Mientras que en parte de la ciudadanía crece la opinión de que la justa compensación a las víctimas del amianto está resolviéndose tras la puesta en marcha del Fondo de Compensación o de sentencias judiciales, lamentablemente la realidad es más cruda, especialmente por la actitud obstruccionista de la dirección del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
Desde que se aprobó el Fondo de Compensación, solo se han entregado 3 295 122,16 euros, después de resolver favorablemente 52 expedientes de personas enfermas. Entre ellos, 24 ciudadanos de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) han recibido una pequeña compensación. Ahora bien, aun disponiendo de recursos económicos en dicho Fondo, el Ministerio y la Dirección del INSS se niegan a compensar a las personas fallecidas mientras no se aprueben los Presupuestos del Estado. Es conocido, que la gran mayoría de las víctimas del amianto, bien por la gravedad de la enfermedad, el tardío diagnóstico médico o el colapso del INSS, fallecen antes que se les reconozca la enfermedad profesional. Además, son numerosas las personas que, aun habiendo logrado el reconocimiento, no han podido reclamar, la indemnización por daños a las empresas infractoras, porque han desaparecido o porque no encuentran testigos que acrediten la exposición. También rechazan, por ejemplo, la compensación a una extrabajadora de Montero de Barakaldo, aun estando afectada de una Asbestosis e Incapacidad Permanente Total por enfermedad profesional, al no ser dependiente de la máquina de oxígeno.
La actitud obstaculizadora del INSS va más allá de negar la compensación a las viudas del amianto. Estoy acostumbrado a promover reclamaciones tras observar que la resolución por Muerte y Supervivencia o indemnización de Tanto Alzado de 6 mensualidades de la Base Reguladora, en ocasiones, se aplica en función de una base reguladora inferior a la legalmente reconocida, viéndose las viudas obligadas a recurrir judicialmente esos miles de euros que les corresponden legalmente.
El caso de Josefa (nombre ficticio) resulta escandaloso por la crueldad del castigo, a la que ha sido sometida, al atreverse a reclamar al INSS las prestaciones derivadas de enfermedad profesional. En julio de 2024, cuando Josefa se puso en contacto conmigo, trasmitiéndome sus sospechas sobre el origen del carcinoma pulmonar que causó el fallecimiento de Josemiel, tras trabajar durante décadas como mecánico de motores diésel de barcos y de cogeneración. Los médicos de Osakidetza incumplieron, una vez más, el Real Decreto 1299/2006 que les obliga a “Comunicar sospecha”, favoreciendo, por tanto, la ocultación del origen profesional de la enfermedad y haciendo que Osakidetza corriese con los gastos hospitalarios y sanitarios, que correspondían a la Mutua. Tras solicitar al Servicio vasco de Salud, Osalan, una investigación, está concluyo qué era muy posible que hubiese estado expuesto al amianto, incluyendo a Josemiel en el Fichero de trabajadores expuestos al amianto de la CAPV. Lo que motivó, que Josefa solicitara la revisión de su pensión de viudedad. Tras esperar 13 meses, el INSS de Gipuzkoa ha emitido una resolución en la que ha reconocido que el Adenocarcinoma pulmonar que causó la muerte de Josemiel era derivado de enfermedad profesional, es decir, que su muerte estuvo producida por el Amianto y la inhalación Humos diésel durante los años de trabajo en la reparación de motores de los barcos.
Dicho reconocimiento, ha sido aprovechado por el INSS para escarmentar a la viuda reclamante. Apoyándose en la circunstancia de que los Talleres que emplearon a Josemiel ya no existían, a Josefa se le aplica la Base Reguladora del Convenio Provincial del Metal y por tanto, una pensión de viudedad inferior a la que ya cobrada, aplicándole, una retroactividad desde el 2024. En conclusión, la compensación prevista a la viuda del amianto se convierte en una pensión sustancialmente inferior a la que cobraba y le requieren la devolución de 11 384,42 euros de la pensión cobrada. Además, le niegan la posibilidad, de optar por la pensión más beneficiosa (en aplicación del criterio, que recoge el artículo 122 del TRLGSS), por ser ella, quien solicito la revisión de viudedad. Si el reconocimiento de la muerte por enfermedad profesional, hubiera sido resultado de un trámite, tras la Comunicación de Sospecha de los médicos, Josefa tendría derecho a optar, por la pensión más beneficiosa, pero debido a que fue ella quien solicitó la revisión, se la castiga, negándosele la posibilidad de optar por una u otra. Para colmo, continúa sin noticias del abono, de más de 14 000 euros por Muerte y Supervivencia y sin esperanzas de que pueda ser compensada por el Fondo de Compensación, como viuda del amianto.
Durante la vida activa de Josemiel, las empresas en las que estuvo empleado o le subcontrataban, incumplieron las medidas de seguridad que exigía la legislación frente a las sustancias cancerígenas. Una vez enfermo, los médicos del Hospital Donostia incumplieron su obligación de Comunicar sospecha, sobre el origen del carcinoma pulmonar. El incumplimiento de unos y otros, conlleva perjuicios evidentes para las de siempre, es decir, las personas más débiles. Curiosamente, el INSS tampoco incrementa automáticamente del 52 % al 60 % la pensión de viudedad cuando esta cumple los 65 años. Si no se les reclama, no otorgan las prestaciones que correspondientes.
Está resolución del INSS, por su crueldad, es absolutamente contraria a las directrices europeas que recomiendan compensar a las víctimas del amianto. Por ello, trataremos por todos los medios, revocar o anular una resolución tan injuta y, además, trataremos de buscar acuerdos con otros grupos sociales, redoblando esfuerzos para que ninguna viuda a causa del amianto quede, sin una justa compensación por el daño causado.
Jesús Uzkudun Illarramendi, activista social por la Salud Laboral y miembro de Asviamie
Fuente: https://vientosur.info/compensacion-o-castigo-a-las-viudas-del-amianto/