El fin de semana del 17 y 18 de junio al menos 126 migrantes y refugiados murieron al naufragar una barcaza en el Mediterráneo central, informó el Observatorio Internacional de las Migraciones (OIM). La embarcación había partido dos días antes de Libia, con personas a bordo principalmente de nacionalidad sudanesa. Según fuentes oficiales, en el […]
El fin de semana del 17 y 18 de junio al menos 126 migrantes y refugiados murieron al naufragar una barcaza en el Mediterráneo central, informó el Observatorio Internacional de las Migraciones (OIM). La embarcación había partido dos días antes de Libia, con personas a bordo principalmente de nacionalidad sudanesa. Según fuentes oficiales, en el primer semestre de 2017 arribaron a Italia 65.500 inmigrantes que provenían del norte de África, lo que supone un aumento del 17,5% sobre el mismo periodo de 2016. Los medios internacionales se hicieron eco de estas informaciones, que completaban el siniestro panorama presentado por ACNUR: más de 60.000 personas atravesaron el Mediterráneo central en los cinco primeros meses de 2017, con un saldo de 1.720 muertos y desaparecidos.
Presentado en el Colegio Mayor Rector Peset de la Universitat de Valencia, el Informe de 2017 de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) califica de «fracaso» las políticas de la UE respecto a las personas refugiadas. CEAR sostiene que se continúan incumpliendo los compromisos de reubicación y reasentamiento de más de 182.000 solicitantes de asilo, procedentes de Italia, Grecia y terceros países. Pese a que el plazo para cumplir el acuerdo entre los estados de la UE concluye el próximo 26 de septiembre, sólo se ha dado acogida al 20% de las personas refugiadas. Mientras, las organizaciones de derechos humanos denuncian que más de 72.000 personas permanecen atrapadas en la Ruta de los Balcanes, sobre todo en Grecia, lo que atribuyen a dos razones: el cierre de fronteras y la lentitud en el proceso de reubicación. El documento de CEAR señala la «falta de voluntad política» mostrada por los socios comunitarios. En 2016 las solicitudes de asilo en el conjunto de la UE alcanzaron la cifra de 1,2 millones. El país con más peticiones fue, con notable diferencia, Alemania, que llegó a las 745.265 (más del 60% del total de la UE); le siguieron Italia (123.370), Francia (83.485) y Grecia (51.150).
El coordinador de CEAR-País Valencià, Jaume Durà, llama la atención sobre un modelo sumamente restrictivo y basado en la externalización de fronteras, al que cada vez mira con más atención la Unión Europea. Es el modelo australiano, que entre 2001 y 2008 ya dio muestras de involución con la llamada «Solución del Pacífico». Según Durà, «esta norma estableció que las personas solicitantes de asilo que se aproximaran a su territorio por mar y carecieran de visado, podían ser detenidas y trasladadas a otros países». Las políticas migratorias y de asilo posteriores ahondaron en esta vía, hasta el punto que a finales de 2014 Australia aprobó la eliminación de aspectos de la Convención de Ginebra insertos en la legislación migratoria.
La UE y sus estados miembros también potencian, sobre todo desde 2015, la relación con países considerados «de tránsito» para impedir la llegada de refugiados. Así ha ocurrido con Ucrania, Libia, Marruecos, Serbia o Turquía. La comparación puede establecerse además entre los campos de Nauru y Manus (Papúa Nueva Guinea), para el caso australiano, y los levantados en países como Grecia, Serbia y Turquía. En todos los campos las condiciones de vida de los refugiados resultan particularmente duras. Al igual que en Australia, detalla el informe de CEAR, la UE intercepta barcos en el Mediterráneo, «devuelve» a los migrantes y refugiados a los países de origen, práctica las expulsiones colectivas en la Frontera Sur (España con Marruecos), rubrica acuerdos con «terceros países» y vincula la ayuda al desarrollo al control de las fronteras. Además se erigen vallas en Bulgaria, Austria, España, Finlandia, Grecia y Hungría, entre otros países.
El pasado 16 de junio CEAR publicó «12 datos alarmantes sobre la situación de los refugiados». Muchas de las alertas tenían que ver con el estado español. Las personas acogidas en función de los acuerdos de reubicación y reasentamiento fueron cerca de 1.300, lo que supone un grado de cumplimiento de los compromisos de sólo al 8%. Por otra parte, España recibió 15.755 solicitudes de asilo en 2016, lo que representa apenas el 1,3% de las peticiones de asilo de la UE. El mayor número de peticiones correspondía a venezolanos (3.960), sirios (2.975) y ucranios (2.570). Una de las razones que explica la mayoría de solicitantes venezolanos, apunta Durà, es que no se les exige visado.
Además, de las 10.250 peticiones de asilo resueltas en España durante 2016, se ofreció algún tipo de protección internacional en 6.855. El documento añade que España concedió 355 estatutos de refugiado (sobre todo a nacionales de Siria, Pakistán, Eritrea y Palestina), lo que supone el 3,5% de las solicitudes, a gran distancia de Alemania (41%) y Francia (21%). Otro de los problemas es la acumulación de solicitudes a la espera de respuesta por el Estado español, que en enero de 2017 ascendían a 21.625. Las ONG han denunciado esta paralización burocrática, que afecta entre otros a los solicitantes de asilo de Mali, Ucrania o Libia. «La Oficina de Asilo del Ministerio del Interior parece estar a la espera de cómo evoluciona el país de origen», subraya Durà. De este modo, si el país de procedencia supera un conflicto y recobra la estabilidad, Interior puede denegar la petición. Tanto ACNUR como el Defensor del Pueblo han criticado esta práctica, ya que no resolver los expedientes en el plazo de seis meses puede «desnaturalizar la protección internacional».
La coordinadora de Inclusión de CEAR-PV, Sonia Márquez, resalta que pese al incremento de los solicitantes de asilo en el estado español durante 2015 y 2016, los cuatro Centros de Atención a Refugiados (CAR) gestionados por la Administración en Sevilla, Mislata (Valencia), Alcobendas y Madrid mantienen las 416 plazas. «Todo el peso recae sobre las ONG», apunta Márquez, «cuando la responsabilidad debería ser estatal, y las ONG constituir un apoyo». Así, las entidades no gubernamentales con financiación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social gestionaban un millar de plazas de acogida en agosto de 2015, cifra que se elevaba a 3.863 a finales de 2016.
El informe de CEAR constituye una vacuna contra el eurocentrismo, ya que en 2015 proseguía la tendencia de los últimos años a los trasvases Sur-Sur de población refugiada. De hecho, el 86% de los refugiados fueron acogidos por países empobrecidos: Turquía (2,5 millones), Pakistán (1,6 millones), Líbano (1,1 millones), Irán (979.400), Etiopía (736.100), Jordania (664.100), Kenia (553.900) y Uganda (477.200). La mayoría de las veces, explica el informe de CEAR, «las personas refugiadas llegaron a los países limítrofes debido a las políticas de cierre de fronteras, que les impiden avanzar más; pero también por la esperanza de un retorno temprano». Los países del Sur son también los que más refugiados acogen en relación con su población total. Por ejemplo Líbano (20% de población refugiada), seguido de Jordania, Nauru y Turquía. Sin embargo, son los países del Norte próspero los que reciben mayor número de peticiones de protección internacional: Alemania y Estados Unidos, en el primer trimestre de 2016.
Si se amplía la lente, a escala global se batieron en 2016 todos los registros respecto a movimientos forzados de población. A fecha 30 de junio, según los datos de ACNUR, los refugiados y desplazados internos en todo el mundo se cifraban en 68,5 millones. Siria es el país con mayor número de refugiados (cinco millones en 120 países tras seis años de guerra), y Colombia el país con más desplazados (siete millones tras más de medio siglo de conflicto armado). El informe de CEAR advierte de los riesgos que para los refugiados suponen las travesías marítimas. Durante 2016, fueron 7.872 las personas que murieron en las rutas por mar, de las que 5.098 (65%) perdieron la vida en el Mediterráneo, mientras trataban de llegar a Europa. Se trata de la cifra anual más elevada de las registradas hasta ese año, que contrastan con las 3.784 muertos de 2015. Según Jaume Durà, «los acuerdos entre la UE y Turquía han hecho que los migrantes y refugiados utilicen más a menudo otras rutas ‘alternativas’, por ejemplo la de Libia; muchas veces son itinerarios más peligrosos y que provocan un mayor número de muertes».
El documento de CEAR pone el acento en la cuestión palestina. La ristra de argumentos empieza por los crímenes de guerra perpetrados por Israel durante los ataques a Gaza, en 2014. No se ha llevado a juicio a ninguno de los responsables. Durante 2016 Amnistía Internacional se hizo eco de cerca de un centenar de muertos palestinos en los territorios ocupados, a manos de efectivos israelíes; y otros ocho en la franja de Gaza. El informe apunta asimismo que el Gobierno israelí continúa denegando, en el 90% de los casos, un procedimiento ágil de la solicitud de asilo a personas que proceden de Eritrea y Sudán (más de 37.000, según cifras oficiales, a finales de 2016). Otra de las denuncias se refiere a los 3.350 peticionarios de asilo que, en los últimos meses de 2016, se hallaban en el centro de detención de Holot y la cárcel de Saharonim (Israel), donde se señalaron deficiencias en la alimentación y la atención sanitaria.
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