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Continúa el proceso electoral en Cuba

Fuentes: Prensa Latina

a participación de más de siete millones de cubanos, de un total de 11,2 millones que habitan en la isla, en las actuales elecciones generales, es muestra de que ese proceso es expresión fundamentalmente de la voluntad popular. Desde que se convocaron estos comicios el pasado 9 de julio por el Consejo de Estado, las […]

a participación de más de siete millones de cubanos, de un total de 11,2 millones que habitan en la isla, en las actuales elecciones generales, es muestra de que ese proceso es expresión fundamentalmente de la voluntad popular.

Desde que se convocaron estos comicios el pasado 9 de julio por el Consejo de Estado, las autoridades que encabezan la Comisión Electoral Nacional coincidieron en que este acontecimiento sería una nueva demostración de verdadera democracia.

El decreto oficial anunció que correspondía en esta ocasión elegir a los delegados a las Asambleas Municipales (concejales), el próximo 21 de octubre, y en una segunda vuelta el 28 del propio mes en las zonas donde los aspirantes no alcanzarán más de la mitad de los votos emitidos.

Para ello entre el 1 y el 26 de septiembre transcurrió la nominación de candidatos, un proceso que concluyó con la postulación de 37 mil 328 ciudadanos en asambleas populares donde los méritos personales y sociales fueron las cartas de presentación.

Al concluir esta etapa, María Esther Reus, presidenta de la Comisión Electoral Nacional (CEN), afirmó que se caracterizó por la masiva y entusiasta participación del pueblo, por la organización y la calidad de las 50 mil 760 reuniones realizadas.

Esto, consideró, permite hablar de un rotundo éxito, como manifestación de democracia y transparencia.

Algo sui géneris fue también la presencia entre los nominados de 10 mil 799 mujeres y siete mil 949 jóvenes hasta 35 años de edad, como reflejo de confianza en las capacidades de esos sectores poblacionales para desempeñarse en los órganos de poder estatal.

Una vez concluida la postulación en cada barrio son expuestas en lugares públicos las fotos y biografías de los propuestos, única forma de divulgación admitida por la Ley Electoral de la isla.

De igual forma el carácter público del padrón electoral en cada uno de los municipios, con suficiente antelación al día de las votaciones, no sólo facilita la subsanación de inexactitudes, sino también la transparencia de los sufragios.

Como establece la misma legislación, los elegidos integrarán las Asambleas Municipales (ayuntamientos), y muchos tienen la oportunidad de ocupar un puesto en las Asambleas Provinciales y en el Parlamento.

Para ellos no habrá otra responsabilidad que representar los intereses de sus electores y de la comunidad donde se desempeñarán como ente activo de los órganos del Poder Popular, sin remuneración u otro privilegio por encima de la mayoría.

En Cuba tienen derecho al voto secreto y directo todos los ciudadanos mayores de 16 años, sin distinción de raza y género con la única excepción de los incapacitados mentales e inhabilitados judicialmente por causa de delito, recluidos en centros penitenciarios o en prisión domiciliaria.

Para observadores foráneos también resulta peculiar el derecho que tienen los miembros de las instituciones armadas cubanas de elegir y ser elegidos, algo inédito en América Latina, con excepción de Venezuela en el 2004.

Por estos días transcurren, además, las reuniones de las organizaciones que componen la sociedad civil cubana para seleccionar sus precandidatos a las Asambleas Provinciales y al 50 por ciento de los diputados del Parlamento.

Así, el segundo momento de los comicios generales en Cuba, en fecha aún por definir, también recibe sus toques preparativos.

Una experiencia de hace 30 años inició la implantación en Cuba de los Órganos del Poder Popular, instituciones representativas, estatales, genuinamente democráticas que garantizan el ejercicio del gobierno.

Sólo la voluntad popular con total transparencia ejerce el derecho de emplear la inteligencia, la capacidad y los méritos para intervenir en la dirección del Estado por intermedio de sus representantes elegidos para integrar los órganos del Poder Popular.