El 27 de septiembre de 1975 tres comunistas del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) fueron fusilados en el acuartelamiento de Hoyo de Manzanares (Madrid) a las diez y media de la mañana. Las ejecuciones fueron llevadas a cabo, según escribió el periodista Manuel Blanco Chivite (también condenado a muerte pero conmutado) por dos pelotones […]
El 27 de septiembre de 1975 tres comunistas del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) fueron fusilados en el acuartelamiento de Hoyo de Manzanares (Madrid) a las diez y media de la mañana. Las ejecuciones fueron llevadas a cabo, según escribió el periodista Manuel Blanco Chivite (también condenado a muerte pero conmutado) por dos pelotones de voluntarios: uno de guardias civiles que disparó sobre José Humberto Baena y otro de la policía armada que lo hizo sobre Ramón García Sanz y José Luis Sánchez Bravo. El primero estaba acusado de matar a un guardia civil y sus dos compañeros de hacer lo propio con un agente de la policía armada.
Estos jóvenes militantes fueron las últimas victimas de Franco. Un dictador que murió como había vivido, matando. Un caudillo invicto en la guerra y en la paz -su triste paz de desaparecidos, cementerios y cunetas- que caminaba bajo palio junto a las jerarquías eclesiásticas y al que no le tembló el pulso para poner el enterado ordenando unas muertes decididas de ante mano en su último Consejo de Ministros. El generalísimo, a las puertas de la muerte, no cedía. Se mostraba, como siempre, cruel e implacable con sus enemigos; un rasgo definitorio de su ejecutoria. Sin ceder a lamentos «extranjerizantes» (gobiernos europeos, el Papa Pablo VI, intelectuales de prestigio como Malraux, Foucault, Ives Montand, Sartre…) que pedían el indulto, se mantenía firme y señala el camino a seguir.
La mañana de las ejecuciones, era, según la prensa del momento, fresca y soleada. Junto a los muertos del FRAP fueron también pasados por las armas Angel Otaegui (en Burgos) y Juan Paredes (en Barcelona) miembros de ETA. Los medios informativos recogían nombres y siglas sin detenerse a explicar, siquiera someramente las diferencias políticas entre las organizaciones implicadas. Nada decían sobre las circunstancias de las detenciones de aquellos jóvenes ni sobre su estancia en prisión ni sobre los procesos judiciales en los que poco después se vieron implicados. Un confuso y ambiguo tono informativo que fomentaba el temor entre las gentes de a pie.
Es ilustrativo detenerse en alguno de estos aspectos. Baena, Bravo y García Sanz fueron detenidos y juzgados sumariamente sin pruebas y sin las mínimas garantías jurídicas. Pero en la España de 1975 -a pocos meses del de la muerte del dictador- estas prácticas no eran más que un sueño. Veamos. Entre las detenciones y el traslado a la cárcel transcurrieron de siete a diez días, según los casos, durante los cuales los detenidos sufrieron tortura y vejaciones. Esposados desde el principio, «así seguimos durante siete días…». «Teníamos que dormir en los despachos de la BPS, en el suelo o sentados en sillas. Los interrogatorios duraban de diez a quince horas seguidas…, se turnaban para golpearnos y patearnos…» Mes y medio más tarde en el cuerpo de Baena aún se podían apreciar las cicatrices. Al frente de la operación fue puesto el comisario Roberto Conesa, tal vez, el mayor de los expertos en este tipo de tratamientos corporales. En Carabanchel esperaban las celdas de castigo, sin iluminación, «sin más mobiliario que las paredes y el suelo»; un apestoso jergón para tumbarse y un lavabo para todo lo demás. Dos visitas del juez y un médico suplente al quinto día; los abogados tardaron un montón de tiempo en aparecer…
Los juicios fueron dos y se iniciaron los días 11 y 18 de septiembre en el acuartelamiento de El Goloso. Los tribunales fueron militares y los procedimientos los de un Consejo de Guerra. «Detrás teníamos a los policías con metralletas…» «Cuando…los abogados pidieron que nos quitaran las esposas, el juez comentó que en ese caso no se haría responsable del orden en la sala…» No se presentó ningún testigo en contra, ni una sola prueba, excepto, claro está, las declaraciones policiales arrancadas bajo tortura…Las peticiones de los abogados fueron desestimadas, los acusados fueron interrumpidos y obligados a callar al poco de comenzar sus parlamentos…
El 26 de septiembre el portavoz del gobierno presidido por Arias Navarro, León Herrera, anunció a los medios que cinco jóvenes serían fusilados en la madrugada del día siguiente. Desde las celdas, explica Blanco en sus Notas de Prisión, a las diez y media de la mañana y estando en el patio de la sexta galería «oímos los disparos». Parece que fue ayer, pero, ya han transcurrido treinta años, los mismos que llevamos de democracia. Tal vez es llegado el momento de que todas las víctimas del franquismo vayan ocupando su lugar en eso que llamamos memoria colectiva. Por cierto, nadie de entre las autoridades democráticas en estos últimos años se ha molestado, al parecer, en pedir explicaciones al superagente Conesa acerca de su negro y extenso currículum profesional.
* José Antonio Vidal Castaño. Historiador y escritor.