos, como Monsanto y Novartis.
Pablo Muench Navarro, director del Instituto de Historia Natural y Ecología de Chiapas (IHNE) -quien promueve y será encargado de muchos aspectos de dicha ley de biodiversidad- aclara, sin embargo, que en Chiapas «no hay saqueo de material genético; hay algo de prospección de algunos materiales como vainilla, en la zona de Marqués de Comillas, en la selva Lacandona, por parte del Grupo Pulsar» (Tabasco Hoy, 2-3-05). El Grupo Pulsar, creado por el empresario Alfonso Romo, ya no existe como tal, pero los bancos genéticos que colectó, entre los que no sólo había vainilla, sino amplias colecciones de frijol, chile, calabaza y experiencias con agave transgénico (todos originarios de México), pasaron a ser de acceso directo de Monsanto, con la reciente compra de Seminis, principal subsidiaria del extinto Grupo Pulsar. Operación que por cierto incluyó que Romo siga dirigiendo Seminis. Monsanto por su parte ya tenía acuerdos previos de «investigación» del teocintle, ancestro del maíz, en la Reserva de Manantlán.
Quizá sea por eso que el director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Jaime Parada, conectó en recientes declaraciones la recién aprobada ley Monsanto (mal llamada de bioseguridad) con la necesidad de «patentar las especies nativas antes que lo hagan extranjeros». Su propuesta es absurda, pero además parece que se le ha hecho tarde. ¿Quién le impedirá a Monsanto disponer de todos esos materiales, cuando cuenta no sólo con las leyes federales, sino que hasta gobiernos estatales lo consultan y le ofrecen garantías?
Organizaciones que han luchado activamente contra la biopiratería, como el Consejo de Médicos y Parteras Indígenas Tradicionales de Chiapas (Compitch), denunciaron el atropello que significa esta propuesta de ley y el absurdo para la soberanía que implica además, ponerla a consulta internacional.
Quienes hablan de «bioprospección», suponen que con un marco legal que lo permita, o un contrato y el pago de unas mínimas regalías por el lucro de las patentes con que privatizan los recursos, ya no sería biopiratería. Olvidan -intencionalmente o no- que los recursos y conocimientos sobre la biodiversidad provienen de los indígenas y campesinos, y que no se trata de «derechos de propiedad intelectual», sino de bienes y derechos colectivos y para el bien público. Cualquier maniobra que los privatice, es un robo. No es a partir del inmoral sistema de patentes -o cualquier otra forma de privatización de recursos públicos- como se respetarían los derechos indígenas y campesinos ni los de nadie más. Si ese fuera el objetivo, existen propuestas claras de los propios indígenas que no están fragmentados en «conocedores de la biodiversidad» o «cuidadores de semillas y plantas», sino que reclaman el reconocimiento integral de todos sus derechos colectivos como pueblos al territorio, la tierra y sus recursos naturales.
¡Qué gran remate de recursos para las trasnacionales!
Silvia Ribeiro es Investigadora del Grupo ETC