Octubre de 2005, en Ceuta y Melilla. Disparos desde los dos lados de la frontera liquidan a un mínimo de once personas, que intentaban superar la «barrera» que aísla a las dos ciudades. Centenares de inmigrantes resultaron heridos. ¿Cuestión del pasado? En el área de Melilla y la ciudad marroquí vecina de Nador continúa la […]
Octubre de 2005, en Ceuta y Melilla. Disparos desde los dos lados de la frontera liquidan a un mínimo de once personas, que intentaban superar la «barrera» que aísla a las dos ciudades. Centenares de inmigrantes resultaron heridos. ¿Cuestión del pasado? En el área de Melilla y la ciudad marroquí vecina de Nador continúa la violación de los derechos fundamentales de las personas migrantes, principalmente las de origen subsahariano. De hecho, las fuerzas policiales y militares del estado español y Marruecos «parecen beneficiarse de la impunidad» en las políticas de lucha contra la inmigración considerada «irregular». Ésta es una de las tesis del informe «Ceuta y Melilla. Centros de selección a cielo abierto a las puertas de África», realizado por las organizaciones Migreurop, La Cimade, el Grupo Antirracista de Acompañamiento y Defensa de los Extranjeros y Migrantes (GADEM) y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). Con información de 2015 y hecho público en julio de 2016, el documento de 64 páginas es fruto de varias investigaciones sobre el terreno en Ceuta, Melilla y la región de Nador.
A lo largo de 2014, el gobierno de Marruecos desarrolló una operación «excepcional» de regularización de inmigrantes. Un primer balance (octubre de 2014) dio cuenta de 18.694 respuestas positivas sobre 27.643 solicitudes de regularización. Una de las razones fue la interpretación restrictiva de los criterios, exigentes desde un inicio aunque posteriormente se suavizaron. En febrero de 2015 el Ministro del Interior de Marruecos dio por terminada la operación. Sólo unas horas después, las autoridades alauís ordenaron la detención de migrantes radicados en el monte Gurugú, cerca de Melilla. Las operaciones se prolongaron en Nador y su entorno, donde las organizaciones de derechos humanos denunciaron la detención de 1.200 personas. En 18 ciudades del sur de Marruecos se improvisaron centros de retención. Entre los detenidos figuraban menores, una mujer embarazada, peticionarios de asilo y personas que solicitaron acogerse al proceso de regularización, sin respuesta en una primera instancia. Las ONG criticaron la falta de garantías judiciales y de acceso por parte de los abogados, los desplazamientos forzados, la arbitrariedad de las capturas y las condiciones de los encierros.
¿Por qué fue relevante el operativo policial? Los hechos del 10 de febrero de 2015 «muestran el actual modo de proceder de las autoridades marroquíes», destaca el informe «Ceuta y Melilla. Centros de selección a cielo abierto a las puertas de África». Un comunicado del Ministerio del Interior de Marruecos abundaba esos días en la idea: «Operaciones similares se realizarán sistemáticamente para evacuar todos los lugares ocupados por los migrantes que planifican intentos de emigración irregular». El reino alauí se implica, así, en la lucha contra la inmigración llamada «irregular», con el apoyo de España y la Unión Europea. De hecho, en Nador la práctica de detenciones (colectivas) no resulta una novedad. Desde hace años se producen casi a diario. En los bosques donde se emplazan los campamentos de quienes pretenden llegar a España, las Fuerzas Auxiliares Marroquíes (FAM) entran de modo regular. Y detienen a los subsaharianos, sean mujeres embarazadas, menores, tengan o no permiso de residencia y con independencia de si demandan asilo. Hay testimonios que dan cuenta de la violencia por parte de las FAM, la destrucción, confiscación o robo de sus objetos personales. La Association Marocaine de Droits de l’Homme de Nador informa de los traslados a las comisarías o gendarmerías cercanas, donde estas personas permanecen detenidas desde unas horas a varios días.
Pero el Reino de Marruecos no actúa en solitario. El informe de Migreurop, La Cimade, GADEM y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía detalla la «cooperación histórica» con el Estado español a lo largo de la frontera. Lo reconoció el Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz en Tánger (mayo de 2015), en declaraciones recogidas por la Agencia Efe: «Quiero reiterar el agradecimiento ante la magnífica colaboración y el esfuerzo que hacen las autoridades marroquíes en lo que hace referencia al control de esos flujos migratorios irregulares, tanto por vía marítima como terrestre». Una de las instituciones que actúa en la frontera es la Guardia Civil española. Los autores del informe entrevistaron al coronel de la Comandancia de Melilla, quien definió el objetivo del cuerpo armado: «Salvaguardar la integridad de la frontera española y la de Europa; es una frontera real; es necesario que esta frontera sea una frontera sana y seria, que los migrantes no vengan así». Además, «toda entrada tiene que respetar las normas vigentes, así que debemos impedir las entradas fuera de los pasos autorizados». En la zona opera también la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional española. Por parte de Marruecos, además de las FAM, la Gendarmería real y la Marina real.
Pocas horas antes de entrevistarse con Rajoy, el presidente del Gobierno de Marruecos, Abdelilah Benkirane, declaró que este país invierte 60 millones al año en un «dispositivo de lucha contra la inmigración clandestina». Entre otras iniciativas, con el foso cavado y la cuarta valla en la frontera de Melilla, alzada en 2014 y fortalecida un año después con alambradas de púas. Ésta se superpone a la triple valla española. Se alcanzaron los resultados que se esperaba: los intentos de atravesar la valla se tornaron muy escasos. «Melilla cumple más de tres meses sin saltos de la valla, el mayor periodo de tranquilidad», publicaba en agosto de 2015 el diario Melilla Hoy. No se escucharon los gritos de «boza», de victoria, con el que los migrantes celebran la entrada en la ciudad norteafricana. Hasta finales de mayo de 2015, según datos de la Guardia Civil, entraron en Melilla 134 inmigrantes subsaharianos saltando la valla, ninguno en embarcaciones y 118 ocultos en vehículos. El cambio es drástico si se compara con las entradas en 2014 por los mismos conceptos: 2.240, 197 y 245. La evolución de los ingresos de ciudadanos sirios y argelinos, por los controles fronterizos, completa el cuadro de situación: 3.566 en 2014 y 3.525 en los cinco primeros meses de 2015.
El apartado tercero del informe de Migreurop, La Cimade, GADEM y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía califica a Ceuta y Melilla como «laboratorios de externalización de las políticas de la UE». Con la muralla melillense y los paneles indicativos en primer plano, una fotografía de Elsa Tyszler capta la estatua de Franco. El documento de las ONG se remonta al fin de la guerra de África y la época del Protectorado español de Marruecos, cuando las fronteras de las dos ciudades eran «fluidas y permeables». La situación perduró hasta que terminó el Protectorado, en 1956. En 1985 el gobierno de Felipe González aprobó la Ley de Extranjería y en 1991 España se adhirió al Tratado de Schengen, que entró en vigor en marzo de 1995. En ese contexto, en los inicios de los 90, España «emprende un cierre progresivo de sus fronteras y comienza la construcción de vallas», resalta el documento de las ONG. Las fronteras se van militarizando. La entrevista de los autores con la Guardia Civil de Melilla lo explica en pocas palabras. La institución armada reconoce los sustanciales cambios en los últimos 40 años. La frontera, entonces, «sólo era una línea dibujada en el suelo, como entre Francia y España». Después se instaló una pequeña verja, discontinua, que permitía el paso entre Beni Ansar y Melilla.
El informe «Ceuta y Melilla. Centros de selección a cielo abierto a las puertas de África» recoge las explicaciones de la dirección del CETI melillense, que destaca a partir de 1991-1992 la llegada de los primeros inmigrantes subsaharianos. Ocurre «cuando los países antiguamente colonizadores bloquean el acceso a Europa, mediante la generalización de los visados». La primera valla se levantó en 1997. La Guardia Civil de Melilla completa las informaciones: «Cuando la gran inmigración llegó, un poco antes de 2005, se instaló un obstáculo: una doble valla de tres metros con cuchillas, pero los migrantes las rompían cada día». Después la altura se dobló a seis metros. En 2007 se procedió a retirar las cuchillas, ante la gravedad de las heridas que provocaban. Y se construyó la tercera valla. En 2013 se instalaron nuevamente las cuchillas, pero las personas inmigrantes continuaban la lucha por franquear el vallado. Así observa los acontecimientos la Guardia Civil: «Como son verdadero atletas, han logrado pasar las tres vallas en un minuto; se decidió entonces instalar una malla ‘antitrepa’, que no deja pasar los dedos». Entonces, agrega la citada fuente, «inventaron herramientas para escalar la barrera, como ganchos en las manos o zapatillas de deporte con tornillos incrustados en la suela». ¿Cómo «neutralizaron» (expresión de la Guardia Civil) los agentes los intentos de salto? «Con una placa micro-perforada que sólo deja pasar el aire y fue colocada en los lugares más vulnerables». Las alambradas con cuchillas han sido objeto de numerosas denuncias, recuerda el informe de las ONG. Muchas fueron retiradas en 2014. Quedan dos kilómetros (el informe hace referencia a 2015), según la Guardia Civil: «En los lugares considerados de mayor riesgo».
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.