Una investigación en ocho pueblos fumigados de Santa Fe, que involucró a 27.000 personas, confirmó la relación entre agrotóxicos y cáncer. Los jóvenes de estas localidades tienen 2,5 veces más probabilidades de morir de cáncer que quienes viven lejos de zonas con uso de pesticidas. El agronegocio, los gobiernos que fomentan el modelo y los impactos en la salud.
Investigadores del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario (Inssa-UNR) publicaron un trabajo científico que demuestra que la incidencia del cáncer en la población expuesta a los agrotóxicos es significativamente mayor en comparación a la población general. Para esto se analizaron ocho pueblos del área de producción agroindustrial de Santa Fe y confirmaron que el porcentaje de muertes por cáncer supera ampliamente a la media nacional. En el caso de la población joven, la mortalidad es 2,5 veces mayor que en el resto del país.
La investigación se hizo a través de encuestas a familias de ocho pueblos: Acebal, Arteaga, Chabás, Luis Palacios, San Genaro, Sastre, Timbúes y Villa Eloísa, ubicados en el centro-sur de la provincia de Santa Fe. Allí los domicilios se ubican a una distancia de entre cero y 400 metros de los campos donde se realizan las aspersiones. Se encuestaron a 27.644 personas, lo que representa el 68 por ciento de la población total de esas comunidades. El análisis de las respuestas confirmó la hipótesis: vivir en pequeños pueblos rurales cercanos a las aplicaciones de pesticidas tiene un impacto negativo en la salud, concretamente en los resultados de cáncer.
El trabajo, titulado “Incidencia de cáncer y tasas de mortalidad en localidades rurales argentinas rodeadas de tierras agrícolas tratadas con plaguicidas”, fue realizado por los investigadores Damián Verzeñassi, Alejandro Vallini, Facundo Fernández, Lisandro Ferrazini, Marianela Lasagna, Anahí Sosa y Guillermo Hough y publicado en la revista Clinical Epidemiology and Global Health (Epidemiología Clínica y Salud Global).
Las localidades estudiadas fueron seleccionadas debido a su intensa actividad agrícola, ya que hasta el 80 por ciento de la superficie que las rodea son destinadas a la producción de cultivos asociados a pesticidas (maíz, soja, trigo), según datos del Ministerio de Agricultura considerados para la investigación. El objetivo del relevamiento fue estimar las tasas de incidencia y mortalidad por cáncer en pequeñas localidades rurales argentinas afectadas por los agrotóxicos y comparar estas estimaciones con índices de la población general argentina.
Los datos estadísticos fueron obtenidos mediante «campamentos sanitarios», experiencia en territorio de la materia Práctica Final del último año de la carrera de medicina (impulsada por el Instituto de Salud Socioambiental). Realizados entre 2010 y 2019, cientos de estudiantes y docentes de la UNR se instalaban en una localidad y realizaban mediante detalladas encuestas un relevamiento socio-sanitario. Lograron hacen 40 estudios y obtuvieron pruebas del impacto del modelo de agronegocio en la salud de la población. La nueva gestión de la Facultad de Ciencias Médicas eliminó los campamentos sanitarios de la currícula universitaria.
Cáncer y agroquímicos: los resultados del estudio
Para la investigación se consideraron tres índices a comparar entre los ocho pueblos seleccionados y las cifras generales de Argentina en relación al cáncer: la tasa de incidencia (cantidad de casos), muertes por esta enfermedad cada 100 mil habitantes para el grupo de edad joven (entre 15 y 44 años) y porcentaje de muertes por cáncer en relación a otras causas de fallecimiento para el segmento joven y los grupos de edad avanzada (más de 45 años). Los tres mostraron valores significativamente más altos para los pueblos expuestos a pesticidas. Por esto, los autores del trabajo resaltan la necesidad de políticas públicas concretas al respecto.
El número de casos detectados entre las mujeres de esos pueblos fue de 63 (con una incidencia cada 100 mil habitantes de 347, mientras que en Argentina la incidencia es de 209 casos cada 100 mil habitantes). En varones los diagnósticos fueron 43 (la incidencia cada 100 mil habitantes fue de 237, por encima de la incidencia nacional de 223). En total se contabilizaron 106 casos en las ocho localidades, con una incidencia de 291 sobre cien mil habitantes frente a una incidencia nacional de 212 casos cada 100 mil habitantes.
Con excepción del cáncer de próstata (40/60), en los demás tipos de cáncer se encontró una prevalencia mayor en los pueblos encuestados en comparación con los indicadores nacionales: mama (140/100), colon (50/40), pulmón (40/30), útero (50/20), laringe (20/5), riñón (20/15), hígado (15/7), melanoma (15/5), cerebro (15/10) y tiroides (15/10).
La publicación informa también que, en el último año del estudio (2021), la población femenina tuvo un 66 por ciento más de riesgo de contraer algún tipo de cáncer en comparación con la población femenina general del país.
Los investigadores explicaron que, como las encuestas no se realizaron de forma simultánea, para el análisis de los datos relativos a los decesos se estableció un período de nueve años, entre 2005 y 2013.
Respecto a la cantidad de muertes cada 100 mil habitantes, en las localidades analizadas el porcentaje de fallecimientos por cáncer fue del 30 por ciento, mientras que a nivel nacional la cifra es mucho menor: 19,8 por ciento. Asimismo, la probabilidad de morir de cáncer por cada 100 mil mujeres jóvenes (15 a 44 años) es 2,48 mayor que la media en todo el país; la cifra asciende a 2,77 en el caso de los varones jóvenes.
La razón de probabilidad más alta de muerte para los hombres jóvenes en comparación con las mujeres jóvenes (2,77 frente a 2,48) se debe —explica el estudio— a que los tipos de cáncer que producen más muertes de mujeres a nivel nacional son los de mama, útero y ovario. En las localidades encuestadas estas patologías representan el 22 por ciento del total de cáncer en mujeres. Sin embargo, en los pueblos encuestados el cáncer de colon representó el 30 por ciento de los casos hallados en varones, frente al ocho por ciento registrado en Argentina.
El tercer eje para comparación fueron las muertes por cáncer en relación a los decesos por otras causas. Se tuvieron en cuenta los datos de defunciones del Estado Nacional. Entre 2005 y 2013 los fallecimientos por cáncer y por razones coronarias representaron el 29,2 por ciento y el 28,7 por ciento, respectivamente. Si se toma en cuenta todo el país, las muertes por cáncer en ese lapso de tiempo descienden al 18,7 por ciento y las coronarias aumentan al 30,3 por ciento.
En las localidades seleccionadas el número de muertes por cáncer en mujer jóvenes representó el 49 por ciento de los decesos, mientras que a nivel nacional es de 25,1 por ciento de las muertes totales. En cuanto a las mujeres mayores de 45 años, en los pueblos fumigados representa el 27,9 por ciento de las muertes totales. Mientras que la media nacional es de 18,6 por ciento.
Para varones de entre 15 y 45 años que fallecieron por cáncer la cifra llega al 20 por ciento de las muertes totales registradas en los pueblos fumigados. En el mismo lapso de tiempo, en Argentina el índice nacional fue de 9,1 por ciento. En referencia a los varones mayores de 45 años, la cifra en zonas fumigadas llega al 31,8 por ciento de las muertes registradas, frente al 20,8 por ciento a nivel nacional.
Para ambos sexos y grupos de edad, en los pueblos se halló una mayor probabilidad de morir por cáncer que por otras causas, en comparación con la probabilidad a nivel nacional.
Las secuelas del agronegocio en el cuerpo
Desde la introducción de la soja transgénica resistente al glifosato en 1996, la agricultura fue uniforme en la región investigada. Los territorios estudiados pertenecen al área núcleo del agronegocio en Santa Fe, que con el correr de los años se fue expandiendo hacia el norte de la provincia. Según datos de la Bolsa de Cereales de Rosario, en la región se sembraron (en la campaña 2020-2021, último año tomado para el relevamiento) 14,3 millones de hectáreas de soja, 6,1 millones de hectáreas de maíz y 6,1 millones de hectáreas de trigo.
En Argentina el uso de plaguicidas para estos cultivos se estimó en 7,1 kilos por hectárea para maíz; 5,4 kilos por hectárea para la soja y 2,8 kilos por hectárea para el trigo. Tomando en cuenta los datos de la campaña 2020-2021, se evidencia que en ese año se rociaron 138 millones de kilos sobre esta región.
Un estudio de Florencia Arancibia y Renata Campos Motta, de 2019, señala el incremento de casi diez veces en el uso de plaguicidas en Argentina durante las últimas dos décadas y su impacto en la contaminación de suelos, aguas y sedimentos, y en la salud de los trabajadores agrícolas y de las personas que viven cerca de los campos. Mientras tanto, compara, más de 50 ingredientes activos de plaguicidas comercializados en Argentina fueron prohibidos en la Unión Europea por razones de seguridad. Por su parte, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) estimó que en la Argentina se utilizan tres veces más pesticidas por hectárea cultivable que en Estados Unidos o España.
Diversas publicaciones científicas confirman que, a través de la deriva, los agrotóxicos llegan a las poblaciones urbanas de los pequeños pueblos rurales. Por ejemplo, en 2018 un estudio científico reveló la presencia de glifosato y atrazina en precipitaciones y suelos de la zona pampeana argentina. Otros trabajos comprobaron el aumento de cáncer y genotoxicidad en trabajadores rurales y comunidades que viven cerca de campos rociados en diferentes países y entornos o una mayor genotoxicidad en niños que viven cerca de campos fumigados. El reciente estudio del Instituto de Salud Socioambiental subraya que estas derivas se ven agravadas por las grandes cantidades de plaguicidas utilizados en la zona pampeana.
La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC, de la Organización Mundial de la Salud) presenta regularmente datos en línea sobre incidencia y muertes por cáncer. Para el año 2020 la tasa de incidencia de casos de cáncer para Argentina fue de 218, más alta que el valor de 212 de 2018 . Según la IARC, Argentina tuvo un mayor índice de casos de cáncer en relación a la media de América Latina y el Caribe. La vinculación entre cáncer y agroquímicos fue documentada en diversos trabajos que, por ejemplo, ofrecen evidencia sobre la relación entre la exposición al glifosato y al Linfoma No Hodgkin. En 2015 la IARC-OMS catalogó al glifosato como probablemente cancerígeno para los seres humanos y productor de daño genético.
Una regulación que falta hace tiempo
El Instituto de Salud Socioambiental está conformado por profesionales de la medicina, docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Se dedica a la investigación y promoción de la salud socioambiental y por ello, desde 2010 hasta 2019, llevó adelante los Campamentos Sanitarios que estudian en territorio las condiciones sociales y ambientales que hacen a la salud. Una de las premisas del Inssa es proponer políticas públicas a partir del trabajo científico.
Los pueblos encuestados para el estudio que recibieron a los campamentos sanitarios fueron: Acebal (marzo de 2014), Arteaga (noviembre de 2018), Chabás (diciembre de 2014), Luis Palacios (marzo de 2016), San Genaro (junio de 2015), Sastre (marzo de 2017), Timbúes (noviembre-diciembre de 2016) y Villa Eloísa (septiembre de 2018).
El informe reitera la importancia de formular políticas públicas para abordar este problema sanitario. Debido a la amplia gama de ingredientes activos y formulantes en los agrotóxicos utilizados es difícil establecer la causalidad a nivel molecular entre un pesticida determinado y una enfermedad específica. “Sin embargo, esto no anula el principio de precaución que debe conducir a políticas de reducción de pesticidas, especialmente en el entorno de pequeñas poblaciones urbanas”, se lee en la investigación. En ese sentido, Santa Fe presenta un vacío legal que dispersa la regulación de los agroquímicos en las decisiones tomadas por cada municipio. A nivel nacional, tampoco hay una regulación sobre las aspersiones.
En 2017, durante su campamento sanitario, Sastre —una de las localidades relevadas para la reciente investigación— registró una tasa de 384 casos cada 100 mil personas, muy por encima de la tasa estimada por el IARC, de 280 casos cada 100 mil personas. Un año después, Zoe Giraudo, una niña oriunda de Sastre que vivía junto a un campo fumigado, enfermó de cáncer. A pesar de que los médicos le recomendaron evitar la exposición a pesticidas, las fumigaciones cerca de su hogar continuaron. La comunidad reaccionó con una demanda colectiva contra el Municipio. Como resultado, en 2020 un juez estableció una zona de resguardo de 1000 metros alrededor de la localidad. Fue una sentencia histórica por ser la primera en la provincia que resguarda a una ciudad completa de los agrotóxicos.
Sin embargo, la Legislatura de Santa Fe demora la reforma de la Ley 11.273 que regula el uso de los químicos en el ámbito de la producción agropecuaria. Desde organizaciones como Paren de Fumigarnos reclaman desde hace años una modificación que unifique los criterios a nivel provincial teniendo como base el respeto a la salud y al ambiente. Hasta el momento, el proyecto se aprobó dos veces en la Cámara de Diputados pero fue cajoneado por el Senado provincial.