Hablar de la crisis climática es hablar de la crisis del sistema capitalista o más bien de la crisis del mundo a raíz del sistema capitalista y del colonialismo que durante siglos explotaron sin límites los recursos naturales, las culturas de los pueblos, sus saberes y conocimientos y las fuerzas de trabajo de miles de […]
Hablar de la crisis climática es hablar de la crisis del sistema capitalista o más bien de la crisis del mundo a raíz del sistema capitalista y del colonialismo que durante siglos explotaron sin límites los recursos naturales, las culturas de los pueblos, sus saberes y conocimientos y las fuerzas de trabajo de miles de millones de personas, de aquellas que sostienen con su esfuerzo y sus energías la vida de las sociedades del mundo. Así, el cambio climático que a estas alturas puede considerarse como uno de los mayores crímenes cometidos contra la humanidad y contra la Madre Tierra, es el síntoma más claro y paradigmático de una crisis civilizatoria que ha tocado límites.
Un crimen que -contrariamente a las versiones ingenuas ampliamente difundidas en las que todos seríamos culpables- tiene responsables con nombre y apellido: sus siluetas se ven transitando de las gerencias de las fábricas a los bancos, de los hoteles de lujo a los tribunales de arbitraje, de los gabinetes de gobiernos vendidos a los proyectos de «mal desarrollo», de las conferencias de la OMC, Banco Mundial y FMI a las sesiones diarias de la bolsa, de los campos despojados y territorios destruidos a los ghettos de opulencia de los pocos ricos del mundo y que con sus decisiones y afán de lucro no dudaron en poner en riesgo la vida de miles de millones de seres humanos, de miles de especies vivas, de innumerables ecosistemas en el planeta.
Todo este entramado de sistemas de explotación de las riquezas en el mundo ha generado la mayor concentración de Gases de Efecto Invernadero de la historia y provocado, por tanto, un incremento de la temperatura global que ya excede la capacidad de la atmósfera y del planeta para controlarlo y regularlo, ha sobrepasado toda posibilidad natural y sólo una acción drástica de cambio de paradigmas podrá ejercer un cambio. Sus impactos no afectan a todos por igual, son los países del Sur, los países llamados en desarrollo y los grupos más pobres y vulnerables de las sociedades los que sufren sus consecuencias de manera inclemente.
El 80% de las emisiones globales son producidas por las industrias, la energía y el consumo desmedido de los países más ricos y más desarrollados que reúnen el 20% de la población mundial. América Latina es responsable apenas del 10.3% de las emisiones globales. Esta diferencia en las emisiones entre países desarrollados y países en desarrollo no ha sido controlada ni antes ni ahora, a pesar de haberse alertado sobre este peligro hace más de 15 años y de haberse firmado el Protocolo de Kyoto destinado a este fin. De los 191 países que han firmado el Protocolo, uno de los más poderosos y contaminadores (EEUU: 20.2%) se ha negado sistemáticamente a ratificarlo, junto a varios otros que en las negociaciones de la Convención no realizan compromisos verdaderos para reducir sus emisiones e incluso pretenden escapar del cumplimiento que les exige el Protocolo de Kyoto archivándolo y buscando un acuerdo frágil y antidemocrático, sin mecanismos de control como es el Entendimiento de Copenhague de diciembre de 2010. El peso vinculante de los acuerdos a favor de la humanidad y el medio ambiente es mínimo comparado con el peso vinculante de la fuerza del capital que tiene sus propios acuerdos e instituciones.
Y esta situación ha puesto al planeta y sus habitantes al borde del abismo. Las emergencias por desequilibrios climáticos se han multiplicado por 40 veces en el último tiempo y cada catástrofe es una herida por la que vemos desangrar la vida y en la que se hace evidente la desgarradora vulnerabilidad de los más pobres, de los pueblos indígenas, de las mujeres, los viejos y los niños ante las calamidades producidas por la crisis climática. Sólo en estos días hemos lamentado más de 300 muertos y desaparecidos en las favelas de Brasil por las torrenciales e inusuales lluvias que inundaron el Estado de Río de Janeiro obligando a los alcaldes cariocas a pedir que se desconecten las centrales nucleares instaladas en Angra do Reis por su enorme peligrosidad para la población.
Hace poco, en la región andina de Bolivia y Perú, se ha lamentado pérdidas de más de un centenar de vidas por las catástrofes de derrumbes e inundaciones en el Cuzco, el Oriente boliviano y otras regiones, al tiempo que se derriten nuestros glaciares, fuente de vida e identidad cultural. Mientras que en otras regiones se han vivido periodos de sequía severos que han matado miles de cabezas de animales. Europa y América del Norte no han escapado a las inundaciones y tormentas de nieve inusuales en su magnitud este último invierno. Mientras que la silenciosa desaparición de Venecia, es un efecto evidente del cambio climático del que todavía no se habla.
La deuda climática y la deuda histórica
Los gases de efecto invernadero (GEI) se han ido concentrando en la tierra desde la revolución industrial, pero las mayores concentraciones de GEIs se han dado durante los últimos 40 años coincidiendo con el despliegue del neoliberalismo. Y han sido fundamentalmente los países desarrollados, los más ricos y aquellos que iniciaron la conquista del mundo sometiendo a sus pueblos a la colonización de sus territorios, al exterminio de sus habitantes, a la negación de sus culturas, los que se han beneficiado de esa explotación de combustibles fósiles, de riquezas minerales, de la biodiversidad y del conocimiento local. Son ellos los principales responsables de la crisis climática, mientras que los países del Sur global son los que más sufren sus consecuencias. Así, los países del Norte tienen una enorme deuda ecológica y climática que pagar a las naciones pobres, debate que se ha reflejado en el proceso de la Conferencia de Cambio Climático de las NNUU, evidenciando una de las relaciones más inequitativas y desequilibradas de nuestra civilización.
Los países en desarrollo plantean que la única forma de pagarla es con reducciones de emisiones drásticas que paguen la deuda acumulada y mitiguen efectivamente los cambios producidos pero que además dejen el espacio atmosférico libre para el desarrollo equitativo de los países en desarrollo, es decir transferencia sustantivas de fondos al Sur para enfrentar los costos de adaptación, para contribuir a la mitigación del cambio climático mediante el uso de tecnologías adecuadas, por lo tanto de transferencias de tecnologías fuera de las reglas de comercio privatizadoras.
La mercantilización de todo lo que está ante nuestros ojos
El paradigma dominante de la civilización colonial-capitalista o capitalista neocolonial, es que todo tiene un precio, pero también que todo puede alterarse para ser vendido. Así, los principios fundamentales de la vida, del derecho a la vida, de los equilibrios y de la diversidad genética se vulneran; el agua, la tierra, el fuego, la energía y hasta el aire están mercantilizados y son territorios ocupados. El ejemplo más claro es la atmósfera, ahora ocupada por los gases de efecto invernadero en un 80% producido por el 20% de la población concentrada en los países más ricos y desarrollados. Ese grado de concentración de gases imposibilita el ejercicio del derecho al desarrollo de los pueblos que no han logrado alcanzar niveles básicos de acceso a los derechos de alimentación, energía, transporte, infraestructura básica. Pero además pone en peligro la propia existencia del planeta que enfrenta el mayor peligro a su estabilidad.
La base de ese sistema mercantil está concentrada en las instituciones que desarrollaron reglas de comercio y financieras que legitiman y profundizan ese paradigma dominante: la OMC, el Banco Mundial, el FMI, los acuerdos de comercio como el NAFTA o el CAFTA que establecen una serie de normas, mecanismos y condicionalidades para generar «crecimiento».
Estas normas y reglas van de la mano con la mayor irracionalidad neoliberal en la que el despilfarro, la anulación de la biodiversidad genética, la contaminación de las fuentes de agua y vida, la mercantilización de los bienes comunes, la sobreexplotación de los recursos de la tierra, el uso desmedido de la energía en la producción y traslado de mercancías contribuyen de manera continua no sólo a una mayor emisión de GEI, sino a una huella ecológica totalmente insostenible. Según el informe del WWF de 2009, actualmente la huella ecológica de la intervención humana sobrepasa en un 30% la capacidad de la biósfera para restituirse. Según esta misma fuente, la primera vez que se ha registrado este «déficit» entre lo que se consume y lo que la tierra es capaz de reponer fue en los 80, coincidiendo con el inicio del Consenso de Washington que formuló un plan global en el que la inversión privada fue concebida como la clave del desarrollo.
Las visiones de desarrollo y la ruptura del equilibrio con la Madre Tierra
Otra de las bases estructurales del cambio climático está en la forma en que se concibe el desarrollo y el propio desarrollo sostenible cuya definición se concentra en mantener condiciones para las futuras generaciones; pero al no contar con una visión holística de interrelaciones vitales con la naturaleza no necesariamente incluye o presupone un equilibrio con la Madre Tierra: «Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades» (UN). Por lo tanto el concepto y la práctica del «desarrollo sostenible» han sido articulados con los enfoques mercantilistas y extractivistas, pues la sostenibilidad se ha definido en un estrecho enfoque androcéntrico, extractivista y predominantemente basado en el consumo de fuentes fósiles.
En el trasfondo de esto yace la ruptura de la civilización humana con la naturaleza que propició la cultura occidental capitalista en la que la tierra no es vista más que como un «recurso» y un territorio de ocupación. Informes serios afirman que la intervención humana ha superado las propias fuerzas de la naturaleza y se constituyen en un verdadero peligro para los innumerables equilibrios logrados por la evolución para la habitabilidad de las especies en siglos.
De ahí el enorme valor de todos los procesos locales y movimientos sociales que en el mundo están intentando resignificar la Naturaleza con el concepto de Madre Tierra, y reafirmando aquello que la naturaleza no es un «recurso», es «nuestro hogar», es nuestra Madre Tierra.
Sistemas financieros y sistemas económicos
Pero también es fundamental analizar en estas causas estructurales los mecanismos y estructuras financieras que gobiernan al mundo. Estas estructuras financieras se han articulado para seguir extrayendo recursos de los países en desarrollo y de sus estados a favor de las grandes transnacionales y de los países poderosos. La deuda es una de las muestras más claras de estos mecanismos que no sólo empobrece a los pueblos sino que posibilita que las multilaterales condicionen a los países en desarrollo a aplicar políticas neoliberales que en el fondo favorecen a las multinacionales. Como se dio en las décadas de los 80 y 90 con procesos de liberalización y reducción del poder regulador de los estados, en favor del poder de las trasnacionales. Ejemplos de ello tenemos miles, como el caso de los tribunales de arbitraje que se permiten juzgar a los pueblos porque las empresas se han visto afectadas por leyes locales ambientales, laborales, de salud, etc.
La relación de estos sistemas financieros y económicos con la crisis climática es directa y causal y se expresa también en los procesos de negociación de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático -CMNUCC- en los que se debate ahora cómo se va a financiar la adaptación de los países en desarrollo, proponiéndose que sea a través de mecanismos ya viciados. Por eso es que los países en desarrollo proponen que cualquier mecanismo de financiamiento debe ser en el marco de un control multilateral, transparente, democrático y no condicionado al financiamiento para adaptación.
Pero aún más grave es la posibilidad de que algunos países desarrollados, en el afán de eludir sus responsabilidades y compromisos multilaterales, destinen sus fondos de cooperación a fondos de financiamiento para cambio climático, como se advierte en las últimas propuestas efectuadas en el parlamento de la Unión Europea. Los países desarrollados han propuesto 30.000 millones de $US para el periodo 2010-2012 y 100.000 millones hacia el 2020. (Entendimiento de Copenhague). Suma irrisoria si se considera, como sugiere el G77, que los gastos superarán el 5% del Producto Nacional Bruto de los países desarrollados (1.900.000 millones de $US.) Y si se comprara con lo que necesitaría sólo un país devastado como Haití (cuya tragedia no fue causada por el cambio climático pero que es una muestra de la vulnerabilidad de los países más pobres) que va a requerir alrededor de 11.000 millones de $US.
Pero también la discusión está en la propia estructura de los sistemas económicos que han puesto en prioridad el lucro y la rentabilidad en lugar de la eficiencia de los servicios y del cuidado de los pueblos y la naturaleza. Los índices de crecimiento económico de una sociedad se miden por medio de inversiones, valores en la bolsa, pero no existen indicadores que midan cuán beneficioso podría ser para una sociedad un uso distinto del tiempo, de los recursos humanos, de una priorización diferente de las áreas que requieren de mayor atención y destino de recursos económicos para ser más humana. En ese sentido, la economía feminista ha dado y está dando muchos elementos para encontrar alternativas.
El control de territorios, la migración obligatoria y los acuerdos de integración
Finalmente se deberá analizar, en la perspectiva de las causas estructurales, el tema del control de territorios. El cambio climático está produciendo en el mundo una reconfiguración geopolítica debido al desplazamiento y movilidad de personas a gran escala, pérdidas de territorios, procesos de deglaciación que permitirán el acceso a riquezas naturales ahora valoradas por su valor económico como el petróleo y los minerales.
Según la Organización Internacional para las Migraciones -OIM-, se estima que más de 200 millones de personas serán, en pocas décadas (2050), migrantes climáticos desplazados y buscando en el mundo un lugar donde vivir. Ya en la actualidad alrededor de 40 millones de gente ha sido desplazada de sus lugares de origen por impactos de la minería y la industria altamente contaminante. Mientras que, sin ninguna sensibilidad, las grandes potencias y los países en desarrollo endurecen sus leyes de migración y desarrollan planes perversos de reclutamiento étnico para admitir a jóvenes extranjeros en sus países.
Hace más de una década, se decía que había más de 25 millones de personas obligadas a abandonar sus territorios por motivos medioambientales como la contaminación, degradación de suelos, sequías y desastres naturales. Hoy los «refugiados medioambientales» son más que los refugiados por persecución política y por guerras. (OIM).
Pero lo curioso de todo es que en lugar de flexibilizar las reglas de inmigración, los países desarrollados se han dedicado a construir cada vez más reglas y prácticas draconianas para evitar y controlar la migración a un límite inaudito, como el muro de la vergüenza entre Estados Unidos y México y la Directiva Retorno de la Unión Europea. A esto se suman las numerosas manifestaciones xenófobas y casi fascistas que se generan a partir de estos enfoques. En Estados Unidos se han puesto en marcha programas para controlar a los inmigrantes mexicanos que involucran a la población civil estadounidense (mediante la formación de patrullas) e incluye vigilancia electrónica fronteriza (monitores de TV). En Italia se han registrado vergonzosos disturbios xenófobos contra los inmigrantes. (BBC)
Esto cuestiona profundamente los llamados acuerdos de integración que se multiplican por el mundo pero sólo para facilitar la circulación de mercancías y crear condiciones cada vez más favorables para las inversiones y fortalecer matrices energéticas «petroadictas», extractivistas, expoliadoras de recursos naturales, pero no encaran el tema de la circulación y los derechos humanos y laborales de las personas. Pero que sobre todo no promueven una verdadera adaptación de sus contenidos a la emergencia climática, a la crisis global que no sólo provocará catástrofes que requerirán de grandes montos de dinero para atenuarlos, sino de infraestructuras y normas para encarar el tema de la migración por razones climáticas y financieras, fruto de la deuda histórica del Norte con el Sur y consecuencia de las políticas vigentes de acumulación de riquezas.
Lo bueno de todo es que la crisis global, y en particular la crisis climática, han puesto en evidencia la necesidad de cambiar el mundo, de cambiar los paradigmas, de buscar restablecer el equilibrio con la Madre Tierra y de eliminar las profundas inequidades e injusticias de un sistema que se come el mundo de a pedacitos. La fuerza de los pueblos está ahora a prueba para resignificar la vida en el planeta y fortalecer la solidaridad y la
justicia.
– Elizabeth Peredo Beltrán es directora de la Fundación Solón, Bolivia.
Publicado en la revista América Latina en Movimiento Nº 454
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