Ante la propaganda ideológica del discurso que invariablemente se repite cada vez que sale a la luz pública un nuevo caso de corrupción partidista, que nos recuerda que «la gran mayoría de los miembros de la clase política es gente honrada», conviene parapetarse en ciertas obviedades que están al alcance de cualquiera. Para que exista […]
Ante la propaganda ideológica del discurso que invariablemente se repite cada vez que sale a la luz pública un nuevo caso de corrupción partidista, que nos recuerda que «la gran mayoría de los miembros de la clase política es gente honrada», conviene parapetarse en ciertas obviedades que están al alcance de cualquiera. Para que exista corrupción política se requiere la participación de dos o más personas. En proporción variable, dentro de ese reparto, habrá corruptores y corrompidos, todos corruptos. La corrupción no duraría de no desarrollarse en un ambiente propicio a la justificación, la disculpa, el encubrimiento o la pasiva aceptación de la acción u omisión de los corruptos. El corruptor no puede corromper si el destinatario de dicha corrupción se niega a prestarse a ello. Por lo tanto, la corrupción nunca es un fenómeno individual debido únicamente a la especial falta de escrúpulos de un particular en un entorno de gente intachable. En un contexto tal la corrupción no podría tener lugar. El manicomio del poder en el cual habita la clase política hace perder de vista estas obviedades. Y en ese manicomio sus miembros quieren meter, con la colaboración de los medios de comunicación, a la opinión pública. Pero la realidad es que cuando la corrupción germina en una fratría cerrada de intereses compartidos, como es un partido político, lo hace porque en la cerrada solidaridad entre los miembros del grupo, y en la enajenación provocada por la disciplina partidista y la lealtad al mando, han empezado a darse ya las condiciones propicias para el descontrol del poder que hace posible dicha corrupción. No hace falta que la conducta sea compartida y ni siquiera conocida por el resto de miembros del grupo; el que se corrompe lo hace porque sabe que tiene impunidad para hacerlo y porque, en último extremo, la lealtad de los demás a la causa aglutinadora de un partido político primará sobre la lealtad a una moral que, en otros ámbitos, impediría comportamientos de esas características. Bien es cierto que los partidos políticos no se hubieran nunca constituido de no existir unas pocas ideas o intereses que unieran a sus integrantes. Pero desde que los partidos políticos son «partidos de masas», desde que la política se ha profesionalizado, desde que ha aparecido la figura del «funcionario de partido» , desde que, superados los tiempos del parlamentarismo británico que formó los «partidos de notables», la tendencia natural por la cual «toda lucha entre partidos persigue no solo un fin objetivo sino también, y ante todo, el control de la distribución de los cargos» (Max Weber) ha tomado la delantera y se ha desarrollado de forma autónoma, por encima y al margen de su mayor o menor encaje con los fines ideológicos de la organización. Por eso dice también Max Weber que «los partidos sienten más una reducción de su participación en los cargos que una acción dirigida contra sus propios fines objetivos». No podía ser de otra manera desde el momento en que existe la política profesional, es decir, desde el momento en que hay gente cuya única actividad es la política y por lo tanto vive de la política. La lealtad a la causa ideológica proclamada termina por ser indistinguible, en el seno de un partido político, de la lealtad al fin primordial de adjudicar al propio partido la mayor porción en la distribución de cargos. Si a ello sumamos las delirantes dimensiones que han adquirido las campañas electorales y las enormes necesidades de financiación para mantener a pleno rendimiento la maquinaria, la conclusión inmediata es que la tendencia a la corrupción forma parte de la naturaleza de los partidos políticos. Un hecho que trasciende la mejor o peor voluntad de sus militantes, e incluso de los propios miembros de la clase política profesional.
A la luz de esta evidencia carece por completo de interés la absurda discusión acerca de si la mayor o la menor parte de los miembros del grupo son mejores o peores personas: la corrupción es un fenómeno que exige respuestas institucionales, y no prédicas morales ni frivolidades imposibles de verificar. El sistema institucional español favorece la proliferación de conductas como la de Luis Bárcenas y la costumbre de los partidos políticos de defender a los suyos como la patria levantada como un solo hombre contra el enemigo es un espectáculo no menos repugnante que la aclamación de la muchedumbre a Benito Mussolini en las concentraciones de Piazza Venezia. La diferencia entre el Estado de Partido Único y el Estado de Partidos nacido de la intervención norteamericana en Europa durante la guerra y la posguerra, en nada afecta al hecho de que todos los partidos asumen el mismo principio de funcionamiento que el de un régimen totalitario: aclamación del líder hacia el interior y unidad de acción hacia el exterior.
Las sutiles distinciones entre el partido y el gobierno, que algunos políticos, con más malicia que despiste, pretenden colar, es fraudulenta. En España, y en general en los regímenes parlamentarios de Europa -con la notable excepción de los británicos y con matices, de los franceses- los partidos políticos no son órganos mediadores entre la Sociedad Civil y el Estado, para llevar a este las demandas de aquella, sino instituciones propiamente estatales, financiadas con fondos públicos. Por ello, la corrupción de los partidos es corrupción institucional. Si, frente a los partidos polítucos, no se alza un sistema institucional capaz de frenar la tendencia natural del poder a la expansión y a la impunidad, la corrupción es inevitable. ¿Existe un sistema tal en España? La representación proporcional mediante listas retiene el poder en las cúpulas de los partidos y convierte a los diputados en delegados de su facción a sueldo del Estado. El régimen de inseparación entre los poderes legislativo y ejecutivo propio del parlamentarismo hace imposible que el primero «controle» al segundo. Por encima de la ficción jurídica del parlamentarismo, según la cual son los parlamentos los que ponen o deponen gobiernos, la realidad es que, bajo un sistema electoral proporcional de listas, se asiste a la ficción de que el candidato a la jefatura de gobierno ya ha nombrado a los diputados que, siguiendo un escrupuloso ritual, habrán de elevarlo a la cabeza del Poder Ejecutivo, cual si se tratase de una elección libre y no sujeta a «mandato imperativo» alguno. Mandato prohibido por una constitución contradictoria, que consagra al mismo tiempo la representación proporcional, que inevitablemente sujeta a los diputados a las órdenes de la cúpula del partido.
El grupo parlamentario mayoritario o las oscuras transacciones del consenso con los grupos minoritarios sostienen al gobierno y garantizan su impunidad. Poco importa que el escaño sea de titularidad del diputado y no del partido: los diputados saben bien a quien deben obediencia si aspiran a conservar un lugar en la lista. Adicionalmente, los partidos tienen derecho a utilizar los medios de comunicación públicos en proporción a su cuota de poder en la cámara. Su financiación pública, en un estrepitoso mecanismo de realimentación positiva, es proporcional al apoyo electoral con el que cuentan. Los consejos de administración de los entes públicos, las comisiones parlamentarias, la constitución del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y la ocupación de los cargos públicos, técnicos y burocráticos en el Estado y en las empresas públicas reproducen indefectiblemente la misma correlación de fuerzas surgida de un único acto electoral. Lo mismo sucede con el reparto de asientos en el Tribunal Constitucional, cuya mera existencia denota la falta de un poder judicial independiente facultado para aplicar directamente la Constitución, como las demás leyes: en Estados Unidos, desde un juez de primera instancia hasta la Corte Suprema, pueden hacerlo. Aquí solo puede hacerlo un tribunal designado expresamente para ello por los propios partidos políticos. Ningún poder se controla a si mismo, el poder indiviso no es controlable. Es hasta deshonesto hablar de democracia en estas circunstancias. La corrupción no se debe a la falta de escrúpulos de un puñado de dirigentes deshonestos o al uso desviado de instituciones rectas, sino al uso normal de instituciones que propician el descontrol del poder y que han entregado el Estado a los partidos políticos sin contrapeso alguno.
Fuente: http://www.laopinioncoruna.es/opinion/2013/02/07/corrupcion-estructural-accidental/690345.html