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Violencia de género & Violencia institucional

Colectivos de madres afectadas por violencias de género se plantan ante el hostigamiento institucional

Fuentes: https://www.pikaramagazine.com

Las madres afectadas por contextos de violencia tienen que hacer frente a la protección de sus criaturas ya que estas han sido utilizadas en demasiadas ocasiones por sus progenitores para hacer daño a las mujeres con la permisividad de las instituciones. El próximo 17 de mayo se han convocado movilizaciones en todo el territorio para visibilizar la violencia vicaria y la repulsa a estas situaciones de maltrato y hostigamiento institucional.


Colectivos de madres afectadas por violencia de género exigen «la reparación inmediata del daño para que las criaturas que han sido arrancadas sean devueltas a su único vínculo de seguridad, que son sus madres» y que «se retire la patria potestad a los padres que ejerzan violencia», según detalla el último manifiesto de la Federación de Asociaciones del Consejo Nacional De Mujeres Resilientes De La Violencia De Género. El manifiesto va dirigido al Gobierno de España y en especial a los Ministerios de Justicia y al de Igualdad y lo acompañan con una propuesta de movilización para el próximo 17 de mayo a las 19 horas frente a organismos judiciales. El objetivo es «visibilizar la repulsa a estas situaciones de maltrato y hostigamiento institucional». En la carta detallan las situaciones de siete madres encausadas por denunciar los indicios de abuso sexual y la aplicación de la ideología síndrome de alienación parental (sap) para arrancarles a sus criaturas, que han pasado a manos de sus padres, algunos de ellos denunciados también por violencia machista.

Este grito de estas madres responde a que hay algunas violencias de género que aún siguen negadas, menospreciadas e incluso banalizadas. Es el caso de la situación que deben afrontar muchas mujeres, la gran mayoría afectadas por violencia machista, para proteger a sus criaturas en los casos en que hay indicios de abusos sexuales y maltratos por parte de algún miembro familiar, en especial padres y padrastros. Los datos son alarmantes, del total de sentencias condenatorias por abuso sexual del padre hacia la criatura, en un 33,33 por ciento los padres siguen manteniendo la patria potestad de la víctima en caso de ser menor de edad, según el informe ‘La respuesta judicial a la violencia sexual que sufren los niños y las niñas’, de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Estas situaciones se dan en contextos de separación y de divorcios conflictivos, en los que se esconden posibles situaciones de maltrato puesto que una de las opciones que encuentran las afectadas para salir de la violencia machista es el divorcio y no la denuncia judicial. Según la Macroencuesta de violencia de género de 2019, el 77,4 por ciento de las mujeres que no denunciaron la violencia en la pareja acabaron rompiendo con ella.

Además, las criaturas pueden servir de instrumento para “castigar” a las mujeres, produciendo graves daños a las criaturas y a las madres. Y es que la violencia machista no acaba con una separación o divorcio y menos cuando hay criaturas de por medio. Es lo que se denomina violencia vicaria y es utilizada por el agresor, con la complicidad de las instituciones.

La ideología sap

Ante diferentes indicios, informes pediátricos, informes psicosociales sobre un supuesto riesgo de abuso sexual e incluso la denuncia explícita de la criatura, las madres suelen iniciar el proceso de denuncia penal. La dificultad para probar los indicios y la no credibilidad de los testimonios de las criaturas hacen que muchas de las denuncias sean archivadas. La organización Save the Children señala que un 72 por ciento de los casos que son denunciados acaban archivados. Y por mucho que no prosperen las denuncias, las madres no se quedan tranquilas (y más cuando la denuncia parte de la propia voz de las criaturas) y recusan. En este intento de demostrar los indicios que tienen es cuando el mecanismo misógino del constructo síndrome de alienación parental y su ideología arremeten contra la madre. Hay datos estadísticos como el incluido en el Grupo de investigación Antígona de la Universidad Autónoma de Barcelona de 2018 que señala que si la madre era la denunciante solo el 17 por ciento de los casos llegaba a juicio, frente al 60 por ciento de casos en los supuestos donde la denuncia provenía de otros familiares. Además, Altamira Gonzalo Valgañón, vicepresidenta de la asociación de Mujeres Juristas Themis, añade que «la mujer que denuncia al padre (o al abuelo paterno con cierta frecuencia) por abusos sexuales a hijos e hijas» tiene muchas posibilidades de que «tras el sobreseimiento de la denuncia, lo que ocurre en el 70 por ciento de los casos, su custodia se cuestione o sea denunciada por denuncia falsa».

La ideología del constructo sap que teorizó el psiquiatra pedófilo, condenado por abuso sexual, Richard Gadner parte, a grandes rasgos, de que la mayoría de casos de abusos sexuales que denuncian los y las niñas están bajo el adoctrinamiento e influencia de una “madre vengativa”. Ideó la terapia de la amenaza y el castigo como una respuesta y consiste en arrancar a las criaturas de sus madres y que pasen a vivir con el progenitor denunciado. Esta ideología aún sigue latente y se infiltra en muchas prácticas institucionales, como podemos ver en los planes de coordinación parental.

La situación es escandalosa en los casos donde hay violencia machista, pues en la práctica se cuestiona o se omiten estas violencias. De todos los casos de violencia machista con orden de alejamiento hacia la mujer solo en un 3,3 por ciento de los casos se ha retirado el régimen de visitas y en solo el 0,72 por ciento la suspensión de la patria potestad, como aportan los datos de Themis. Así pues, a pesar que la Ley Orgánica Integral de Protección contra la Violencia de 2004 permite que jueces y juezas puedan suspender las visitas de los agresores con sus hijos e hijas, en el 96,7 por ciento de los casos no se hace. ¿Cómo se explica esto? Porque a parte de prevalecer los derechos del padre por encima de la protección de los menores, también hay una “arcaica visión y protección de la familia” concebida como “más vale un mal padre que ninguno” basada en una ideología claramente patriarcal, según postula Ester Ruiz Martíncoordinadora de la Plataforma Luna contra el (I)SAP.

La obligatoria coordinación parental

La coordinación parental es una institución o figura que no está regulada, solo hay indicaciones del Consejo General del Poder Judicial sobre sus funciones en un proceso “muy conflictivo” de ruptura de la pareja y su objetivo es mejorar las relaciones familiares. Se trata de un servicio que puede requerir el juez o la jueza y que es de pago en la mayoría de comunidades autónomas, pudiendo costar hasta 12.000 euros, que sale de los bolsillos de los progenitores. Organizaciones profesionales y feministas están alertando que esta figura no es necesaria y es perjudicial para las mujeres y sus criaturas. Esto se desprende del ‘Segundo informe sobre coordinación parental’, realizada por Asociación de Psicología y Psicoterapia Feminista (APPF), por Themis y con la colaboración de Sonia Vaccaro, psicóloga clínica y forense especializada en el ámbito de la familia. El informe especifica que en la mayoría de casos analizados la figura se ha impuesto por oficio, incluso en los supuestos de violencia de género, que son un 13,8 por ciento de los casos. “Incluso en situaciones con violencia de género denunciada y con procedimiento penal abierto, lo que contradice el Convenio de Estambul y nuestra propia ley integral, se obliga a someterse a un coordinador de parentalidad. Hemos constatado que están instruidos para aplicar el sap y lo aplican”, concluye Altamira Gonzalo.

En esta última constatación, el informe detalla bien cómo en los planes de coordinación de parentalidad hay la ideología sap, puesto que en muchos casos la vinculación paterna se fuerza y se culpa del rechazo de la criatura por estar con su padre a las “interferencia parentales” o al “gatekeeping parental” causada por la madre, sin importar si hay o no causas por violencia de género. Un ejemplo preocupante sobre su aplicación lo explica Yolanda Bernárdez, presidenta de la APPF: “Tenemos un caso donde hay un padre condenado tres veces por violencia de género y el plan de coordinación parental va encaminado a que la niña restablezca las relaciones con él. La niña se niega repetidamente, pasa el período de 18 meses y, como el plan ha fracasado, la propuesta es quitarle la custodia a la madre, que la niña deje de ver a la madre hasta que no se vincule con el padre y si la niña rechaza irse a vivir con el padre, pues la propuesta pasa para que haya una internación (a instituciones) hasta que haya una vinculación”. Se trata de aplicar una metodología coercitiva, como metafóricamente expresa Sonia Vaccaro: “Es la segunda vuelta de llave del candado de la trampa del sap, con la aplicación de la terapia de la amenaza que escribió Gadner”.

Uno de los elementos más exigidos por colectivos de profesionales es la formación específica en perspectiva de género. Necesidad que viene de lejos, puesto que actualmente no es obligatoria para trabajar en algunos servicios de atención psicológica a afectadas y a todo su ámbito. Fruto de esta situación, podemos ver que a pesar de que la mediación tiene que ser voluntaria, “hay casos de planes de parentalidad donde se está obligando a mujeres víctimas de violencia de género a tener sesiones terapéuticas con sus maltratadores y, si no van, pueden sancionarlas”, alerta Yolanda Bernández. Y esto es debido, como ya se ha señalado, a que en sus planes formativos no existe la perspectiva de género. De hecho, la Fundación Filia de Amparo al Menor, entidad que según ella “impulsó la puesta en marcha del coordinador parental” (además lo tienen como marca registrada), y señalada como organización de ideología sap por diferentes fuentes consultadas, tiene la formación de referencia de la coordinación parental en tres universidades españolas: Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Católica de Murcia y Universidad Europea Miguel de Cervantes. Además también ha impulsado la primera Asociación Española de Coordinadores Parentales y presentan esta actividad como un nicho de mercado que esta en crecimiento.

Violencia vicaria

La violencia vicaria es un tipo de violencia contra la mujer que utiliza los hijos e hijas después del divorcio para continuar haciendo daño a la madre. Según datos facilitados por Sonia Vaccaro, en España, en datos de 2017, se cometió casi un asesinato por mes de una criatura a manos de su progenitor y es una violencia que va en aumento, según indicadores en otros países. Estos casos son los más visibles, la punta del iceberg, pero este tipo de violencia abarca un amplio aspecto de agresiones reiteradas que son de difícil denuncia porque cuesta mucho demostrar que su objetivo final es hacer daño a la madre. “Como en pleno invierno llevar a los niños a la casa de la madre descalzos o desabrigados, en pleno verano no poner protector solar y además con pieles atópicas, darle chuches a niños que tienen diagnostico de diabetes, no darle la medicación que la madre facilitó porque el niño está cursando una enfermedad… y todo ello el agresor se lo hace saber a la madre”, explica Sonia Vaccaro. De hecho, siempre hay la amenaza explícita a la madre sobre la utilización de los niños para hacerle daño.

Como muestran las estadísticas, a pesar de que el progenitor haya abusado o maltratado, es muy difícil que se le retire la custodia y más aún que se le prive de la patria potestad. Y no estamos hablando de supuestos en que ha habido una reparación del daño y el agresor ha participado en terapias para hombre agresores, asumiendo sus errores y su construcción patriarcal de masculinidad. Estamos ante casos donde el agresor puede continuar haciendo daño a la mujer por medio de sus criaturas. Lo vemos en los casos de Itziar Prats y Laura Hernández, cuyas hijas e hijo fueron asesinadas por sus padres en régimen de visitas, a pesar de haber advertencias y denuncias por parte de las madres. «Quien facilita que el maltratador tenga acceso a sus hijos, primero es la justicia y todas las instituciones incluido los puntos de encuentro, los servicios sociales, los equipos psicosociales que le dicen a la madre que tiene que forzar a que las criaturas vayan con el padre”, explica Sonia Vaccaro y añade que “solo con incluir dentro de la orden de alejamiento y protección también a los hijos, se podría prevenir gran parte de la violencia vicaria”.

La relatora especial de la ONU para la violencia contra las mujeres ha expresado su “profunda preocupación por la integridad física y mental” de Irene Costumero y de su hija en un duro informe. Esta mujer lucha para que no la pase como Ángela González, cuya hija su asesinada por su padre, a quien había puesto más de una treintena de denuncias. El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y más recientemente el Tribunal Supremo han condenado al Estado español por no proteger a Ángela González y a su hija.

«Por el verdadero interés superior del menor»

El coordinador parental “nace para velar por el verdadero interés superior del menor en las rupturas familiares de alta conflictividad”, según dice la organización Filia. Pero en la práctica no sucede exactamente así. Si tenemos en cuenta los datos del informe anteriormente descrito: en un 57 por ciento de las sentencias, el objetivo de la aplicación de coordinación de parentalidad es garantizar la relación paterno filial, a pesar de estar forzando a las criaturas a esa relación y haber casos de denuncias de violencia de género. “Consideran que un maltratador es un buen padre porque analizan la relación padre con los hijos e hijas desde la perspectiva de los derechos del padre y no del interés de los y las menores, aunque se llenen sentencias invocando el interés superior del menor, convirtiéndolo en un concepto jurídico indeterminado que nada quiere decir”, responde Altamira Gonzalo Valgañón, vicepresidenta de la asociación de Mujeres Juristas Themis.

En este sentido, se debe tener en cuenta que el haber presenciado situaciones de violencia machista tiene afectaciones sobre la salud de las criaturas puesto que ellas también son víctimas de esa violencia. Al respecto resaltan los resultados del informe sobre ‘Menores y Violencia de Género’, de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, donde se apunta del riesgo que supone la obligación de tener relaciones con el padre maltratador: «Resulta sorprendente que ante el maltrato vivido y la claridad con la que expresan en este estudio el reconocimiento de su necesidad de ser protegidos del maltratador, muchos y muchas de estos menores sigan expuestos al daño que puede producirles”. Además, Yolanda Bernárdez añade: “Cuando un niño o una niña ha vivido en un contexto de violencia, si le arrebatas a su madre, que probablemente sea su único vínculo sostenedor afectivo, estas retraumatizando a esa criatura”. Y aquí volvemos con el tema ampliamente exigido sobre la necesidad de escuchar, creer y respetar a las criaturas y sus emociones. Derechos que se recogerán en artículo 10 de la futura ley de protección a la infancia, junto la prohibición del uso del constructo sap y su ideología, para proteger el verdadero bien superior del menor.

La famosa Ley Rhodes ya se mejoró cualitativamente en el proceso de enmiendas, pero aún faltan algunos desarrollos importantes para poder ser una herramienta eficaz para proteger a la infancia. En concreto, colectivos como la Federación de Asociaciones del Consejo Nacional De Mujeres Resilientes De La Violencia De Genero piden que se haga un buen desarrollo del aspecto sancionador de la ideología sap, se aplique un sistema de recaudación de datos estadísticos más detallado y especializado en las diferentes violencias de género y se establezca, de manera urgente, un mecanismo de reparación del daño para los casos actuales de criaturas arrancadas bajo procesos teñidos con la ideología sap. Esta futura ley y se espera que antes de verano ya esté aprobada definitivamente.


Fuente: https://www.pikaramagazine.com/2021/05/colectivos-de-madres-afectadas-por-violencias-de-genero-se-plantan-ante-el-hostigamiento-institucional/

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