La Corte Penal Internacional (CPI), con competencia para juzgar crímenes de guerra, anunció una investigación preliminar sobre el bombardeo de Israel sobre el territorio palestino de Gaza. Este órgano jurisdiccional del sistema de las Naciones Unidas, con sede en la ciudad holandesa de La Haya, resolvió abrir una pesquisa preliminar luego de que la Autoridad […]
La Corte Penal Internacional (CPI), con competencia para juzgar crímenes de guerra, anunció una investigación preliminar sobre el bombardeo de Israel sobre el territorio palestino de Gaza.
Este órgano jurisdiccional del sistema de las Naciones Unidas, con sede en la ciudad holandesa de La Haya, resolvió abrir una pesquisa preliminar luego de que la Autoridad Nacional Palestina (ANP) reconoció su autoridad sobre los territorios de Cisjordania y Gaza.
Se prevé una dura discusión legal sobre la jurisdicción de la CPI sobre Gaza, tan compleja como la referida a la legalidad de la campaña israelí en ese territorio palestino a la luz del derecho internacional.
El debate se recalentó por declaraciones del primer ministro de Israel, Ehud Olmert, las cuales sugerían que la «desproporción» de la respuesta a las provocaciones del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás, por su acrónimo en árabe) desde Gaza constituía una política oficial de su gobierno.
El fiscal jefe de la CPI, Luis Moreno Ocampo, divulgó el martes la carta del ministro de Justicia palestino, Ali Khashan, en la cual reconocía la autoridad del órgano.
El tribunal en La Haya sólo puede realizar investigaciones en estados firmantes del Estatuto de Roma que lo instituyó. Israel no adhirió a ese tratado internacional, aprobado en 1998 en la capital italiana.
La intención evidente del comunicado oficial remitido por Khashan era dar a la CPI la facultad de lanzar una investigación en Gaza. Pero esa táctica abre espacio a complejos debates jurídicos, entre ellos si se puede considerar a la ANP un estado soberano.
Las autoridades palestinas consideran que, en el caso de la franja de Gaza, sí puede considerarse que se configura un estado, debido a la retirada de Israel de ese territorio en 2005.
De ser así, el desconocimiento de la CPI por parte de Israel no debería impedir una investigación por crímenes de guerra, pues el único factor pertinente es si las supuestas transgresiones ocurrieron en el territorio de un país firmante del Estatuto de Roma.
Moreno Ocampo indicó a través de un comunicado escrito que la investigación preliminar se concentrará, en parte, en determinar «cuidadosamente» si la CPI tiene autoridad en este caso.
La falta de consenso internacional sobre la naturaleza jurídica de la ANP implica que el éxito o fracaso de la gestión del Ministerio de Justicia palestino dependerá de las autoridades del tribunal en La Haya, dijo a IPS Sean Murphy, profesor de derecho de la estadounidense Universidad George Washington.
«Es posible que emita una declaración para este caso particular, de acuerdo con el Estatuto de Roma», explicó Murphy. «La cuestión es si se aceptaría (a la ANP) en los registros.»
El éxito de la gestión es «poco probable, pero cosas más extrañas han ocurrido», añadió.
Organizaciones humanitarias ya habían llamado a una investigación sobre crímenes de guerra supuestamente cometidos por Israel en las tres semanas de guerra en Gaza, incluidos el asesinato de civiles y el uso de fósforo blanco, un arma química prohibida, contra objetivos humanos.
Pero el debate sobre la legalidad de la guerra ha ido más allá del uso de tácticas o armas específicas por las fuerzas armadas israelíes. Ahora está en cuestión la campaña en sí misma.
Este debate se reavivó cuando Olmert prometió, ante el continuo asedio de cohetes disparados por Hamas desde Gaza al sur de Israel, una respuesta militar «desproporcionada».
«La posición del gobierno ha sido, desde el comienzo, que si había disparos contra residentes del sur habría una respuesta israelí de naturaleza ruda y desproporcionada», dijo el gobernante.
La declaración podría considerarse como una bravata de Olmert para disuadir a Hamás de lanzar más cohetes, pero fue leída como la admisión de que la guerra de Gaza fue «desproporcionada» y, por lo tanto, violatoria del derecho internacional.
Juristas consultados por IPS mostraron posiciones discordantes sobre las implicaciones de los dichos de Olmert en una investigación penal.
«Una declaración así podría utilizarse para demostrar sus conocimientos e intenciones, pero sería poco en comparación con la conducción del conflicto en sí mismo, cuyos resultados son claramente ilegales», dijo Mary Ellen O’Connel, de la Universidad de Notre Dame.
De todos modos, aclaró, Olmert marcó un giro radical en los debates sobre la proporcionalidad de la acción militar israelí.
El concepto de «proporcionalidad» se ha usado en estas discusiones en referencia a dos criterios: si el uso de la fuerza es adecuado en su magnitud a la amenaza a la que responde y si el daño a civiles de un ataque supera en gran medida el objetivo militar.
Las críticas a Israel se concentran en el segundo de esos criterios, basado sobre en el artículo 51 de la sección 5 del primer Protocolo Adicional de las Convenciones de Ginebra, sobre las que se basa el derecho internacional humanitario, especialidad jurídica que rige la protección de los prisioneros de guerra y de la población civil afectada por conflictos armados.
Israel no es firmante de los protocolos adicionales de las Convenciones de Ginebra, pero la Corte Suprema de Justicia reconoció el imperio de ese criterio de proporcionalidad. El propio gobierno aseguró a lo largo del conflicto que lo había respetado escrupulosamente.
Más de 1.300 palestinos murieron y más de 5.300 resultaron heridos en la guerra, según el Ministerio de Salud palestino. Unas 21.000 casas quedaron inhabitables, y más de 50.000 personas debieron radicarse en refugios temporales de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).