La cuestión agraria en Brasil nunca ha sido resuelta porque la dominación del latifundio articulado con la política y los medios de comunicación siempre consiguió debilitar, aislar y fragmentar las clases populares del campo, con excepción del Movimiento de los Sin Tierra (MST). Apenas toleró luchas reivindicatorias o aprobó políticas públicas meramente compensatorias, pero nada […]
La cuestión agraria en Brasil nunca ha sido resuelta porque la dominación del latifundio articulado con la política y los medios de comunicación siempre consiguió debilitar, aislar y fragmentar las clases populares del campo, con excepción del Movimiento de los Sin Tierra (MST). Apenas toleró luchas reivindicatorias o aprobó políticas públicas meramente compensatorias, pero nada verdaderamente transformador.
Esas clases populares nunca consiguieron componer un frente amplio de presión al Estado con el fin de aplicar lo que prescribe la constitución en su artículo 184: «Compete a la Unión desapropiar por interés social para fines de reforma agraria, el inmueble rural que no esté cumpliendo su función social».
La Unión, ahora bajo la administración del Partido de los Trabajadores (PT), nunca dio la celeridad necesaria a la reforma agraria. No necesita quitar la tierra a alguien, solamente utilizar los 250 millones de hectáreas de tierras restituidas o los 285 millones de hectáreas de latifundios improductivos, según datos del Instituto de Colonización y Reforma Agraria (Incra). Hay tierras para muchas reformas agrarias en caso que el Estado realmente quisiese, como quiso la reforma de la Seguridad Social y de lo Tributario.
No solo no se hace la reforma agraria sino que ha incrementado el latifundio por sobre 2 mil hectáreas. Entre 1992 y 1998 se amplió en 56 millones de hectáreas lo que representa tres veces más que los 18 millones de hectáreas que el gobierno de Fernando Henrique Cardoso desapropió en 8 años de administración. El consorcio madera – ganado bovino- producción de granos, avanza Amazonia adentro, provocando una deforestación jamás vista antes. Solamente entre agosto de 2002 a agosto de 2003 se deforestó y quemó 23.750 kilómetros cuadrados. Como consecuencia de esto, junto a otros factores, Brasil emite anualmente 200 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, tanto como lo que Primer Mundo se dispone a disminuir.
Frente a esa perversidad social y ecológica, gana importancia la «Conferencia Nacional Tierra y Agua: Reforma Agraria, Democracia y Desarrollo Sustentable», que reunió a 10 mil campesinos de todo el país, en Brasilia, del 22 al 25 de noviembre. Por primera vez se logró un frente amplio de 45 organizaciones que se comprometen con la reforma agraria y la justicia en el campo, intentando modificar la correlación de fuerzas con el latifundio y el agronegocio. Estas organizaciones se dieron cuenta que, de mantenerse el actual modelo macroeconómico, se vuelve imposible a la reforma agraria y la garantía de la soberanía alimentaria. Hábilmente escogieron como eje para el debate la Tierra y el Agua, dos de los bienes fundamentales que desenmascaran la lógica perversa del sistema imperante entre nosotros y en la globalización. Este sistema hace de todo mercancía y oportunidad de ganancia. Ahora, la tierra y el agua son bienes singulares. De ellos depende la supervivencia de la naturaleza y la humanidad.
Más que recursos, son bienes naturales, vitales e insustituibles. No podemos hacerlos mercancía en manos de pocos. Es preciso guardar su destino universal. El agronegocio convertido en exportación lo que más necesita es tierra y agua. Los dólares que ganan ayudan al gobierno en su estrategia de estabilidad que no es otra cosa que alcanzar un endeudamiento sustentado. Pagaremos al día la deuda e(x)terna a costa de continuar matando y deforestando, no haciendo reforma agraria y manteniendo en la exclusión social a millones.
Estas entidades no aceptan este destino trágico para el pueblo. Son ellas las portadoras de un Brasil diferente, no el gobierno. La esperanza dejó Planalto y regresó a la planicie.
(Traducción ALAI)