Además representaría un esfuerzo por disminuir la mortalidad materna provocada por el aborto inseguro y los casos de maltrato infantil de niños no deseados, señala Rosario Varela Zúñiga.
Para la investigadora social Rosario Varela Zúñiga, integrante de la Red de Mujeres de La Laguna, el que las mujeres de Coahuila pudieran llegar a decidir y acceder a la interrupción legal del embarazo, como alternativa, sería un acto de justicia social.
Además el reconocimiento de derechos fundamentales de la mujer, como el derecho a la salud y a la autodeterminación sobre su cuerpo. Ya que representaría un esfuerzo por disminuir la mortalidad materna provocada por el aborto inseguro y de este modo contrarresta la injusticia social que ha implicado esta práctica.Explicó que la penalización del aborto obliga a recurrir a prácticas clandestinas inseguras, que provocan infertilidad y muerte, siendo las mujeres con bajos recursos económicos las que son mayormente afectadas, pues no tienen acceso a métodos seguros que se ofrecen de manera ilegal.
«Un alto número de mujeres está muriendo, porque ellas son las que se provocan el aborto, o acuden con personas que no están autorizadas, que no siguen el procedimiento adecuado, o van después de las 12 semanas, que es cuando se torna más riesgosa la práctica, lo que se traduce en una tasa de mortalidad alta en el caso de México, tan es así que en los objetivos del Milenio se señaló como una de las metas el reducir la mortalidad materna, de manera particular la causada por aborto», argumentó.
Además afirmó que se han evidenciado las consecuencias psicológicas y sociales negativas que tienen los embarazos no deseados, tanto en las madres como en los hijos producto de esos embarazos, entre ellos, las tasas de maltrato infantil.
Agregó que a pesar de que la violación es una causal que excluye de la penalización del aborto, no hay claridad y guía en los procedimientos para que se le permita a la víctima acceder a la interrupción legal del embarazo durante el tiempo que le es permitido.
Comentó que aunque se filtró que en el Distrito Federal, donde es legal la interrupción del embarazo, han acudido 27 mujeres coahuilenses para realizarse un aborto, en la entidad no se tienen cifras reales sobre la cantidad que se han realizado y las muertes maternas asociadas.
«Son cifras negras que no se conocen», señaló, lo que ocurre en todos los Estados en los que está criminalizada la práctica.
Por lo que destacó que la iniciativa para despenalizar el aborto, de la que está hablando el gobernador del Estado, debe integrar un diagnóstico que justifique la reforma con cifras de abortos, e índices de mortalidad materna asociados.
Ya que agregó que las cifras que se han dado a conocer corresponden a los abortos que han ocurrido por las causas que sí permite la legislación actual, como cuestiones médicas, donde el feto presente malformaciones congénitas, o donde esté en riesgo la salud de la madre.
Aunque comentó que el sólo derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo ya sería un argumento suficiente para despenalizar, sin embargo, recalcó que se requiere integrar un diagnóstico, ya que toda legislación debe atender una problemática social.
«Del aborto a nivel local sabemos lo que el marco legal nos permite saber, ya que penaliza cuando la práctica es inducida por las mujeres y no solamente a ellas, sino a los médicos que intervienen, o que incluso la atiendan una vez que se practicó el aborto, incluso terceras personas que hayan ayudado y en este marco tan restrictivo las cifras reales se esconden», dijo.
La despenalización del aborto en la entidad reforzaría el carácter laico del Estado, que sería, al igual que el Distrito Federal, un referente de respeto a la diversidad ideológica.