Ginebra-Jerusalén (CICR) – La grave situación a la que hacen frente 1,5 millones de personas no puede solucionarse con el suministro de ayuda humanitaria. La única solución es levantar el cierre. El 31 de mayo pasado, se hizo patente, una vez más, la acuciante situación de penuria a la que hace frente la población en […]
Ginebra-Jerusalén (CICR) – La grave situación a la que hacen frente 1,5 millones de personas no puede solucionarse con el suministro de ayuda humanitaria. La única solución es levantar el cierre.
El 31 de mayo pasado, se hizo patente, una vez más, la acuciante situación de penuria a la que hace frente la población en la franja de Gaza, cuando se registraron los graves incidentes entre las fuerzas israelíes y los activistas de una flotilla que iba rumbo a Gaza.
Como el CICR ha señalado en repetidas ocasiones, la situación es cada vez más urgente en Gaza y no puede ser resuelta con la ayuda humanitaria. Pronto se cumplirán cuatro años desde que se impuso el cierre en la franja de Gaza, que estrangula cualquier posibilidad real de desarrollo económico. Los habitantes de Gaza siguen sufriendo el desempleo, la pobreza y la guerra, en tanto que la calidad del sistema de atención de salud ha llegado a un constante deterioro.
Se castiga a toda la población civil de Gaza por actos de los que no es responsable en modo alguno. Por consiguiente, el cierre constituye un castigo colectivo impuesto en clara violación de las obligaciones que incumben a Israel de conformidad con el derecho internacional humanitario.
«El cierre tiene devastadoras repercusiones entre las 1,5 millones de personas que viven en Gaza», dijo la jefa de Actividades Operacionales para Oriente Próximo, Béatrice Mégevand-Roggo. «Por eso, instamos a Israel a que ponga fin a este cierre y hacemos un llamamiento a cuantos puedan ejercer su influencia en esta situación, incluido Hamás, a que hagan todo lo posible por ayudar a la población civil de Gaza. Debe equilibrarse el derecho de Israel a disponer acerca de su legítima preocupación por la seguridad respecto del derecho de los palestinos a vivir en condiciones normales y dignas».
La comunidad internacional debe hacer lo que le corresponde para que se escuchen los reiterados llamamientos de los Estados y de las organizaciones internacionales a que se levante el cierre.
De conformidad con el derecho internacional humanitario, Israel debe velar por que se atienda a las necesidades básicas, como la asistencia médica, de los habitantes de Gaza. Las autoridades palestinas, por su parte, deben hacer cuanto esté a su alcance para proporcionar servicios de salud, de suministro eléctrico, y manutención de las infraestructuras, en favor de los habitantes de Gaza.
Además, todos los Estados tienen la obligación de autorizar y facilitar el paso rápido y sin trabas de todos los envíos de socorros, equipamiento y personal.
El soldado israelí Gilad Shalit ya empieza su quinto año de cautiverio. Hamás ha seguido rechazando las solicitudes del CICR para que permitan a la Institución efectuar visitas a Gilad Shalit. En violación del derecho internacional humanitario, también se ha negado a permitir que Gilad Shalit se mantenga en contacto con su familia. El CICR vuelve a instar a los que detienen a Gilad Shalit a que le concedan mantener, con regularidad, el contacto con sus familiares. Él tiene derecho a hacerlo. El CICR recuerda también que quienes lo detienen tienen la obligación de cerciorarse de que el trato que recibe es bueno y que sus condiciones de vida son humanas y dignas.
Destrucción de los medios de subsistencia
Si bien ahora se autoriza la entrada en Gaza de casi 80 tipos de mercancías -el doble de hace un año-, antes del cierre era posible introducir más de 4.000 artículos en Gaza. En general, el precio de los bienes se ha incrementado al tiempo que su calidad ha disminuido. Es una de las consecuencias del amplio comercio irregular de mercancías que se efectúa, sorteando el cierre, mediante los túneles excavados en la frontera de Gaza con Egipto.
A causa de las actuales hostilidades, se registra una transformación en eriales de los fértiles terrenos agrícolas situados cerca de la barrera fronteriza. Esto ha afectado los medios de subsistencia de muchas comunidades rurales. La zona tampón impuesta por Israel se extiende, en la práctica, en más de un kilómetro tierra adentro en la franja de Gaza y cubre una superficie total de 50 km2 aproximadamente, donde se encuentra casi un tercio de la tierra agrícola de Gaza, así como tierras para buena parte de su ganado. Las condiciones de seguridad son un obstáculo para las actividades agrícolas en la zona. La imposición por Israel de la zona tampón y las frecuentes hostilidades han tenido como consecuencia no sólo víctimas civiles y la destrucción de bienes civiles sino que también han provocado la pobreza y el desplazamiento de muchas familias.
Los pescadores de Gaza se han visto muy afectados por las sucesivas reducciones, impuestas por Israel, de las superficies de pesca que se les permite explotar. La última restricción a tres millas náuticas ha disminuido tanto la cantidad como la calidad de la pesca. Por consiguiente, actualmente, de los 4.000 pescadores de Gaza casi el 90% es considerado pobre (con un ingreso mensual de 100-190 dólares EE.UU.), o muy pobre (los que ganan menos de 100 dólares al mes), lo cual es un aumento del índice de la pobreza, con respecto al 50% registrado en 2008. En su lucha por sobrevivir, los pescadores no tienen más remedio que navegar en zonas prohibidas, corriendo el riesgo de que la armada israelí dispare contra ellos.
«Ya me detuvieron una vez y me han confiscado la barca varias veces», declaró el dirigente de la Unión de pescadores de Gaza, Nezar Ayyash. «Pero así vivimos aquí. Sabemos que la pesca puede costarnos la vida, pero no tenemos otra alternativa que salir con nuestras barcas, pues tenemos que alimentar a nuestras familias.»
No hay perspectivas de mejora para el claudicante sistema de atención de salud
En Gaza hay una grave crisis en el suministro de electricidad. Dicho servicio se interrumpe, en promedio, siete horas al día. Las consecuencias son devastadoras para los servicios públicos, sobre todo para el sistema de atención primaria de salud. Los hospitales dependen de los generadores para hacer frente a los apagones diarios.
Los cortes de electricidad suponen un grave peligro para el tratamiento -y la vida- de los pacientes. Pasan dos o tres minutos antes de que empiece a funcionar un generador, y entretanto, los dispositivos electrónicos no están activos. Por consiguiente, los respiradores artificiales deben ser reactivados manualmente, las diálisis son interrumpidas y las intervenciones quirúrgicas se suspenden, a causa de la oscuridad en los quirófanos.
Peor aún es el hecho de que las reservas de combustible para los generadores de los hospitales se agotan constantemente. En tres ocasiones este año, la escasez de combustible ha obligado a los hospitales a cancelar todas las operaciones quirúrgicas electivas y a aceptar únicamente los casos urgentes. El hospital pediátrico de Gaza tuvo que trasladar a todos sus pacientes a otro establecimiento, porque ya no tenía modo de funcionar. Los servicios de lavandería cierran repetidamente. Teniendo en cuenta un incremento del consumo de electricidad durante los calurosos meses de verano, cuando se necesita el aire acondicionado, es probable que la situación empeore, si los hospitales no reciben suficiente combustible.
Las variaciones en el suministro de electricidad dañan también los equipamientos médicos esenciales. A causa del cierre, es difícil efectuar reparaciones: hay grandes demoras de hasta varios meses en la transferencia a Gaza de piezas de recambio para los equipamientos médicos.
Desde agosto de 2009, se está postergando el transporte a Gaza de electrodos desechables, que se utilizan para monitorear el ritmo cardiaco de los pacientes con dolencias de corazón. Sin este equipamiento, corre peligro la vida de los pacientes, pues es imposible detectar a tiempo los problemas de corazón. A causa de las restricciones impuestas, al final de este mes la mayoría de esos monitores serán inutilizables. El deterioro de los equipamientos es una de las razones por las cuales muchísimos pacientes tratan de seguir un tratamiento fuera de la franja.
Las existencias de suministros médicos básicos son mínimas constantemente, a causa de la suspensión de la cooperación entre las autoridades palestinas de Ramalá y de Gaza. A finales de mayo de 2010, en Gaza, de 470 medicamentos considerados esenciales hacían falta 110, como los fármacos de quimioterapia y para tratar la hemofilia. Cuando se interrumpe una quimioterapia, disminuyen considerablemente, las posibilidades de que ésta surta efecto, aunque se inicie otra ronda de doloroso tratamiento. Los pacientes hemofílicos hacen frente a hemorragias que pueden causarles la muerte cuando no se dispone de componentes tales como los factores VIII y IX.
De los 700 artículos desechables que siempre debe haber en las existencias, se han agotado más de 110. Con el riesgo de provocar infecciones mortales en los pacientes, la única forma de hacer frente a esta carencia es reutilizar artículos como los tubos de ventilación y las bolsas de colostomía.
«El sistema de atención de salud en Gaza está peor que nunca», dijo la coordinadora de salud en el territorio, Eileen Daly. «Se está politizando la salud: es la principal razón de la debilidad del sistema. A menos que cambien las cosas, todo irá empeorando y, a largo plazo, la perspectiva de la salud de toda la población será cada vez más preocupante».
Hacen aún más endeble el sistema de salud las graves restricciones impuestas a la circulación de personas, para entrar y salir de Gaza. Las restricciones impiden que el personal médico salga de la franja para recibir la necesaria formación de perfeccionamiento, y que entren los técnicos para reparar los equipamientos médicos.
La falta de saneamiento es peligrosa para la salud y el medio ambiente
La falta de un debido saneamiento y algunas prácticas agrícolas están contaminando el acuífero de Gaza. Sólo un 60% de los 1,5 millones de habitantes del territorio está conectado a un sistema de recogida de aguas residuales. El río Wadi Gaza, en el cual se vierten las aguas residuales sin tratar, atraviesa serpenteante las zonas urbanas y compromete la salud de las comunidades ribereñas.
Dado que hay una sobreexplotación del acuífero, en casi toda Gaza, el agua potable contiene altos niveles de nitrato, cloruro y sal. El agua no es apta para el consumo; comporta un alto riesgo de contraer enfermedades infecciosas.
Es lento y engorroso procurarse materiales suficientes para realizar proyectos de saneamiento. Los materiales obtenidos mediante el comercio por los túneles pueden ser de dudosa calidad, en tanto que no se pueden encontrar algunos artículos, como algunos tipos de bombas de agua electromecánicas, lo cual dificulta los esfuerzos de construcción.
«La situación actual es crítica y puede llevar a una tendencia irreversible en la degradación del agua fresca subterránea», dijo el encargado de supervisar las actividades de agua y saneamiento del CICR en Gaza, Javier Cordoba. «A fin de satisfacer las necesidades de abastecimiento de agua, sin seguir exponiendo el acuífero, se deben realizar proyectos de gran envergadura, como la construcción de una planta de desalinización. Se debe levantar el cierre, a fin de que puedan utilizarse los 4,6 mil millones de dólares EE.UU. prometidos por los países donantes hace más de un año».