Activistas sociales quieren que el gobierno de Canadá imponga obligaciones en materia de derechos humanos y ambiente a sus firmas mineras que operan en América Latina y otras regiones en desarrollo. «En la última década Canadá fue el mayor inversor mundial en minería en América Latina. Las mineras canadienses son responsables de la contaminación ambiental […]
Activistas sociales quieren que el gobierno de Canadá imponga obligaciones en materia de derechos humanos y ambiente a sus firmas mineras que operan en América Latina y otras regiones en desarrollo.
«En la última década Canadá fue el mayor inversor mundial en minería en América Latina. Las mineras canadienses son responsables de la contaminación ambiental y de violaciones a los derechos humanos en toda esta región», dijo a Tierramérica Jamie Kneen, de la no gubernamental Alerta Minera Canadá.
Casi 60 por ciento de las mineras del mundo es canadiense. El sector genera más de 40 mil millones de dólares anuales, que representan alrededor de cuatro por ciento del producto interno bruto de Canadá.
«Canadá debe fijar límites a sus compañías», dijo el activista Lucio Cuenca Berger a un panel gubernamental canadiense durante un foro abierto sobre responsabilidad social corporativa en los sectores minero, petrolero y gasífero realizado del 12 al 14 de este mes en Toronto.
Cuenca Berger representa al no gubernamental Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales que trabaja con comunidades chilenas afectadas por proyectos mineros, incluyendo el controvertido Pascua Lama de la corporación canadiense Barrick Gold, en la frontera entre Chile y Argentina.
«Preocupa que los desechos derivados de Pascua Lama contaminen los ríos que alimentan al cercano valle de Huasco, donde hay unos 70.000 pequeños agricultores», explicó Cuenca Berger. El diseño original del proyecto de 1.500 millones de dólares implicaba afectaciones a glaciares, pero fue desechado.
Barrick, la mayor productora mundial de oro, recibió hace poco la aprobación ambiental de las autoridades en Chile para comenzar Pascua Lama, pese a la incesante oposición local.
«En Chile, la aprobación ambiental es más política que técnica», aseguró Cuenca Berger.
La incapacidad o falta de voluntad de los gobiernos locales para aplicar los estándares internacionales en materia de derechos humanos y ambiente no deberían dar licencia a las compañías canadienses para ignorar estos estándares, opinan los activistas.
Una de ellas, Manhattan Minerals, pasó años intentando obligar a los habitantes de la septentrional localidad peruana de Tambogrande a aceptar abrir una mina a cielo abierto en medio de su aldea, antes de admitir su derrota en 2005.
Comunidades de la noroccidental provincia ecuatoriana de Imbabura fueron forzadas a presentar una demanda para impedir que la Ascendant Copper Corporation de Toronto construyera una mina de cobre a cielo abierto en sus tierras, señaló Kneen, de Alerta Minera.
En México, Minera San Xavier, subsidiaria de la canadiense Metallica Resources, comenzó a construir una mina de oro en la central localidad de San Luis Potosí, pese a la oposición local y a fallos judiciales en su contra.
Pierre Gratton, de la Asociación Canadiense de Minería (CNA) que representa a las 25 mineras más importantes del país, reconoce que algunos de sus compatriotas estaban mal preparados para trabajar en países en desarrollo con una gobernanza pobre, conflictos locales irresueltos y leyes ambientales débiles.
«Es claro que hay problemas y por eso estamos organizando estos foros (sobre responsabilidad social corporativa)», dijo Gratton a Tierramérica.
Los foros públicos, como el de Toronto, responden al aumento de las críticas contra las mineras canadienses que operan en el exterior y al compromiso del gobierno del conservador primer ministro Stephen Harper de promover estándares internacionales de responsabilidad social corporativa.
Otros dos foros se realizarán en octubre en Calgary y en noviembre en Montreal. Recomendaciones surgidas de allí serán presentadas al parlamento canadiense en 2007.
Existen varios estándares internacionales, como las Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para empresas multinacionales, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y el Capítulo de Desarrollo Sustentable del Consejo Internacional sobre Minería y Metales, entre otros.
La CNA posee sus propias pautas y la mayoría de las firmas mineras, petroleras y gasíferas tiene estándares internos.
Pero, según el Centro Canadiense para el Estudio de Conflictos de Recursos, apenas cinco por ciento de las 584 empresas extractivas de Canadá con negocios en el exterior adhieren a criterios reconocidos.
«Está claro que los estándares voluntarios existentes no funcionan», dijo Omega Bula, de la protestante Iglesia Unida de Canadá, que se asoció con organizaciones católicas y otras en la campaña «Vida antes que réditos» para mejorar las prácticas de la enorme industria minera internacional de Canadá.
Bula, como la mayoría de los activistas en la reunión de Toronto, insiste en que es responsabilidad de Canadá establecer códigos obligatorios de conducta para las firmas canadienses que operan en países en desarrollo.
Auditorías independientes y un organismo de control garantizarían su cumplimiento. Y, si esto no se consigue, las compañías y sus directores deberían ser responsabilizados bajo leyes canadienses más fuertes, expresó Bula.
La transparencia es otro requisito, según los activistas. Los habitantes locales no saben cuánto dinero recibe su gobierno de mineras extranjeras.
«Las pautas de la OCDE están bien, siempre que haya una tercera parte independiente para controlar», opinó un miembro de la sociedad civil.
Pero un funcionario de la industria dijo que Canadá no debería regular cómo opera una compañía en otro país.
«Si a las firmas canadienses se les vuelve demasiado oneroso operar en países en desarrollo, se irán. Entonces, alguien más se llevará los minerales», evaluó Erin Airton, de Platinum Group Metals, con sede en Vancouver, que posee minas en Sudáfrica y México.
En vez de establecer reglas obligatorias, el gobierno de Canadá debería ayudar a los países a fortalecer sus propias instituciones para hacer cumplir sus leyes y regulaciones, opinó.
Kerry Knoll, presidente de Glencairn Gold Corporation, detalló durante el foro las labores sociales de su empresa, que emplea a 1.200 trabajadores en las minas de Costa Rica y Nicaragua.
«Cada mañana brinda desayunos a 500 niños, así como entrenamiento a adultos no empleados en las minas. Operamos un molino de oro para que los mineros artesanales locales no usen mercurio y contaminen los ríos», relató.
Knoll estima que su compañía gastó varios millones de dólares en esos programas, pero fue acusada por organizaciones no gubernamentales de intentar sobornar a los habitantes de la zona.
Sin embargo, él está a favor de un sistema de auditoría gubernamental.
«Los inversionistas están cada vez más interesados en los antecedentes ambientales y sociales de las empresas», señaló. «Sería bueno hacerlos públicos».
* El autor es corresponsal de IPS. Este artículo fue publicado originalmente el 23 de septiembre por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.