La huelga de hambre del preso político vasco Iñaki de Juana ha saltado a los medios de comunicación durante estas últimas semanas. De Juana, tras 63 días en huelga de hambre en demanda de justicia, y en atención a las peticiones recibidas y a la movilización de la sociedad vasca, dio por terminada una huelga […]
La huelga de hambre del preso político vasco Iñaki de Juana ha saltado a los medios de comunicación durante estas últimas semanas. De Juana, tras 63 días en huelga de hambre en demanda de justicia, y en atención a las peticiones recibidas y a la movilización de la sociedad vasca, dio por terminada una huelga que comenzó debido a la pretensión de la fiscalía española de que se le aplicara una condena de 96 años de cárcel por dos artículos de opinión publicados en el diario Gara. Esta pretensión responde a la directriz expresada por el propio ministro español de justicia de «construir nuevas imputaciones» para impedir que presos vascos con la condena cumplida sean excarcelados.
Así, por una parte, no debemos bajar la guardia acerca de la situación de Iñaki de Juana. El día 27 de octubre se celebrará el juicio en la Audiencia Nacional española, una jurisdicción extraordinaria, heredera directa del franquista Tribunal de Orden Público, que conoce los delitos políticos de los militantes vascos.
Por otra parte, no debe olvidarse que la situación de Iñaki de Juana es un exponente de la más reciente vuelta de tuerca represiva del estado español, cuya plasmación seudo-legal se encuentra en la sentencia 197/2006 del Tribunal Supremo español, mediante la cual se cancela de un plumazo y de manera retroactiva la redención de penas a que los presos tienen derecho según la propia ley española. En la práctica, esto significa que 19 presos que debían haber sido excarcelados este año tras 12, 14 o 18 años en prisión, o que debían ser excarcelados en fechas próximas han visto sus condenas alargadas hasta que hayan cumplido treinta años en la cárcel.
A esta cadena perpetua de facto se le suma la cadena perpetua de iure aplicada en el estado francés a 4 presos vascos, cuya última manifestación ha sido la denegación, por segunda vez, de la libertad condicional a Filipe Bidart; preso político vasco que lleva ya 18 años en las inmundas cárceles francesas y cuya solicitud de libertad ha sido denegada por criterios estrictamente políticos.
Así las cosas, el pasado día 7 de octubre, miles de personas se manifestaron en Donostia convocados por la mayoría de la sociedad civil organizada de Euskal Herria, agrupada en el Foro de Ibaeta. Más allá de la expresión de solidaridad abstracta, la convocatoria del Foro de Ibaeta se concretaba en tres reivindicaciones explícitas: la excarcelación de los 6 presos y presas vascas que padecen enfermedades graves e incurables, la liberación de los más de 135 presos que han cumplido la parte de la pena que les da derecho a la libertad condicional, y la repatriación del Colectivo de Presos Y Presas Políticas vascas a Euskal Herria en plena posesión de los derechos que les corresponden.
Es precisamente esta última reivindicación la que abre una vía de actuación que permitiría el cambio desde una política penitenciaria en clave de guerra a una política en clave de resolución, de respeto a los derechos.
No nos engañemos. La existencia de presos y presas políticas vascas no es un problema de orden público, de terrorismo. El hecho de que hoy en día haya más de 600 hombres y mujeres vascas dispersadas y aisladas en más de 80 cárceles de los estados español y francés es una consecuencia de la existencia de un conflicto político no resuelto en Euskal Herria. Estos hombres y mujeres son militantes comprometidos con la liberación nacional y social de Euskal Herria. Estas personas han sido encarceladas dado que los estados, hasta la fecha, han elegido la vía de la represión y la violencia como respuesta a un conflicto basado en la negación de la existencia del Pueblo Vasco, y en la negación de todos los derechos derivados de esta condición, empezando por el fundamental derecho de autodeterminación. Como dice Argi Perurena, una de las representantes oficiales del Colectivo en entrevista publicada el 15 de octubre «los presos existen porque Euskal Herria tiene vulnerados sus derechos. Mientras no se aborde el verdadero problema seguiremos presos y desde las cárceles seguiremos poniendo todo nuestro capital político en favor de la búsqueda de una solución democrática».
Por lo tanto, los presos y presas políticas vascas, organizadas en Colectivo (EPPK, por sus siglas en Euskara) conforman un agente político en este conflicto. En consecuencia, el Colectivo es sujeto no sólo de los derechos básicos que, en teoría, no se pierden con una condena de prisión, sino que además, es sujeto de derechos políticos, del derecho de participar junto al resto de los agentes políticos y sociales vascos en el debate, en el proceso político en curso.
El respeto a todos los derechos del Colectivo, a su derecho de participación política, es sinónimo del reconocimiento de su Estatus de Presos Políticos. Tal reconocimiento se torna especialmente importante en este tiempo en que se abre una oportunidad para superar las raíces del conflicto político en Euskal Herria. La presente oportunidad puede permitir tratar el verdadero problema, que no es una simple cuestión técnica de resolución de las consecuencias; «el problema de este pueblo» según Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, otro de los portavoces del Colectivo en la citada entrevista, «viene de la opresión nacional que sufre y la solución del conflicto vendrá de interiorizar la autodeterminación, la territorialidad y la amnistía. Desde nuestra condición de agentes políticos, nuestra aportación vendrá del intercambio con otros agentes políticos y de hacer proceso junto a ellos, esa es la aportación que podemos hacer».
Es importante comprender que la participación del Colectivo en el proceso es simultáneamente, una reivindicación legítima de un grupo humano inextricablemente involucrado en el conflicto y una garantía de que el proceso se constituye sobre bases sólidas. A su vez, el propio colectivo no deja de recordarnos que el objetivo del proceso, si se ha de lograr una paz duradera, es la superación del anteriormente citado nudo gordiano, causa profunda del conflicto: la negación por la fuerza de la capacidad de decidir del pueblo vasco. «El pueblo tiene claro que quiere ser dueño de su destino y que para ello deben serle respetados sus derechos básicos: la autodeterminación y la territorialidad» (A. Perurena).
Sin embargo, no es realista pensar que estos pilares básicos de la resolución del conflicto puedan tratarse de manera justa entre los agentes políticos de Euskal Herria si persiste la voluntad represiva de los estados.
Si una de las partes está sujeta al chantaje permanente, sea mediante la presión sobre las y los presos políticos, mediante la ocupación policial o mediante la constante aplicación de una legalidad de excepción que vulnera los más elementales derechos políticos de la ciudadanía vasca, no es posible encontrar una solución justa y duradera.
Esto no es una cuestión baladí, la historia (por ejemplo la historia reciente, de la llamada Transición española) nos demuestra que las condiciones en las que se desarrolle cualquier proceso de resolución afectan a las posibilidades de éxito de éste. El debate y la negociación política no pueden dar resultados justos si no se desarrollan en condiciones injustas. Por ello, reclamamos condiciones democráticas para Euskal Herria; para que, en efecto, pueda decidir su futuro sin ingerencias y en libertad.
* Joseba Agudo Manzisidor. Abogado y miembro de Askatasuna