Borren a Cuba de la lista de terroristas

Traducido para Cubadebate y Rebelión por Idalmy Montes García

Cuba fue colocada en la lista de naciones terroristas en marzo de 1982 sin motivos suficientes que explicaran tal decisión. Veinticinco años más tarde, los motivos del Departamento de Estado para mantenerla en la lista son poco convincentes. Dicho país no está involucrado en ninguna actividad terrorista ni promueve el terrorismo, a diferencia de lo que ha afirmado el Departamento de Estado. Por el contrario, lo ha condenado en todas sus manifestaciones, ha suscrito las doce resoluciones de la ONU contra el terrorismo y se ha ofrecido para firmar acuerdos con los Estados Unidos a fin de cooperar en la lucha contra el terrorismo – un ofrecimiento al que la Administración Bush ha hecho caso omiso.

Sí, hay fugitivos americanos en Cuba, pero ni siquiera en nuestra propia legislación, esto constituye motivo para declarar que Cuba sea un estado terrorista. Y si Cuba no extradita con regularidad a aquellos que huyen de la justicia americana, los Estados Unidos no han extraditado a ningún cubano en más de 47 años, ni siquiera a terroristas tristemente célebres como Orlando Bosch y Luis Posada Carriles.

En resumen, no existen pruebas creíbles de que Cuba sea un Estado que patrocine el terrorismo. La pregunta que cabría hacernos es: ¿Cómo puede favorecer a Estados Unidos presentar esas acusaciones falaces e insistir en que Cuba es un estado terrorista cuando obviamente no lo es y al mismo tiempo rechazar sus ofrecimientos para cooperar en la lucha contra el terrorismo? ¿Acaso esta actitud no socava nuestra propia credibilidad y pone en duda la seriedad de nuestro objetivo? Ciertamente ya es hora de poner fin a esta política deshonesta y contraproducente. El Congreso debería dar el primer paso con la celebración de audiencias para examinar las bases de esta política y las pruebas – si existiera alguna- además de exigir otro enfoque más constructivo.

Supuestas razones para colocar a Cuba en la lista

Un memorando del Servicio de Investigaciones del Congreso (CRS, por sus siglas en inglés) con fecha del 7 de noviembre de 2003, del cual el Centro de Política Exterior (CIP, por sus siglas en inglés) obtuvo una copia, indica que no se dio explicación alguna para incluir a Cuba en la lista en 1982. No obstante, de acuerdo con el memo del CRS, en un documento del Departamento de Estado de un mes antes de que Cuba fuera incluida en la lista, se afirmaba que Cuba alentaba el terrorismo y que era especialmente activa en El Salvador y Guatemala. Sin duda, esto debe haber sido parte de la lógica para colocarla en la lista. Y aún así, si el apoyo brindado por Cuba a las guerrillas que trataban de derrocar al gobierno establecido en El Salvador – o en Guatemala- fuera suficiente para catalogarlo de «Estado terrorista», entonces los Estados Unidos también se podrían calificar como un Estado terrorista, dado que brindó ayuda a los Contras en sus esfuerzos por derrocar al gobierno nicaragüense.

Además, como dije en mi libro, El enemigo más cercano, el 19 de abril, un mes después que Cuba fuera colocada en la lista, la Administración Reagan volvió a imponer restricciones en los viajes a la isla (en forma de controles monetarios) e impuso otras diversas sanciones contra Cuba. Los motivos que alegó por haber llevado a cabo estas acciones fueron: 1) que «Cuba … está incrementando su apoyo a la violencia en el hemisferio» y 2) que Cuba se rehusó a negociar nuestras discrepancias en política exterior. Pero como dije en el libro, en diciembre de 1981, un funcionario cubano de alto rango me informó que Cuba había suspendido todos los envíos de armas a Centroamérica y que esperaba que una concesión de tanto peso mejorara el clima de las negociaciones, no solo en América Central, sino también entre nuestros dos países. Es casi seguro que dicho paso se dio en respuesta a un planteamiento del Secretario de Estado Al Haig, quien en conversación con el Vicepresidente cubano Carlos Rafael Rodríguez en México el mes anterior, había afirmado, en respuesta a las muestras de interés de Cuba en entablar un diálogo, que los Estados Unidos no querían palabras sino cambios en las políticas de Cuba. Dicho paso fue un cambio significativo.

Informé al Departamento de Estado de esta conversación que tuvo lugar en diciembre, y pregunté si teníamos alguna prueba concluyente que demostrara lo contrario – por ejemplo, que Cuba continuara enviando cargamentos de armas a Centroamérica. Si no, mi recomendación era que los Estados Unidos debían iniciar el diálogo.

Tuve que enviar una serie de cables para insistir en que me enviaran respuesta. Finalmente, me enviaron una en marzo en la que se reconocía que los Estados Unidos no contaban con pruebas concluyentes que demostraran que Cuba continuara enviando cargamentos de armas a América Central, pero eso no importaba. En otras palabras, los Estados Unidos no estaban interesados en el diálogo. ¿Dónde estaba entonces la prueba de que hubiera habido un «incremento del apoyo a la violencia»?

Cuba, por un lado, en busca de negociaciones – o del diálogo- y, por otro, los Estados Unidos rechazaban esas tentativas de acercamiento, no a la inversa, como sugería el Departamento de Estado. Esta abierta tergiversación de los hechos ante el pueblo estadounidense fue uno de los motivos por el que decidí abandonar el Servicio Exterior poco después.

Falsas razones para mantener a Cuba en la lista

Veinticinco años después, Cuba permanece en la lista anual del Departamento de Estado donde aparecen los Estados que patrocinan el terrorismo por motivos que no resisten siquiera el examen más superficial. Existe, por ejemplo, la muy repetida acusación de que Cuba apoya el terrorismo como una táctica. John Bolton, ex Subsecretario de Estado, sin ir más lejos, dijo en marzo de 2004 que Fidel Castro «continúa viendo el terror como una táctica legítima para promover los objetivos de la Revolución».

Esta acusación es incierta y ni Bolton ni nadie han podido señalar un solo planteamiento de Castro en apoyo al terrorismo. Por el contrario, Cuba ha condenado el terrorismo en incontables ocasiones. Para poner un ejemplo, horas después de los ataques del 11 de septiembre, el gobierno cubano emitió una declaración en la que condenaba los ataques y lamentaba la pérdida de vidas. Más tarde en el propio mes, Castro condenó categóricamente toda forma de terrorismo como un «fenómeno éticamente indefendible que debe ser erradicado». Juró que «el territorio de Cuba nunca será utilizado para acciones terroristas contra el pueblo estadounidense».

Falsas acusaciones de que Cuba constituye una amenaza de guerra biológica

En el año 2004, Bolton afirmó que a la Administración Bush le «preocupaba que Cuba estuviera desarrollando limitados esfuerzos para la fabricación de armas biológicas … y consideraba que Cuba continuaba siendo una amenaza de guerra biológica para los Estados Unidos».

Las acusaciones de Bolton causaron revuelo. Sin embargo, durante los últimos tres años, existe la opinión generalizada de que esas acusaciones son infundadas y que están motivadas por la política. Desde luego, ni él ni nadie han podido presentar ninguna prueba que las respalde y ya el Departamento de Estado ni lo menciona.

Además, el Centro de Información sobre la Defensa (CDI, por sus siglas en inglés) envió varias delegaciones a Cuba con el fin de realizar investigaciones, e incluso en una ocasión estuvieron acompañados por el CIP. Los miembros de las delegaciones pudieron ir a donde quisieron y ver todo lo que solicitaron. Las conclusiones de dichas visitas se resumen quizás mejor en las palabras del General retirado Charles Wilhelm, antiguo comandante de SOUTHCOM, quien viajó con una de las delegaciones. «Aunque Cuba posee la capacidad para desarrollar y producir armas químicas y biológicas, nada de lo que vimos o escuchamos nos hizo llegar a la conclusión de que estén siguiendo ese camino».

Una Estimación Nacional de Inteligencia realizada en el verano de 2004 y publicada en The New York Times el 18 de septiembre del propio año se hizo prácticamente eco de las conclusiones de Wilhelm. En la misma se decía que «la Comunidad de Inteligencia continúa creyendo que Cuba posee la capacidad (con énfasis añadido) técnica para desarrollar algunos aspectos de un programa ofensivo de armas biológicas».

Sin embargo, no se hizo mención alguna a que Cuba estuviera desarrollando dicho programa.

En resumen, cualquier acusación de que Cuba constituya una amenaza de guerra biológica para los Estados Unidos debe considerarse infundada, a menos que esté respaldada por nuevas pruebas.

Se debe destacar, además, que el hecho de enviar delegaciones a Cuba para llevar a cabo investigaciones y discutir el asunto con los cubanos demostró que el intercambio científico con regularidad y de forma permanente constituye la mejor vía para crear transparencia y confianza en la posición de ambas partes. Necesitamos más intercambios como esos, no menos, y aún así la Administración Bush ha dado pasos contraproducentes para impedirlos.

El caso de los reportes anuales

Uno pudiera compadecerse de los analistas que elaboran la lista de estados patrocinadores del terrorismo, pues tienen la instrucción de escribir y publicar un informe cada año en el que se incluya a Cuba como uno de esos estados. Pero, ¿en dónde están las pruebas?

En años anteriores, los analistas manejaban el dilema con informes altamente cuestionables que no habían sido verificados, pero a medida que se ha incrementado el monitoreo durante los últimos años y se han señalado las conclusiones engañosas, los analistas han recurrido a una nueva táctica – incongruencias que no prueban que Cuba patrocine el terrorismo. En el informe de este año, por ejemplo, se decía que «Cuba no había intentado localizar, bloquear o confiscar bienes terroristas, a pesar de que la Ley cubana 93 contra actos de terrorismo y la Instrucción 19 de la Superintendencia del Banco Central de Cuba así lo establecen».

Pero cualquier abogado honesto respondería a tal afirmación con la pregunta: «¿Qué bienes?» No existe prueba alguna de que Al-Qaeda u otra organización terrorista posean bienes en Cuba. Por tanto, no hay nada que confiscar. Lo único que sí se deja claro en el informe es que en Cuba existen leyes contra los actos de terrorismo. Uno se peguntaría, entonces, ¿cómo concuerda eso con la afirmación que aparece en el informe de que Cuba sea un estado terrorista?

Y como cada año, el informe del año pasado hace referencia a la presencia en Cuba de la organización guerrillera vasca ETA y de las FARC y el ELN, de Colombia. En años anteriores, el Departamento de Estado intentó sugerir que estaban en Cuba contra la voluntad de sus respectivos gobiernos y que tenían objetivos siniestros. Dicha sugerencia fue desmentida año tras año por representantes de los gobiernos colombiano y español. Este año, no se han hecho las referidas acusaciones, puesto que se ha reconocido que ellos están viviendo en Cuba legalmente. Además, en el informe se dice que: «No existe información relacionada con actividades terroristas de estas u otras organizaciones en el territorio cubano … Estados Unidos no tiene conocimiento de la existencia de ningún enclave terrorista específico en el país».

Si ellos se encuentran ahí legalmente y no están involucrados en actividades terroristas, ¿cómo entonces su presencia puede hacernos llegar a la conclusión de que Cuba patrocine el terrorismo?

En el informe de este año se repite el mismo reclamo de todos los años de que Cuba permite que fugitivos americanos vivan en Cuba y que no es receptiva a las solicitudes de extradición de los EE.UU.

Cierto es que hay fugitivos norteamericanos en Cuba. La mayoría de los cuales son secuestradores de aviones que llegaron a este país en los años 70 y han vivido en Cuba desde entonces. Hay otros, probablemente siete u ocho, buscados por delitos cometidos en Estados Unidos. También es cierto que Cuba no ha respondido positivamente a las solicitudes de extradición de los EE.UU. No obstante, se deben señalar dos cuestiones al respecto. En primer lugar, a efectos prácticos, el tratado de extradición de 1904 ya no tiene vigencia, sobre todo porque los Estados Unidos no han cumplido ninguna solicitud de extradición hecha por Cuba desde 1959. En segundo lugar, porque la mayoría de los «delitos» cometidos en los EE.UU. son de índole política y en el Artículo VI del tratado se excluye la extradición de aquellas personas cuyos crímenes fueran de «naturaleza política».

Además, según señaló el abogado internacional Robert Muse en un informe de 2004, la presencia de ninguno de los fugitivos estadounidenses en Cuba ofrece las bases suficientes para declarar a Cuba un «estado patrocinador del terrorismo». La autoridad legal para realizar dicha denominación aparece en la Sección 6(j) de la Ley de Administración de Exportaciones de 1979, en la se establece que debe demostrarse que los fugitivos han cometido actos «terroristas» y que dichos actos sean de índole «internacional». Muse dice que no ha podido identificar a un solo fugitivo estadounidense en Cuba que cumpla esa doble condición. De ahí que no tengan nada que ver con la definición de Cuba como un «estado patrocinador del terrorismo».

En resumen, según ha señalado el CIP en sus respuestas durante los últimos años, los informes anuales no presentan ni una sola prueba que confirme que Cuba sea en realidad un estado terrorista.

Una política que debilita nuestros esfuerzos contra el terrorismo

Y no se trata solo de que no tengamos ni una sola prueba de que Cuba sea un estado terrorista, sino que nuestra política hacia Cuba obstaculiza nuestros propios esfuerzos contra el terrorismo. Según ha dicho el Presidente Bush una y otra vez, cualquiera que proteja a terroristas es un terrorista. Pero el hecho es que estamos protegiendo a toda una serie de terroristas declarados en Miami. El de más reciente llegada fue Luis Posada Carriles, acusado de ser uno de los autores intelectuales del sabotaje a una aeronave de Cubana en 1976 que provocó la muerte de 73 personas inocentes, incluido el equipo juvenil cubano de esgrima. En 1985 escapó de una cárcel venezolana mientras se encontraba en espera de juicio por esa acusación. De ahí se dirigió a América Central donde trabajó durante un tiempo para Oliver North en la operación Contra para derrocar el gobierno de Nicaragua.

Posteriormente, en una entrevista para The New York Times en 1998 alardeó de haber ordenado los sabotajes con bombas en varios hoteles en La Habana que ocasionaron la muerte a un turista italiano y heridas a muchas otras personas.

Y luego, en el año 2000, fue detenido en Panamá y más tarde condenado por «poner en peligro la seguridad pública» debido a su participación en un complot para asesinar a Fidel Castro por medio de una bomba que harían estallar en un auditorio público donde Castro pronunciaría un discurso ante un público de cerca de 1 500 personas. En 2004, la congresista Ileana Ros-Lehtinen (republicana por la Florida) y sus dos colegas del Congreso Lincoln y Mario Diaz Balart (ambos republicanos por la Florida), apelaron a la entonces Presidenta Mireya Moscoso para solicitar su indulto, así como el de otros tres que estuvieron involucrados en el complot: Guillermo Novo, condenado en 1976 por el asesinato del diplomático chileno Orlando Letelier en Washington (aunque su condena fue anulada más tarde); Gaspar Jiménez, quien estuvo en prisión seis años en México por intentar secuestrar a un diplomático cubano y matar a su guardaespaldas en el intento; y Pedro Remón, quien se había declarado culpable en 1986 por intentar hacer estallar la Misión cubana en Naciones Unidas.

En agosto de 2004, como parte de uno de sus últimos actos como Presidenta de Panamá, Moscoso les concedió el indulto a todos. Jiménez, Remón y Novo, todos ciudadanos americanos, inmediatamente regresaron a Miami, donde fueron recibidos como héroes. Posada, quien posee ciudadanía venezolana, decidió aguardar el momento oportuno en Honduras durante unos meses, pero luego, como veremos más adelante, entró discretamente a los EE.UU. en el mes de marzo.

No era esa la primera vez que Ros-Lehtinen obrara a favor de la liberación de terroristas. Orlando Bosch, otro autor intelectual del sabotaje a la aeronave de Cubana en 1976, fue liberado de la prisión donde se encontraba detenido en Venezuela bajo circunstancias misteriosas y regresó a Miami sin visa en 1988. El Servicio de Inmigración y Naturalización inició un proceso para deportarlo y según argumentó el fiscal general adjunto en ese momento: «La seguridad de esta nación se ve afectada por su capacidad de instar de manera creíble a otras naciones a que se nieguen a brindar ayuda y refugio a terroristas. No podríamos dar refugio al Dr. Bosch y mantener nuestra credibilidad».

Pero sí le dimos refugio. A instancias de Ros-Lehtinen y Jeb Bush -quien por aquel entonces dirigía la campaña electoral de la congresista- George H.W. Bush le concedió el indulto a Bosch., quien desde entonces vive libremente en Miami.

Posada regresó a Miami en marzo. Todo el mundo sabía que él estaba allá, pero el gobierno federal no hizo ningún esfuerzo por apresarlo o al menos admitir su presencia, hasta que en mayo Posada ofreció una conferencia de prensa y fue entonces cuando el gobierno se vio obligado a actuar.

Fue arrestado, pero en lugar de condenarlo por actos terroristas, fue simplemente acusado de haber entrado ilegalmente y enviado a El Paso para una vista administrativa de inmigración; una total y absoluta farsa. Se ordenó su deportación, pero como las autoridades estadounidenses ya conocían, ningún país estaba dispuesto a aceptarlo, excepto Venezuela, que había solicitado su extradición por el sabotaje a la aeronave de Cubana en 1976. El juez federal, sobre la base de nada menos que la opinión de un viejo socio de Posada, dictaminó que no podía ser extraditado a Venezuela por miedo a que lo fueran a torturar, sin importar que el gobierno venezolano hubiera asegurado que Posada sería detenido en condiciones totalmente transparentes.

A fin de retenerlo más tiempo, pero para evitar cualquier acusación de terrorismo, el gobierno presentó entonces el cargo de que había dado información falsa en su solicitud de entrada al país. Otra farsa, que finalmente terminó el 8 de mayo de 2007, cuando la Jueza Kathleen Cardone, al comprender claramente los tejemanejes, acusó al gobierno de haber actuado de mala fe y «de haber cometido fraude, engaño y artimañas». (¡Se refería a la Administración Bush!).

Al ser ese el caso, dijo: «este tribunal no tiene otra alternativa que desestimar la acusación».

Posada fue entonces puesto en libertad y regresó a Miami.

Han pasado ya unos tres meses y la Administración Bush no ha dado ningún indicio de que pretenda tomar otras medidas contra Posada. Lo que debería hacer está claro. Venezuela ha solicitado su extradición. Nuestro país ha suscrito un tratado de extradición con Venezuela y de conformidad con dicho tratado, y otros más, debemos extraditarlo a Venezuela o acusarlo de haber cometido actos de terrorismo y juzgarlo en los Estados Unidos. Si no lo hacemos, estaríamos cometiendo una flagrante violación de los tratados internacionales y seríamos vistos como un país que abiertamente ofrece refugio a otro terrorista. Desafortunadamente, por el momento todo parece indicar que es eso lo que la Administración Bush pretende hacer. De ser así, la credibilidad de nuestra posición contra el terrorismo se verá seriamente afectada – lo que nos recuerda la idea de que «¡lo que para unos es un terrorista, es un luchador por la libertad para otros!» Esa no es forma de ganar la guerra contra el terrorismo.

The National Interest es publicado por The Nixon Center

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*El autor fue miembro del cuerpo diplomático de los EE.UU. y especialista en asuntos relacionados con Cuba durante casi 25 años. En 1982 abandonó el Servicio Exterior, cuando fungía como Jefe de la Oficina de Intereses de los EE.UU. en La Habana, debido a sus discrepancias con la política de su gobierno hacia Cuba. Desde 1984 es profesor adjunto en la Universidad Johns Hopkins y Miembro Principal del Center for International Policy (Centro de Política Exterior) de Washington, DC desde 1992.

Publicado originalmente http://www.nationalinterest.org/Article.aspx?id=15108