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Siria

Cambios socio-económicos, impactos y consecuencias

Fuentes: L´Anticapitaliste

El levantamiento popular en Siria surge de los cambios socioeconómicos acontecidos desde la llegada al poder de Hafez Al Assad en1970. Se inscribe en el proceso regional y mundial de avance de las políticas neoliberales a partir de los años 1970. Alabado y acogido con una gran alegría por la alta burguesía de Alepo y […]

El levantamiento popular en Siria surge de los cambios socioeconómicos acontecidos desde la llegada al poder de Hafez Al Assad en1970. Se inscribe en el proceso regional y mundial de avance de las políticas neoliberales a partir de los años 1970.

Alabado y acogido con una gran alegría por la alta burguesía de Alepo y de Damasco, Hafez Al Assad construyó una red de lealtades, en particular económicas, con personas de las diferentes comunidades religiosas, étnicas y tribales, poniendo fin a las políticas radicales de los años 1960, que habían puesto en cuestión el patrimonio y el poder político de la gran burguesía. Assad apaciguó los sectores más poderosos del mundo de los negocios -grandes comerciantes y grandes industriales, concentrados principalmente en las ciudades de Damasco y Alepo, así como los muy grandes propietarios de tierras- cuya influencia no ha dejado de crecer de cara a las autoridades, pero se asoció también de forma progresiva a nuevos actores burgueses promovidos a un ascenso rápido en el seno del aparato de Estado.

Durante treinta años, el régimen de Hafez Al Assad impulsó una lenta liberalización económica, mezclada con corrupción, al precio de importantes retrocesos económicos colmados únicamente por la ayuda -una fracción de la renta petrolera- de las monarquías del Golfo. En 1986, la crisis de la moneda nacional sancionó la consolidación acelerada de las redes económicas construidas por el régimen. Desde 1991, esas redes dominan amplios terrenos económicos.

Esta «nueva clase», orgánicamente ligada al Estado, necesitaba invertir su riqueza en diferentes sectores de la economía. El decreto nº 10 (1991) constituyó el medio de «blanquear» las rentas que había acumulado. Esta Ley buscaba la promoción y el impulso de la inversión privada nacional y extranjera en sectores que, en lo fundamental, hasta entonces eran monopolio público: industria farmacéutica, agricultura, industria agro-alimentaria, hostelería y transporte. Facilitó la inversión en el sector privado y abrió posibilidades de importación-exportación gracias a la reducción de impuestos y otros incentivos fiscales, enriqueciendo de ese modo a los sectores mejor situados y profundizando el sistema de corrupción generalizada: el «capitalismo de amiguetes».

Los años 1990 vieron así la emergencia de esta «nueva clase» -nuevos ricos o una burguesía híbrida- salida de la fusión de la burocracia estatal y de los supervivientes de la antigua burguesía «privada». Aparecieron nuevos monopolios en manos de la familia de los Al Assad, siguiendo la estela del primo hermano del nuevo dictador, Rami Makhlouf, que en vísperas del levantamiento de 2011 controlaba cerca del 60% de la economía del país.

La calidad de los bienes y servicios disminuyó, particularmente en salud y educación, donde han proliferado las instituciones privadas, mientras que desde 2004 el sector financiero ha conocido el auge los primeros bancos privados (dominados por capitales sirios y de las petromonarquías del Golfo), de compañías de seguros, de la Bolsa de Damasco y de oficinas de cambio.

Neoliberalismo y deterioro del nivel de vida

Las políticas neoliberales puestas en marcha estos diez últimos años han provocado el hundimiento del sector público y llevado al dominio del sector privado, que concierne ya a cerca del 70% de las actividades económicas. Esto ha obligado que la gente se vea obligada a acudir al sector privado, más caro, para poder disfrutar de los servicios básicos.

Las inversiones directas extranjeras han pasado de 120 millones de dólares en 2002 a 3,5 millardos en 2010, en particular en el campo de la exportación, de los servicios y del turismo. Por otra parte, el régimen sirio se ha dedicado a reformar su sistema de subvenciones, penalizando aún más a las clases populares y más pobres, mientras las privatizaciones se multiplicaban.

El crecimiento real del PIB se ha ralentizado y la renta real por habitante ha disminuido desde el comienzo de los años 1990. En vísperas del levantamiento de 2011, la tasa de paro se elevaba al 14,9% según las cifras oficiales -entre el 20% y el 25% según otras fuentes; alcanzaba respectivamente al 33,7% y el 39,3% entre los jóvenes de 20-24 años y los de 15-19 años. En 2007, el porcentaje de sirios que vivía por debajo del umbral de pobreza era del 33%, lo que representaba alrededor de siete millones de personas, mientras que el 30% de ellas estaba justo por encima de ese nivel. El número de pobres es más elevado en el medio rural (62%) que en las zonas urbanas (38%). La pobreza está más extendida, más anclada y más marcada (58,1%) en el noroeste y el noreste (provincias de Idleb, Alepo, Raqqa, Deir Ezzor y Hassakeh) en donde vive el 45% de la población.

El crecimiento económico de Siria, cuya media fue del 5% durante los años precedentes al inicio de las revueltas, no benefició a las clases populares; en efecto, las desigualdades en términos de riqueza no han dejado de aumentar. Entre 1997 y 2004, el coeficiente de Gini (que mide la desigualdad de las rentas) pasó de 0,33 a 0,37. En 2003-2004, el 20% más pobre realizaba. solo el 7% del conjunto de los gastos, mientras que el 20% más rico era responsable del 45% de éstos. Una tendencia que no dejó de crecer hasta el estallido de la revolución.

En la agricultura, desde el año 2008, con el pretexto de la sequía la privatización de las tierras se hizo a costa de varios cientos de miles de campesinos del noreste. El aumento y la intensificación de la explotación de las tierras por grandes empresas del agrobusiness -incluyendo terrenos precedentemente conservados para el pasto o también la perforación ilegal de pozos-, así como la puesta en pie de acuaductos selectivos respondiendo a las exigencias de los nuevos grandes propietarios, facilitan la corrupción de la administración local que acompaña a la crisis agrícola. En 2008, el 28% de los agricultores explotaban el 75% de las tierras irrigadas, mientras que el 49% no disponía más que del 10% de dichas tierras, lo que muestra el progreso de las desigualdades en el ámbito de la agricultura.

La ausencia de democracia y el empobrecimiento creciente de grandes sectores de la sociedad siria, en un clima de corrupción y de desigualdades sociales crecientes, prepararon el terreno para la insurrección popular, que no estaba pendiente más que de la chispa.

Traducción: Faustino Eguberri para VIENTO SUR

Fuente original: http://vientosur.info/spip.php?article8400