¿Cómo es posible que hayamos llegado hasta aquí? ¿Hasta dónde puede llegar el proceso que sufrimos de recortes en los derechos humanos? Sin embargo, la lectura de la Constitución Española nos da la imagen de un país de otro universo. Si la leyéramos sin conocer la realidad, nos haríamos una imagen completamente diferente a la […]
¿Cómo es posible que hayamos llegado hasta aquí? ¿Hasta dónde puede llegar el proceso que sufrimos de recortes en los derechos humanos?
Sin embargo, la lectura de la Constitución Española nos da la imagen de un país de otro universo. Si la leyéramos sin conocer la realidad, nos haríamos una imagen completamente diferente a la España en que vivimos. ¿Es necesario recordar nuevamente que recoge, entre otros, el derecho al trabajo, a la remuneración suficiente, así como la obligación que tenemos de lograr el pleno empleo? No es un marco de derechos exclusivamente español, ya que el Pacto de Naciones Unidas de Derecho Económicos recoge también el derecho a trabajar y le añade el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia.
Frente a estas obligaciones, que deben ser los objetivos a lograr en la actuación de todas las administraciones públicas, nos encontramos que se ha realizado, sin ningún referéndum, una transformación radical de nuestro modelo legal. El comienzo fue realizar recortes y, después, reformar la Constitución, para incluir que todas las administraciones públicas deben seguir el principio de estabilidad presupuestaria. Existe la posibilidad de déficit para estado y comunidades autónomas, no así para entidades locales, pero sólo en el caso de recesión económica o catástrofe. Es increíble que se haya aprobado un principio que no considera si existen situaciones de necesidad y desamparo, como si todo el estado no fuese más que una empresa.
A estos principios se han ido añadiendo leyes, entre las que destaca la ley orgánica de estabilidad presupuestaria. Ésta amenaza con la intervención en toda comunidad autónoma o ayuntamiento que no ajuste gastos e ingresos. Sucesivas normas han ido recortando derechos, destacando el final del derecho universal a la prestación sanitaria, que nuevamente se hace depender de que estemos asegurados o no, y no de nuestra condición de personas. Ahora resulta que existe un objetivo inamovible: la santidad del pago de la deuda pública, prioritaria frente a toda situación de necesidad humana.
En conjunto, vivimos en un país al que no le importa el cumplimiento de los derechos económicos y sociales más elementales de los que vivimos en él. Ninguna ley prohíbe a las administraciones públicas consentir las situaciones de pobreza, paro y exclusión social. Aceptamos que millones de personas no tengan acceso al mínimo de ingresos necesario para llevar una vida digna, ya que antes hay que pagar la deuda y lograr un presupuesto equilibrado. Al igual que aceptamos los terremotos, convivimos con el paro masivo como si fuese un producto de la naturaleza, y no de la sociedad que entre todos configuramos. Es increíblemente inhumano recortar los derechos a la sanidad, la educación, la atención a la dependencia, para atender al derecho de cobro de la deuda.
Por todo ello, la idea de los sindicatos de realizar un referéndum en el que todos podamos votar si estamos de acuerdo con el nuevo modelo de Estado implantado, me parece brillante y hay que apoyarla. Si la movilización popular es suficientemente potente y se realiza una huelga general que logre un apoyo masivo, nos encontraremos en otra situación. ¿Podrá el gobierno rechazar un referéndum que sea apoyado por la inmensa mayoría?. Hemos llegado tan bajo en el respeto a los derechos humanos en España, que no cabe otra opción.
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