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Arabia Saudí

Campaña de intimidación contra activistas de derechos humanos

Fuentes: Aish

La represión de la libertad de expresión y manifestación es una constante en Arabia Saudí, sobre todo desde que empezó la Primavera Árabe, por ello resulta relevante que, en los últimos meses, el acoso ejercido por las autoridades contra activistas de derechos humanos haya aumentado notablemente. De hecho, se han producido detenciones y juicios arbitrarios […]

La represión de la libertad de expresión y manifestación es una constante en Arabia Saudí, sobre todo desde que empezó la Primavera Árabe, por ello resulta relevante que, en los últimos meses, el acoso ejercido por las autoridades contra activistas de derechos humanos haya aumentado notablemente. De hecho, se han producido detenciones y juicios arbitrarios por cargos relacionados con el activismo político. Tal es el caso de dos importantes defensores de los derechos humanos en Arabia Saudí: Abdulá bin Hamid bin Ali al-Hamid, de 65 años, y Muhammad bin Fahad bin Muflih al-Qahtani, de 46, cofundadores de la Asociación saudí de Derechos Civiles y Políticos (ACPRA).

El pasado 11 de junio, el Tribunal Penal de Riad procesó a Abdulá al-Hamid. Pero no era la primera vez que se sancionaba a este reconocido activista, ya que en mayo de 2005 fue condenado a siete años de prisión por incitar a la disidencia, si bien quedó en libertad en virtud de un indulto real en agosto de ese mismo año. En 2008 cumplió una pena de cuatro meses de prisión por participar en una manifestación pacífica, organizada ante la prisión de Buraida por mujeres que solicitaban la libertad de familiares encarcelados, o bien, la celebración de un juicio con garantías.

Al igual que otros defensores de los derechos humanos, Muhammad al-Qahtani acudió a la vista judicial de al-Hamid en junio como observador y fue entonces cuando le informaron de que él también sería sometido a juicio una semana más tarde. Entre los cargos presentados contra ambos, estaban la deslealtad al gobernante, la creación de una organización no autorizada (ACPRA) y la denuncia de la existencia de un Estado policial en el que se practica la tortura y las confesiones bajo coacción. En definitiva, se les acusa de revelar las violaciones de derechos humanos e incitar a las organizaciones internacionales a posicionarse en contra del reino saudí. Tales acusaciones se basan en que la asociación que dirige al-Qahtani fue creada en octubre de 2009 para denunciar la violación sistemática de derechos, ya que según el activista «no hay otro organismo independiente que pueda defender esos derechos». Con esa idea la ACPRA se encarga de notificar a Naciones Unidas y otros observadores internacionales los abusos del sistema judicial saudí. Además asesoran legalmente a las familias de presos sin cargos que deseen denunciar al Ministerio del Interior.

En septiembre se reanudaron los juicios de ambos activistas saudíes. La tercera audiencia pública tuvo lugar el día ocho y, debido a la masiva asistencia de reformistas, el juez decidió que el resto de las vistas se celebrarían a puerta cerrada. Fuera del tribunal, al-Hamid y al-Qahtani relataron que el juez se había negado a celebrar una audiencia pública porque muchos asistentes podrían testificar posteriormente contra el sistema de justicia. Ambos se enfrentan a varios años de cárcel y a una multa considerable y, a juzgar por los antecedentes, cabe la posibilidad de que sean condenados. El pasado 10 de abril, Muhammad Saleh al-Bajady, compañero y cofundador de ACPRA, fue sentenciado a cuatro años de prisión y, además, cuando salga de la cárcel tendrá prohibido salir del país durante cinco años más. Phillip Luther, director del Programa para Oriente Próximo y el Norte de África de Amnistía Internacional, declaró: «El juicio a que han sometido las autoridades saudíes a Muhammad al-Qahtani es tan solo uno más de una serie preocupante de causas judiciales cuyo objetivo es acallar a los activistas de derechos humanos del reino» y añadió que «en vez de reprimir a destacados miembros de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos, las autoridades saudíes deben investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado que esa y otras organizaciones han estado documentando».

El encarcelamiento sin cargos es el mayor problema de derechos humanos en el país. Muchos sospechosos de disensión política o religiosa han sido arrestados sin una orden judicial explícita, acusados de amenazar la seguridad nacional. El Código de Procedimiento Penal de 2001, que sustituyó al Estatuto sobre los principios de Detención, Reclusión Provisional y Prisión Preventiva de 1983 limita la duración de la detención, detalla que la persona será informada de los motivos de su arresto y tendrá derecho a comunicarse con quien elija para que conozca su situación. Además, exige que se ponga a los detenidos a disposición judicial y que tengan acceso a un abogado. No obstante, estas normas siguen sin ser respetadas, tal como manifestaba Philip Luther: «Mediante juicios basados en cargos falsos y medidas restrictivas arbitrarias, como la prohibición de viajar, las autoridades saudíes se han embarcado en una campaña para someter al colectivo de defensores de los derechos humanos a través de la intimidación». La implantación de un régimen del terror -mediante detenciones, medidas represivas y amenazas, apoyadas por la Asociación de Investigaciones y Fetuas, que prohíbe las manifestaciones- parece ser uno de los elementos clave del régimen para frenar las protestas. Esto evidencia el incremento de la represión contra activistas de derechos humanos en el último año. Al-Qahtani, en su último juicio, afirmó que las acusaciones que se lanzaron contra él eran malintencionadas y le pidió al juez que admitiera en el tribunal a aquellas personas que habían sufrido violaciones de derechos humanos a manos del Estado para corroborar que las críticas de ACPRA eran legítimas.

Se desconoce cuántos presos hay detenidos arbitrariamente, pero ACPRA estima que son más de 30 000, mientras que el Gobierno reduce la cifra a 4396. El pasado 23 de septiembre ─día nacional saudí─, algunos familiares de presos sin cargos protagonizaron una sentada frente a la prisión de al-Turfiya, cerca de Buraida (capital de la provincia de al-Qasim), que tenía como objetivo sensibilizar al mundo sobre estos casos. En el transcurso de las protestas, la policía antidisturbios acorraló a los manifestantes y los privó de agua y comida; después golpeó y detuvo a algunos de ellos. Estos últimos acontecimientos revelan que la situación de los presos sin cargos está lejos de solucionarse.

En Arabia Saudí, pese a que el poder judicial (basado en la sharía) recae en la Corte Suprema, el Consejo Judicial Supremo y los tribunales islámicos de primera instancia y apelaciones, hay bastante normas que constituyen una especie de derecho consuetudinario, más que un código formal, por lo que los jueces pueden ofrecer interpretaciones subjetivas de la ley islámica cuando superponen las costumbres. De hecho, los cargos que se les imputa a los detenidos y las penas que se aplican siguen estando rodeados de secretismo. Por otra parte, cabe señalar que el poder judicial depende directamente del Estado. Aunque la Ley Básica especifica que dicho poder es independiente (art. 46), la elección de los jueces, así como la separación de sus funciones, corre a cargo del rey (art. 52). Asimismo, el Ministerio del Interior, a pesar de haberse comprometido en el 2009 a trasladar la responsabilidad de juzgar al Ministerio de Justicia, sigue controlando ─a través de la mutawwaín y el Servicio de Investigaciones Generales─ el procedimiento de detención. Hasta que esta situación no cambie seguirán celebrándose juicios sin garantías con tribunales que no permiten presencia letrada ni apelación y que violan las normas internacionales de derecho procesal.

Fuente original: http://www.aish.es/index.php/es/component/content/article/178-claves-arabia-saudi/3734-arabia-saudi-8102012-campana-de-intimidacion-contra-activistas-de-derechos-humanos

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