Estupefactas ante el drástico y veloz acto disciplinario mediante el cual ha alejado a la Dra. Helia Molina de su cargo de Ministra de Salud, estimamos necesario reiterar la situación de quienes abortan en Chile, en el ánimo de resistir la hipocresía de las elites en lo referido a los derechos sexuales y reproductivos de […]
Estupefactas ante el drástico y veloz acto disciplinario mediante el cual ha alejado a la Dra. Helia Molina de su cargo de Ministra de Salud, estimamos necesario reiterar la situación de quienes abortan en Chile, en el ánimo de resistir la hipocresía de las elites en lo referido a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Como ocurre en los escasos países que prohíben absolutamente el aborto, en Chile no es posible contar con datos oficiales basados en evidencia que permitan saber exactamente cuántos abortos se efectúan cada año, cómo se distribuyen según estrato social, edad y religión, cuáles son las prácticas más utilizadas, qué motivaciones predominan, en cuáles lugares se realizan según la clase social.
En general, se dispone de estimaciones e investigaciones cualitativas que entregan un panorama ajustado, basado en fórmulas consensuadas internacionalmente. Es la información opinable. La falta de cifras oficiales es consecuencia de la clandestinidad en que deben realizarse los abortos: la protección de las mujeres y del personal de salud solidario y compasivo que las acoge, obliga a que los casos se encubran para evitar la represión. La clandestinidad afecta a las mujeres de todos los estratos y es expresión de la desigualdad de género. En la calidad de la atención y en la solidez del encubrimiento aparecen otras desigualdades.
Las mujeres más desprotegidas no siempre pueden recurrir al método más moderno y seguro, el aborto médico, que se encuentra respaldado por la Organización Mundial de la Salud. Cuando tienen acceso al medicamento, la mayoría de ellas carece de acompañamiento profesional, y el temor a las complicaciones lleva a que muchas acudan a los hospitales públicos, arriesgándose a malos tratos y denuncias a la policía. En cambio, las mujeres con recursos acceden con facilidad al misoprostol, disponen de médic@s de confianza que dan seguimiento al proceso abortivo y que, si es necesario, garantizan una atención encubierta en clínicas privadas – ello no debiera considerarse estigma -, o recomiendan vías para realizar el aborto en países vecinos.
Es verdad que cuando se dispone de recursos es posible irrespetar las leyes y abortar en forma segura y casi sin riesgos jurídico penales. Pero insistimos, desde el punto de vista de los derechos humanos y la justicia de género, tanto las mujeres adineradas como las que son pobres, no gozan de igualdad de derechos y libertades en lo que atañe a su sexualidad y reproducción. En los países con leyes democratizadoras, las estadísticas evidencian que las mujeres pobres y las mujeres ricas abortan y que los motivos predominantes no corresponden a las causales que incluirá el proyecto gubernamental, hasta ahora postergado.
La ex Ministra transparentó la realidad y aportó a la ética política, desechando el cálculo. Pero percibimos que la verdad se castiga cuando los poderes hegemónicos prefieren ocultarla, y que una vez más, las exigencias hacia las autoridades mujeres son mayores que las dirigidas a sus símiles hombres; ejemplo de ello es la disparidad de tolerancia y perdón en los casos del embajador Contreras y la Ministra Molina.
Percibimos también que los conservadores antiderechos manipularon los dichos de Molina para asegurar un clima de escándalo y la reacción disciplinaria de La Moneda. La ética médica y el pleno ejercicio de derechos sexuales y reproductivos y libertad de decidir serán realidad cuando exista una legislación que permita el aborto en toda circunstancia. Usted lo sabe señora Presidenta.
Fuente: http://articulacionfeministachile.blogspot.com/2015/01/carta-abierta-la-presidenta-bachelet.html